Algunos estudios estiman que la presión fiscal de la Nación, más provincias y municipios sobre la economía es cercana al 48% del producto bruto interno. Se agrava el panorama social con la ineficiencia del aparato estatal, la dilapidación de recursos y la corrupción en todos los niveles de la administración pública.
Está estimado por economistas que mas de seis sueldos de un empleado se destinan a pagar impuestos y con el resto debe vivir.
El rechazo de la sociedad es la rebelión fiscal: no pagar impuestos.
De un estudio de la UCA surge que la mitad de los trabajadores argentinos (8 millones de empleados o cuentapropistas) no aportan al sistema jubilatorio ni tampoco las empresas. Hay estimaciones que la evasión en el impuesto a las ganancias, (tasa de 46% por la inflación), rondaría el 50%. En el IVA y otros impuestos la situación debe tener semejanzas.
El sistema impositivo argentino se ha convertido en un impedimento del progreso del país y de la prosperidad de su población. El gasto público está fuera de control y lo más grave es la cultura creada, que violar las leyes es un derecho. El tema no se resolverá con un ejército de inspectores tentados por la corrupción. La presión fiscal debe ser drásticamente disminuida para bien del país y sus habitantes.
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