(La Política OnLine). Luego de la polémica desatada a principios de año por la designación de un coronel retirado, el funcionamiento de las cooperativas volvió a estallar en Esteban Echeverría. Unión PRO y la Coalición Cívica le reclaman “información” al intendente, Fernando Gray, sobre el plan “Argentina Trabaja”.
El funcionamiento de las cooperativas del programa “Argentina Trabaja” volvió a escena en Esteban Echeverría. Luego de que a principios de año estallara la polémica por la decisión del intendente, Fernando Gray, de poner al frente de los grupos de trabajo a un coronel retirado, ahora desde el peronismo disidente salieron con los tapones de punta porque, según dicen desde el bloque, el Departamento Ejecutivo “bloquea” el acceso a la información sobre el trabajo y el destino de los cooperativistas.
Unión PRO presentó a fines de julio una comunicación para que el Ejecutivo informe la totalidad de cooperativas inscriptas en el distrito, el tipo de trabajos que realizan, los nombres de fantasía, la cantidad de integrantes y la modalidad de cobro. Además, pidió también cuánto dinero se baja para cada cooperativa desde el Ministerio de Desarrollo Social y el certificado del fin de las obras programadas.
Luego de varios meses, el oficialismo decidió el 8 de septiembre tratar el expediente que “descansaba” en la comisión de Legislación y Peticiones, pero con un detalle: suprimió el pedido de cuánto es el dinero que se gira desde Nación. Otro detalle: la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Valeria Bellizi, también es una de las coordinadoras del área de Políticas Sociales.
“La comunicación dice que el Ejecutivo tiene que enviar la información en un plazo no mayor a 60 días. Ya pasaron más de dos meses y no hay nada. Queremos saber qué es lo que pasa, tenemos 2400 cooperativistas y el distrito debería estar impecable pero apenas si se ven algunos trabajadores en el centro”, señaló el concejal de Unión PRO Fernando Sousa.
Gray comenzó el año recibiendo duras críticas de partidos sociales y organizaciones sociales por su manejo con las cooperativas. Es que al mando, nombró al coronel retirado Roberto Muñoz Betelú y además, firmó un acuerdo con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) con el objeto de fortalecer las capacidades de gestión del Municipio para la implementación, evaluación y monitoreo del Plan, según reza el sitio web de la organización.
El nombramiento de Betelú le trajo dolores de cabeza adicionales a Gray: funcionarios del área de Políticas Sociales vinculados al ex secretario de área Antonio Cariati salieron a criticar públicamente a Gray y hasta un trabajador de una cooperativa denunció “discriminación” por parte del Jefe Comunal y se encadenó al Palacio Municipal.
“Queremos saber cuáles son las obras que están por hacerse aunque pensamos que las cooperativas son utilizadas políticamente, son pago un político”, indicó Sousa.
Según comentan fuentes del Municipio, Carlos Álvarez, dirigente cobista y coordinador de Políticas Sociales en el heterogéneo gabinete de Gray inauguró semanas atrás un local partidario pintado por cooperativistas.
De todos modos, no es solo Unión PRO el que pide más información: desde la Coalición Cívica la concejala Patricia Gramajo se quejó porque “ya se venció el plazo y el oficialismo no envió nada”.
“Habíamos aclarado expresamente que tenía que llegar la información antes de los 60 días. El tema es que en el Concejo no pasa nada, excepto la comisión de Educación, el resto no se reúne y así es muy difícil”, concluyó Gramajo.
Unión PRO presentó a fines de julio una comunicación para que el Ejecutivo informe la totalidad de cooperativas inscriptas en el distrito, el tipo de trabajos que realizan, los nombres de fantasía, la cantidad de integrantes y la modalidad de cobro. Además, pidió también cuánto dinero se baja para cada cooperativa desde el Ministerio de Desarrollo Social y el certificado del fin de las obras programadas.
Luego de varios meses, el oficialismo decidió el 8 de septiembre tratar el expediente que “descansaba” en la comisión de Legislación y Peticiones, pero con un detalle: suprimió el pedido de cuánto es el dinero que se gira desde Nación. Otro detalle: la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Valeria Bellizi, también es una de las coordinadoras del área de Políticas Sociales.
“La comunicación dice que el Ejecutivo tiene que enviar la información en un plazo no mayor a 60 días. Ya pasaron más de dos meses y no hay nada. Queremos saber qué es lo que pasa, tenemos 2400 cooperativistas y el distrito debería estar impecable pero apenas si se ven algunos trabajadores en el centro”, señaló el concejal de Unión PRO Fernando Sousa.
Gray comenzó el año recibiendo duras críticas de partidos sociales y organizaciones sociales por su manejo con las cooperativas. Es que al mando, nombró al coronel retirado Roberto Muñoz Betelú y además, firmó un acuerdo con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) con el objeto de fortalecer las capacidades de gestión del Municipio para la implementación, evaluación y monitoreo del Plan, según reza el sitio web de la organización.
El nombramiento de Betelú le trajo dolores de cabeza adicionales a Gray: funcionarios del área de Políticas Sociales vinculados al ex secretario de área Antonio Cariati salieron a criticar públicamente a Gray y hasta un trabajador de una cooperativa denunció “discriminación” por parte del Jefe Comunal y se encadenó al Palacio Municipal.
“Queremos saber cuáles son las obras que están por hacerse aunque pensamos que las cooperativas son utilizadas políticamente, son pago un político”, indicó Sousa.
Según comentan fuentes del Municipio, Carlos Álvarez, dirigente cobista y coordinador de Políticas Sociales en el heterogéneo gabinete de Gray inauguró semanas atrás un local partidario pintado por cooperativistas.
De todos modos, no es solo Unión PRO el que pide más información: desde la Coalición Cívica la concejala Patricia Gramajo se quejó porque “ya se venció el plazo y el oficialismo no envió nada”.
“Habíamos aclarado expresamente que tenía que llegar la información antes de los 60 días. El tema es que en el Concejo no pasa nada, excepto la comisión de Educación, el resto no se reúne y así es muy difícil”, concluyó Gramajo.
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