(La Política OnLine). El gobernador viajará a Israel para cerrar un acuerdo con una empresa potabilizadora de agua. El rol del sindicato detrás del negocio, las dudas sobre los niveles de potabilización y los vínculos de María Eugenia Ritó.
El gobernador Daniel Scioli encabezará a fines de este mes una misión comercial a Israel. El objetivo principal en su agenda será definir en la provincia la construcción de una planta potabilizadora de agua con una inversión de US$ 150 millones.
La idea es reemplazar a la actual planta Donato Gerardi, construida hace más de 50 años. Según fuentes del gobierno de Scioli esta nueva planta mejorará el caudal y la calidad del agua y reducirá en un 56% los costos de operación.
Sin embargo, hay algunas dudas. Fuentes de la Legislatura provincial sostienen que los niveles de potabilización permitidos en Israel no son los mismos que los permitidos en Argentina. Eso sería una traba, toda vez que la empresa israelí Mekorot Water Company podría no llegar a potabilizar el agua como lo exige la legislación actual en este país.
Quien habría acercado el negocio a la gobernación sería Aguas Bonaerenses S.A., la empresa encargada de la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en algunos puntos del territorio bonaerense.
Absa es una empresa cuyo paquete accionario está conformado por el Estado provincial (90%) y los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obras Sanitarias (10%).
El sindicato tiene una fuerte presencia en las decisiones de la empresa. El secretario general es Jorge Castro controla a los trabajadores desde hace años y sin oposición alguna al frente de la agrupación 5 de Septiembre. Numerosos empleados y hasta gerentes responden directamente al sindicato.
Hay quienes sostienen incluso que, en las decisiones de la empresa, pesa más las directivas que imparte el sindicato que las del presidente de Absa, el abogado Guillermo Scarcella.
Hay datos y coincidencias curiosas. El representante de la empresa Mekorot Water Company es Marcelo Salinas, asesor de Armando Canosa, secretario de Transporte del ex presidente Carlos Menem.
Salinas es socio del estudio Salomoni, Caellia, Salinas y Asociados y esta casado con la vedette María Eugenia Ritó.
Pero las coincidencias no quedan ahí. Fuentes de Absa sostienen que Salinas también es asesor de la empresa bonaerense y que familiares de Ritó trabajan en las oficinas de la capital provincial.
La idea de traer esta planta potabilizadora no es nueva. Fueron numerosos los viajes de Scarcella a Israel para hablar con autoridades de la Empresa Nacional de Aguas de Israel. Hay un dato que llamó la atención a algunos empleados de la empresa bonaerense: uno de los abogados que comenzaron con la operación fue trasladado, pero nadie sabe el destino que se le designó.
El proyecto se inscribe en la ley provincial de iniciativa privada e incluye el financiamiento, la construcción y posterior operación de la planta hasta el momento del repago total de la obra, estipulada en 15 años, y que implicará un aumento tarifario de no menos del 33% para los usuarios de la zona. “Acá sin dudas el negocio más grande es del gremio”, dijo a LPO una fuente de la empresa.
La obra, que demandará unos 24 meses de construcción, llevará agua potable a unos 720.000 usuarios de La Plata, Berisso y Ensenada, que representan a más de dos millones de personas. En el futuro, se prevé extender el servicio, a través de la extracción de agua del Río de La Plata y su combinación con el trabajo de otras plantas del Gran Buenos Aires.
Ante una consulta de LPO, voceros del intendente de La Plata, Pablo Bruera, aseguraron que el gobierno municipal esta de acuerdo con la construcción de la planta.
El gobernador Daniel Scioli encabezará a fines de este mes una misión comercial a Israel. El objetivo principal en su agenda será definir en la provincia la construcción de una planta potabilizadora de agua con una inversión de US$ 150 millones.
La idea es reemplazar a la actual planta Donato Gerardi, construida hace más de 50 años. Según fuentes del gobierno de Scioli esta nueva planta mejorará el caudal y la calidad del agua y reducirá en un 56% los costos de operación.
Sin embargo, hay algunas dudas. Fuentes de la Legislatura provincial sostienen que los niveles de potabilización permitidos en Israel no son los mismos que los permitidos en Argentina. Eso sería una traba, toda vez que la empresa israelí Mekorot Water Company podría no llegar a potabilizar el agua como lo exige la legislación actual en este país.
Quien habría acercado el negocio a la gobernación sería Aguas Bonaerenses S.A., la empresa encargada de la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en algunos puntos del territorio bonaerense.
Absa es una empresa cuyo paquete accionario está conformado por el Estado provincial (90%) y los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obras Sanitarias (10%).
El sindicato tiene una fuerte presencia en las decisiones de la empresa. El secretario general es Jorge Castro controla a los trabajadores desde hace años y sin oposición alguna al frente de la agrupación 5 de Septiembre. Numerosos empleados y hasta gerentes responden directamente al sindicato.
Hay quienes sostienen incluso que, en las decisiones de la empresa, pesa más las directivas que imparte el sindicato que las del presidente de Absa, el abogado Guillermo Scarcella.
Hay datos y coincidencias curiosas. El representante de la empresa Mekorot Water Company es Marcelo Salinas, asesor de Armando Canosa, secretario de Transporte del ex presidente Carlos Menem.
Salinas es socio del estudio Salomoni, Caellia, Salinas y Asociados y esta casado con la vedette María Eugenia Ritó.
Pero las coincidencias no quedan ahí. Fuentes de Absa sostienen que Salinas también es asesor de la empresa bonaerense y que familiares de Ritó trabajan en las oficinas de la capital provincial.
La idea de traer esta planta potabilizadora no es nueva. Fueron numerosos los viajes de Scarcella a Israel para hablar con autoridades de la Empresa Nacional de Aguas de Israel. Hay un dato que llamó la atención a algunos empleados de la empresa bonaerense: uno de los abogados que comenzaron con la operación fue trasladado, pero nadie sabe el destino que se le designó.
El proyecto se inscribe en la ley provincial de iniciativa privada e incluye el financiamiento, la construcción y posterior operación de la planta hasta el momento del repago total de la obra, estipulada en 15 años, y que implicará un aumento tarifario de no menos del 33% para los usuarios de la zona. “Acá sin dudas el negocio más grande es del gremio”, dijo a LPO una fuente de la empresa.
La obra, que demandará unos 24 meses de construcción, llevará agua potable a unos 720.000 usuarios de La Plata, Berisso y Ensenada, que representan a más de dos millones de personas. En el futuro, se prevé extender el servicio, a través de la extracción de agua del Río de La Plata y su combinación con el trabajo de otras plantas del Gran Buenos Aires.
Ante una consulta de LPO, voceros del intendente de La Plata, Pablo Bruera, aseguraron que el gobierno municipal esta de acuerdo con la construcción de la planta.
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