La aparición en la agenda pública y en varias iniciativas de Gobierno y del sector privado relacionadas con las microfinanzas en Argentina imponen a los que tenemos poder de decisión sobre la aplicación de políticas que favorezcan este tipo de iniciativas a reflexionar sobre los límites, las potencialidades y desafíos de estas formas de apoyo a los más humildes.
Para abordar este tema, es necesario aclarar algunos conceptos y realizar un breve racconto histórico que nos permita abordar la problemática en su contexto actual.
Podemos definir a las microfinanzas como el conjunto de servicios financieros especialmente desarrollados para atender la demanda de financiamiento de los hogares y emprendimientos económicos de menores ingresos, incluyendo microcrédito, captación de ahorros, microseguros, fondos de capitalización, etc. Si bien a veces se utiliza como sinónimo, podemos caracterizar al microcrédito como el conjunto de servicios financieros y no financieros destinado a personas de bajos ingresos excluidas del acceso al mercado de crédito “convencional”, con el objetivo de promover y mejorar condiciones laborales de autoempleo, sus niveles educativos, su situación de vivienda o sus condiciones sanitarias y de mejoramiento de las condiciones de vida general.
Las primeras experiencias en la utilización de microcréditos remiten a las del Grameen Bank de Bangladesh en la década del ´70, cuyo fundador fue Muhammad Yunus que comenzó a prestar cantidades muy pequeñas de dinero a mujeres pobres, comenzando una experiencia que hoy tiene a más de 2 millones de destinatarios.
En América Latina el microcrédito surge en el contexto de la difusión de políticas macroeconómicas de ajuste y sus efectos, entre ellos, el fuerte crecimiento de un sector compuesto por microempresas y pequeños productores rurales que elaboraron estrategias de sobrevivencia que con el tiempo se consolidaron como parte de su estructura principal de ingresos. Frente a bajos niveles de productividad, el crecimiento del desempleo y la vulnerabilidad de amplios sectores sociales, estados y organizaciones no gubernamentales latinoamericanas implementan programas de microcréditos para aquellos sectores que, aún con proyectos que puedan ser económicamente rentables, no logran acceder a los recursos financieros.
El pequeño y mediano préstamo surge así como una herramienta orientada a la problemática productiva y social, procurando constituir una herramienta más para combatir la pobreza y mejorar el manejo de la incertidumbre que genera vulnerabilidad económica y social (desempleo, desastres naturales, fluctuaciones estacionales de ingreso, etc.).
Las primeras instituciones de microfinanzas tienen como objetivo otorgar servicios accesibles para personas con escasos recursos. Dentro de este grupo se encuentran instituciones muy diferentes entre sí, por su misión, tamaño o modo de gestión.
En la Argentina durante la década de los ochenta, las primeras acciones tuvieron como destinataria a la población rural, donde algunas organizaciones no gubernamentales comenzaron a implementar un Programa de Pequeños Proyectos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dirigido a pequeños productores rurales brindándoles créditos, capacitación y asistencia técnica. Con el sector urbano el primer antecedente es el de la Fundación Juntos en el año 1989, una experiencia del Banco Provincia de Buenos Aires, que otorgó microcréditos a aproximadamente 400 microempresarios de las localidades de Munro, Lanús y Caseros (Gran Buenos Aires) y que concluyó en el año 1992.
A comienzos de la década del noventa surgieron instituciones de microcrédito que implementaron esquemas metodológicos tomados de organizaciones internacionales con amplia experiencia en el tema en América Latina. Entre otras podemos mencionar el trabajo llevado a cabo por la Fundación Emprender patrocinada por Acción Internacional en Buenos Aires, y al Banco Mundial de la Mujer en Córdoba.
Luego en 1997, surge el Fondo de Capital Social, FONCAP S.A., organismo mixto que administra el Fondo de Capital Social ($ 40 millones) con el objetivo de “fondear” y fortalecer a las instituciones de primer piso que comenzaban a necesitar un impulso mayor.
Ya en 2006, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.117 de “Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social” – promocionada por la entonces senadora Alicia Kirchner - que desde su implementación en 2007 administra un fondo de 100 millones de pesos por año a través de la CONAMI (Comisión Nacional de Microcrédito) para financiar y capacitar a distintas organizaciones de todo el país ejecutados a través de Consorcios de Gestión Local y Redes Asociadas.
En la actualidad el abanico de organizaciones sociales, organismos del Estado nacional, provincial y municipales, junto con la cooperación internacional forman parte de un entramado diverso de actores que desde diferentes objetivos promueven el desarrollo del sector.
