(La Política OnLine). Una Comisión investigadora del Concejo Deliberante de General Rodríguez, emitió un dictamen que le imputa 25 cargos al intendente Marcelo Coronel. "Se han cometido groserías importantes, Coronel podría llegar a ir preso. Hay causas muy graves” le aseguraron a LPO fuentes oficiales.
La flamante composición del Concejo Deliberante de General Rodríguez, ubica al intendente en un contexto que le es hostil y que lo deja cada vez más cerca de la destitución: una comisión investigadora-acusadora detalló en un dictamen unos 25 cargos divididos en 9 temas que comprometen su continuidad en el cargo y hasta podrían empujarlo a un proceso penal.
Marcelo Coronel asumió en 2008 su segundo mandato consecutivo al frente de la intendencia de General Rodríguez, pero recién en diciembre –por las elecciones de junio que abrieron paso al recambio legislativo- se pudo avanzar con una serie de investigaciones en contra del intendente kirchnerista.
“Coronel se mantuvo hasta ahora por una mayoría numérica: antes, ningún pedido de informe prosperaba gracias a la mayoría automática con la que contaba en el Parlamento local”, le aseguró a LPO el concejal radical Héctor Gómez. A partir de diciembre, se conformó –por 13 votos a favor y 3 en contra- una comisión investigadora-acusadora, que ya corrió traslado a Coronel sobre un dictamen que lo vincula con 25 cargos que podrían costarle la intendencia.
Entre los 25 cargos –comprendidos en 9 temas- figuran “irregularidades en adjudicaciones; firmas ad referéndum que jamás pasaron por el Concejo; decretos del departamento ejecutivo creando cargos sin ordenanza que los convalide; mala liquidación de sueldos efectuados por el intendente municipal, entre otros”, asegura Gómez.
El triple crimen
Según pudo averiguar este medio, ninguna de las acusaciones vincula a Coronel ni con enlaces del narcotráfico ni con irregularidades sobre el triple crimen de General Rodríguez. Las fuentes aseguran que todavía “no hay elementos que lo vinculen de forma directa”, aunque la intervención de Coronel en el caso levanta sospechas: desde la Municipalidad, limpiaron la escena del crimen, el lugar donde hallaron los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. En la Comuna, explicaron que esa obra estaba fijada dentro del Plan de Trabajo.
El hecho de que Manuel Poggi – ex-director de Desarrollo Industrial de la Municipalidad de General Rodríguez- y María Cristina Otero -otra funcionaria municipal- estén implicados en la causa de la efedrina, ponen de manifiesto hasta qué punto Coronel no estuvo al tanto de los movimientos que sucedían en su propio municipio.
Voces del oficialismo prefieren ser cautelosos y afirmar que “si bien no hay un cargo directo con respeto al triple crimen, eso no quiere decir que de las investigaciones sucesivas algo se desprenda”.
Bonificaciones injustificadas
Además de las investigaciones, está la denuncia que llegó al Consejo luego de haber sido radicada en la UFI de Luján: allí, alguien cuestionó el título de licenciado del intendente, y la Comisión, al solicitar el legajo de Coronel para comprobar su veracidad, se le respondió que “sospechosamente lo habían robado”, afirma Gómez.
Cabe aclarar que el intendente cobra un 20% más sobre su sueldo por el título de licenciado que, a fin de cuentas, se comprobó que no tenía. Además, cobraba otra bonificación del 10% correspondiente al personal técnico, cuando la máxima autoridad de General Rodríguez no reviste esa calidad.
Un funcionario oficialista allegado a la intendencia, le aseguró a LPO que “se han cometido groserías importantes, Coronel podría llegar a ir preso. Hay causas muy graves”, y agrega que “si bien Coronel fue kirchnerista, en la ultima elección se autoproclamó crítico al gobierno nacional y perdió la mayoría”.
Si bien puede verse la avanzada contra el intendente como un pase de factura del oficialismo por un supuesto alejamiento, allegados al kirchnerismo sostienen que “las investigaciones comenzaron hace más de un año, incluso por concejales del Frente para la Victoria”. El Concejal radical va aún más atrás, y asegura que “las irregularidades en la gestión del intendente comenzaron en el primer período, pero por la diferencia en el Concejo, no avanzaban los informes”.
