La Diputada Fernanda Antonijevic, del Frente Amplio Progresista, quien preside la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, presentó ante la Cámara Baja bonaerense, un pedido de informes dirigido al Organismo para el Desarrollo Sostenible, para que explique, de manera exhaustiva, si las obras que se están llevando a cabo en el Monte ribereño, comprendido entre las zonas de Berisso y Ensenada están respaldadas por los estudios de impacto ambiental que exige la Ley 12.756.
Este proyecto se originó con motivo de la inspección "in situ" que la Legisladora llevo a cabo en forma conjunta, con los concejales del FAP y ambientalistas de la zona mencionada.
El pedido indaga sobre el proyecto que comprende la construcción de una estación de bombeo y almacenamiento de combustible inflamable (fuel oil) en muelles linderos al ex Liceo Naval Militar en Isla Santiago, y la edificación de muelles y puerto de contenedores en sector externo a esa isla; como así también a la obra de ensanchamiento del canal de acceso al Puerto de La Plata.
Antonijevic sostuvo que, “la situación planteada en el Monte Ribereño de Berisso y Ensenada realmente es preocupante, se está dando un proceso de contaminación con refulado y de deforestación de importantes dimensiones, con el impacto ambiental negativo que esto implica".
También exige información sobre si se ha llevado a cabo el estudio y tratamiento de los barros depositados en la Isla Paulino producto del dragado en la zona de las cuatro bocas, los que se estarían arrojando sin ningún tipo de tratamiento. Es predecible que ese refulado presente elevados niveles de contaminación, como consecuencia de los depósitos de metales pesados y otras sustancias peligrosas receptados por el Canal Río Santiago, por las descargas provenientes del Arroyo El Gato, el Canal Oeste y Este; todos cursos de agua altamente contaminados por las actividades industriales, como de la destilería de YPF.
En el marco de los fundamentos la Legisladora del FAP consideró “falta voluntad por parte del OPDS para suministrar información en torno a estos emprendimientos. Este organismo jamás respondió a las inquietudes planteadas tanto por las ONGs de la región , como por parte de los concejales de la oposición”.
Y agregó “la biodiversidad y el paisaje del monte ribereño están en serio peligro y los fines de la Ley 12756 tendientes a conservar y preservar la integridad del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico están lejos de respetarse, frente a un Estado que termina desempeñando un rol sumiso e incumpliendo sus responsabilidades, ante el saqueo y la depredación".
Este proyecto se originó con motivo de la inspección "in situ" que la Legisladora llevo a cabo en forma conjunta, con los concejales del FAP y ambientalistas de la zona mencionada.
El pedido indaga sobre el proyecto que comprende la construcción de una estación de bombeo y almacenamiento de combustible inflamable (fuel oil) en muelles linderos al ex Liceo Naval Militar en Isla Santiago, y la edificación de muelles y puerto de contenedores en sector externo a esa isla; como así también a la obra de ensanchamiento del canal de acceso al Puerto de La Plata.
Antonijevic sostuvo que, “la situación planteada en el Monte Ribereño de Berisso y Ensenada realmente es preocupante, se está dando un proceso de contaminación con refulado y de deforestación de importantes dimensiones, con el impacto ambiental negativo que esto implica".
También exige información sobre si se ha llevado a cabo el estudio y tratamiento de los barros depositados en la Isla Paulino producto del dragado en la zona de las cuatro bocas, los que se estarían arrojando sin ningún tipo de tratamiento. Es predecible que ese refulado presente elevados niveles de contaminación, como consecuencia de los depósitos de metales pesados y otras sustancias peligrosas receptados por el Canal Río Santiago, por las descargas provenientes del Arroyo El Gato, el Canal Oeste y Este; todos cursos de agua altamente contaminados por las actividades industriales, como de la destilería de YPF.
En el marco de los fundamentos la Legisladora del FAP consideró “falta voluntad por parte del OPDS para suministrar información en torno a estos emprendimientos. Este organismo jamás respondió a las inquietudes planteadas tanto por las ONGs de la región , como por parte de los concejales de la oposición”.
Y agregó “la biodiversidad y el paisaje del monte ribereño están en serio peligro y los fines de la Ley 12756 tendientes a conservar y preservar la integridad del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico están lejos de respetarse, frente a un Estado que termina desempeñando un rol sumiso e incumpliendo sus responsabilidades, ante el saqueo y la depredación".
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