Desde la CONAMI recibieron más de 180 millones de pesos unas 1200 organizaciones, FONCAP otorgó créditos por más de $40 millones de pesos a instituciones que desarrollan programas de microcrédito en todo el país, el programa FUERZA SOLIDARIA, integrado por el Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires dio más de $10 millones créditos a instituciones de la Provincia de Buenos Aires. En un informe de la Fundación Andares de 2008 se informa que las principales instituciones de microfinanzas (IMF) del país, manejan una cartera de 75 millones de pesos llegando a unos 50.000 microempresarios.
Pero aún con este crecimiento de actores y financiamiento, los expertos indican que no se está llegando a la mayor parte de la población con necesidades de financiamiento. Según los cálculos, en Argentina existen cerca de 2.5 millones de microempresarios con necesidad y capacidad de endeudarse para financiar sus actividades y sólo el 5 por ciento accede a los diversos programas de microcrédito antes mencionados. Esto no quiere decir que el 95 por ciento restante no se endeude, sino que lo hace por otros mecanismos (prestamistas, familiares, créditos de consumo, etc.), más costos, pero más accesibles.
En este sentido es importante recuperar el rol del Estado en su capacidad de democratizar el acceso al crédito para los sectores de menores recursos, acercando el financiamiento, pero también articulando con diferentes sectores de la sociedad para complementar los recursos con capacitación, asistencia técnica, estrategias de comercialización, coordinar los encadenamientos productivos potenciando los saberes y habilidades de los más humildes.
Parte de esta articulación necesaria, la encaramos desde FONCAP, entendiendo este espacio como herramienta de la política pública implementada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, fortaleciendo un instrumento que canaliza recursos financieros y no financieros a entidades intermedias (públicas, privadas, de la sociedad civil o autogestionadas) que tengan como destinatarios finales a población vulnerable que lleven a cabo una estrategia de generación de ingresos individual o grupal. Actualmente FONCAP financia a las principales instituciones de microcrédito del país y además brinda servicios de apoyo técnico y capacitación a diferentes actores del Estado y organizaciones sociales que gestionan programas de financiamiento a los sectores en situación de vulnerabilidad social. En este sentido, se promueven acciones de promoción, talleres, cursos, producción de manuales, revistas e investigación sobre la temática.
Iniciativas como las de la CONAMI del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el FONCAP desde la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, y el Programa FUERZA SOLIDARIA de la Provincia de Buenos Aires marcan el rumbo de lo que este momento político del país requiere para planificar el desarrollo de los sectores menos favorecidos de la sociedad y nos obligan desde la gestión pública a profundizar con mecanismos apropiados las políticas inclusivas que se están implementando desde el Gobierno Nacional.
Para abordar este tema, es necesario aclarar algunos conceptos y realizar un breve racconto histórico que nos permita abordar la problemática en su contexto actual.
Podemos definir a las microfinanzas como el conjunto de servicios financieros especialmente desarrollados para atender la demanda de financiamiento de los hogares y emprendimientos económicos de menores ingresos, incluyendo microcrédito, captación de ahorros, microseguros, fondos de capitalización, etc. Si bien a veces se utiliza como sinónimo, podemos caracterizar al microcrédito como el conjunto de servicios financieros y no financieros destinado a personas de bajos ingresos excluidas del acceso al mercado de crédito “convencional”, con el objetivo de promover y mejorar condiciones laborales de autoempleo, sus niveles educativos, su situación de vivienda o sus condiciones sanitarias y de mejoramiento de las condiciones de vida general.
Las primeras experiencias en la utilización de microcréditos remiten a las del Grameen Bank de Bangladesh en la década del ´70, cuyo fundador fue Muhammad Yunus que comenzó a prestar cantidades muy pequeñas de dinero a mujeres pobres, comenzando una experiencia que hoy tiene a más de 2 millones de destinatarios.
En América Latina el microcrédito surge en el contexto de la difusión de políticas macroeconómicas de ajuste y sus efectos, entre ellos, el fuerte crecimiento de un sector compuesto por microempresas y pequeños productores rurales que elaboraron estrategias de sobrevivencia que con el tiempo se consolidaron como parte de su estructura principal de ingresos. Frente a bajos niveles de productividad, el crecimiento del desempleo y la vulnerabilidad de amplios sectores sociales, estados y organizaciones no gubernamentales latinoamericanas implementan programas de microcréditos para aquellos sectores que, aún con proyectos que puedan ser económicamente rentables, no logran acceder a los recursos financieros.
El pequeño y mediano préstamo surge así como una herramienta orientada a la problemática productiva y social, procurando constituir una herramienta más para combatir la pobreza y mejorar el manejo de la incertidumbre que genera vulnerabilidad económica y social (desempleo, desastres naturales, fluctuaciones estacionales de ingreso, etc.).