En el municipio le afirmaron a LPO que “el intendente juega para donde más le conviene”, por lo que jamás terminaría de soltar la mano del oficialismo. Lo que es seguro es que el kirchnerismo le dio la espalda: la nueva composición del Concejo muestra que de los 16 miembros, 6 son del Frente Para la Victoria y sólo tres de ellos le son fieles al intendente.
Con un contexto político desfavorable, si Coronel logra permanecer en el cargo, le quedarán dos años más hasta concluir su mandato. Mientras tanto, Gómez asegura que una vez suspendido el intendente, se podrá avanzar sin restricciones: “Tendremos abierto el acceso a los datos, y encontraremos más cosas”.
El camino a la destitución
Con el dictamen de la Comisión investigadora-acusadora en puerta, el intendente Marcelo Coronel tiene diez días para ejercer su derecho a defensa y presentar prueba. Luego, en 15 días, la Comisión debe determinar si hubo o no una falta grave por parte de Coronel. En caso afirmativo, se lo podrá suspender de forma preventiva hasta 90 días, en los que avanzarán las investigaciones, ya sin el intendente en el cargo.
“La información que nos mandó Coronel es parcializada y apartada de los plazos dados por la Comisión Investigadora. Ello demuestra su falta de colaboración”, aseguró Gómez.
Para suspender al intendente, se requieren dos tercios de la totalidad del cuerpo, es decir que sería suficiente con la aceptación de 11 de lo 16 miembros. El mismo número es indispensable para su destitución en sesión especial, que debe llamarse antes de los 90 días previstos para la investigación.
Coronel finalizaría su mandato en diciembre de 2012. En caso de que fuera destituido antes de esa fecha –habiéndose comprobado los cargos que constan en el dictamen de la Comisión-, hay dos posibilidades: si se lo aparta del cargo antes de comenzar el año previo a concluir su mandato, se debe llamar a elecciones en los 150 días subsiguientes.
Si la destitución llega dentro de los últimos doce meses de su gestión, asumiría como reemplazante el primer concejal de su lista, en este caso, Juan Pablo Anghileri.
La flamante composición del Concejo Deliberante de General Rodríguez, ubica al intendente en un contexto que le es hostil y que lo deja cada vez más cerca de la destitución: una comisión investigadora-acusadora detalló en un dictamen unos 25 cargos divididos en 9 temas que comprometen su continuidad en el cargo y hasta podrían empujarlo a un proceso penal.
Marcelo Coronel asumió en 2008 su segundo mandato consecutivo al frente de la intendencia de General Rodríguez, pero recién en diciembre –por las elecciones de junio que abrieron paso al recambio legislativo- se pudo avanzar con una serie de investigaciones en contra del intendente kirchnerista.
“Coronel se mantuvo hasta ahora por una mayoría numérica: antes, ningún pedido de informe prosperaba gracias a la mayoría automática con la que contaba en el Parlamento local”, le aseguró a LPO el concejal radical Héctor Gómez. A partir de diciembre, se conformó –por 13 votos a favor y 3 en contra- una comisión investigadora-acusadora, que ya corrió traslado a Coronel sobre un dictamen que lo vincula con 25 cargos que podrían costarle la intendencia.
Entre los 25 cargos –comprendidos en 9 temas- figuran “irregularidades en adjudicaciones; firmas ad referéndum que jamás pasaron por el Concejo; decretos del departamento ejecutivo creando cargos sin ordenanza que los convalide; mala liquidación de sueldos efectuados por el intendente municipal, entre otros”, asegura Gómez.
El triple crimen
Según pudo averiguar este medio, ninguna de las acusaciones vincula a Coronel ni con enlaces del narcotráfico ni con irregularidades sobre el triple crimen de General Rodríguez. Las fuentes aseguran que todavía “no hay elementos que lo vinculen de forma directa”, aunque la intervención de Coronel en el caso levanta sospechas: desde la Municipalidad, limpiaron la escena del crimen, el lugar donde hallaron los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. En la Comuna, explicaron que esa obra estaba fijada dentro del Plan de Trabajo.