Las primeras instituciones de microfinanzas tienen como objetivo otorgar servicios accesibles para personas con escasos recursos. Dentro de este grupo se encuentran instituciones muy diferentes entre sí, por su misión, tamaño o modo de gestión.
En la Argentina durante la década de los ochenta, las primeras acciones tuvieron como destinataria a la población rural, donde algunas organizaciones no gubernamentales comenzaron a implementar un Programa de Pequeños Proyectos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dirigido a pequeños productores rurales brindándoles créditos, capacitación y asistencia técnica. Con el sector urbano el primer antecedente es el de la Fundación Juntos en el año 1989, una experiencia del Banco Provincia de Buenos Aires, que otorgó microcréditos a aproximadamente 400 microempresarios de las localidades de Munro, Lanús y Caseros (Gran Buenos Aires) y que concluyó en el año 1992.
A comienzos de la década del noventa surgieron instituciones de microcrédito que implementaron esquemas metodológicos tomados de organizaciones internacionales con amplia experiencia en el tema en América Latina. Entre otras podemos mencionar el trabajo llevado a cabo por la Fundación Emprender patrocinada por Acción Internacional en Buenos Aires, y al Banco Mundial de la Mujer en Córdoba.
Luego en 1997, surge el Fondo de Capital Social, FONCAP S.A., organismo mixto que administra el Fondo de Capital Social ($ 40 millones) con el objetivo de “fondear” y fortalecer a las instituciones de primer piso que comenzaban a necesitar un impulso mayor.
Ya en 2006, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.117 de “Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social” – promocionada por la entonces senadora Alicia Kirchner - que desde su implementación en 2007 administra un fondo de 100 millones de pesos por año a través de la CONAMI (Comisión Nacional de Microcrédito) para financiar y capacitar a distintas organizaciones de todo el país ejecutados a través de Consorcios de Gestión Local y Redes Asociadas.
En la actualidad el abanico de organizaciones sociales, organismos del Estado nacional, provincial y municipales, junto con la cooperación internacional forman parte de un entramado diverso de actores que desde diferentes objetivos promueven el desarrollo del sector.
Desde la CONAMI recibieron más de 180 millones de pesos unas 1200 organizaciones, FONCAP otorgó créditos por más de $40 millones de pesos a instituciones que desarrollan programas de microcrédito en todo el país, el programa FUERZA SOLIDARIA, integrado por el Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires dio más de $10 millones créditos a instituciones de la Provincia de Buenos Aires. En un informe de la Fundación Andares de 2008 se informa que las principales instituciones de microfinanzas (IMF) del país, manejan una cartera de 75 millones de pesos llegando a unos 50.000 microempresarios.
Pero aún con este crecimiento de actores y financiamiento, los expertos indican que no se está llegando a la mayor parte de la población con necesidades de financiamiento. Según los cálculos, en Argentina existen cerca de 2.5 millones de microempresarios con necesidad y capacidad de endeudarse para financiar sus actividades y sólo el 5 por ciento accede a los diversos programas de microcrédito antes mencionados. Esto no quiere decir que el 95 por ciento restante no se endeude, sino que lo hace por otros mecanismos (prestamistas, familiares, créditos de consumo, etc.), más costos, pero más accesibles.
En este sentido es importante recuperar el rol del Estado en su capacidad de democratizar el acceso al crédito para los sectores de menores recursos, acercando el financiamiento, pero también articulando con diferentes sectores de la sociedad para complementar los recursos con capacitación, asistencia técnica, estrategias de comercialización, coordinar los encadenamientos productivos potenciando los saberes y habilidades de los más humildes.
Parte de esta articulación necesaria, la encaramos desde FONCAP, entendiendo este espacio como herramienta de la política pública implementada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, fortaleciendo un instrumento que canaliza recursos financieros y no financieros a entidades intermedias (públicas, privadas, de la sociedad civil o autogestionadas) que tengan como destinatarios finales a población vulnerable que lleven a cabo una estrategia de generación de ingresos individual o grupal. Actualmente FONCAP financia a las principales instituciones de microcrédito del país y además brinda servicios de apoyo técnico y capacitación a diferentes actores del Estado y organizaciones sociales que gestionan programas de financiamiento a los sectores en situación de vulnerabilidad social. En este sentido, se promueven acciones de promoción, talleres, cursos, producción de manuales, revistas e investigación sobre la temática.
Iniciativas como las de la CONAMI del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el FONCAP desde la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, y el Programa FUERZA SOLIDARIA de la Provincia de Buenos Aires marcan el rumbo de lo que este momento político del país requiere para planificar el desarrollo de los sectores menos favorecidos de la sociedad y nos obligan desde la gestión pública a profundizar con mecanismos apropiados las políticas inclusivas que se están implementando desde el Gobierno Nacional.
(Fuente: Fundación Metropolitana).
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