El hecho de que Manuel Poggi – ex-director de Desarrollo Industrial de la Municipalidad de General Rodríguez- y María Cristina Otero -otra funcionaria municipal- estén implicados en la causa de la efedrina, ponen de manifiesto hasta qué punto Coronel no estuvo al tanto de los movimientos que sucedían en su propio municipio.
Voces del oficialismo prefieren ser cautelosos y afirmar que “si bien no hay un cargo directo con respeto al triple crimen, eso no quiere decir que de las investigaciones sucesivas algo se desprenda”.
Bonificaciones injustificadas
Además de las investigaciones, está la denuncia que llegó al Consejo luego de haber sido radicada en la UFI de Luján: allí, alguien cuestionó el título de licenciado del intendente, y la Comisión, al solicitar el legajo de Coronel para comprobar su veracidad, se le respondió que “sospechosamente lo habían robado”, afirma Gómez.
Cabe aclarar que el intendente cobra un 20% más sobre su sueldo por el título de licenciado que, a fin de cuentas, se comprobó que no tenía. Además, cobraba otra bonificación del 10% correspondiente al personal técnico, cuando la máxima autoridad de General Rodríguez no reviste esa calidad.
Un funcionario oficialista allegado a la intendencia, le aseguró a LPO que “se han cometido groserías importantes, Coronel podría llegar a ir preso. Hay causas muy graves”, y agrega que “si bien Coronel fue kirchnerista, en la ultima elección se autoproclamó crítico al gobierno nacional y perdió la mayoría”.
Si bien puede verse la avanzada contra el intendente como un pase de factura del oficialismo por un supuesto alejamiento, allegados al kirchnerismo sostienen que “las investigaciones comenzaron hace más de un año, incluso por concejales del Frente para la Victoria”. El Concejal radical va aún más atrás, y asegura que “las irregularidades en la gestión del intendente comenzaron en el primer período, pero por la diferencia en el Concejo, no avanzaban los informes”.
En el municipio le afirmaron a LPO que “el intendente juega para donde más le conviene”, por lo que jamás terminaría de soltar la mano del oficialismo. Lo que es seguro es que el kirchnerismo le dio la espalda: la nueva composición del Concejo muestra que de los 16 miembros, 6 son del Frente Para la Victoria y sólo tres de ellos le son fieles al intendente.
Con un contexto político desfavorable, si Coronel logra permanecer en el cargo, le quedarán dos años más hasta concluir su mandato. Mientras tanto, Gómez asegura que una vez suspendido el intendente, se podrá avanzar sin restricciones: “Tendremos abierto el acceso a los datos, y encontraremos más cosas”.
El camino a la destitución
Con el dictamen de la Comisión investigadora-acusadora en puerta, el intendente Marcelo Coronel tiene diez días para ejercer su derecho a defensa y presentar prueba. Luego, en 15 días, la Comisión debe determinar si hubo o no una falta grave por parte de Coronel. En caso afirmativo, se lo podrá suspender de forma preventiva hasta 90 días, en los que avanzarán las investigaciones, ya sin el intendente en el cargo.
“La información que nos mandó Coronel es parcializada y apartada de los plazos dados por la Comisión Investigadora. Ello demuestra su falta de colaboración”, aseguró Gómez.
Para suspender al intendente, se requieren dos tercios de la totalidad del cuerpo, es decir que sería suficiente con la aceptación de 11 de lo 16 miembros. El mismo número es indispensable para su destitución en sesión especial, que debe llamarse antes de los 90 días previstos para la investigación.
Coronel finalizaría su mandato en diciembre de 2012. En caso de que fuera destituido antes de esa fecha –habiéndose comprobado los cargos que constan en el dictamen de la Comisión-, hay dos posibilidades: si se lo aparta del cargo antes de comenzar el año previo a concluir su mandato, se debe llamar a elecciones en los 150 días subsiguientes.
Si la destitución llega dentro de los últimos doce meses de su gestión, asumiría como reemplazante el primer concejal de su lista, en este caso, Juan Pablo Anghileri.
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