Luján: “Administración Open Door no tiene habilitación municipal”.

Vecinos integrados en la Asamblea del barrio Luchetti advirtieron sobre la empresa que se instaló en la localidad. Pidieron al Estado Municipal mayor voluntad política para avanzar en la regularización dominial de los terrenos.
En el marco del conflicto por la regularización dominial del barrio Luchetti, integrantes de la Asamblea de Vecinos de Open Door denunciaron que la empresa Administración Open Door “no cuenta con habilitación municipal para funcionar”. Las declaraciones llegaron luego de que la semana pasada el director de Tierras y Viviendas de la Municipalidad de Luján, Carlos Patetta, informara a este medio sobre una reunión celebrada en La Plata con su par provincial, María Florencia Franchini, cuatro representantes de los vecinos del barrio, y dos abogados de la Universidad Nacional de La Plata encargados de brindar asesoramiento jurídico gratuito a productores agropecuarios. Patetta había señalado que "aparentemente Administración Open Door tiene la legitimidad sobre los terrenos y son los representantes de Suipacha (la antigua inmobiliaria poseedora de los lotes). En cualquier caso, lo estarían confirmando pronto desde La Plata”. Según los vecinos, fue el propio funcionario comunal quien, al ser consultado, admitió que Administración Open Door todavía no tenía habilitación municipal. “Sin embargo lleva dos o tres meses operando sin problemas”, agregaron.
Los vecinos también destacaron que la reunión que mantuvieron el pasado 6 de agosto en la Dirección provincial de Tierras “fue gestionada por la Asamblea”. “Los abogados de la Universidad de la Plata los contactamos y los llevamos nosotros y no el Municipio. Fueron todas gestiones de la Asamblea; nos parece importante aclararlo porque si no parece que el Municipio nos está conteniendo cuando en realidad hay un trabajo muy grande por parte de los vecinos”. Por otra parte, subrayaron que Franchini “nos aconsejó no pagar un peso hasta tanto la situación dominial se aclare”. “Todavía no sabemos qué es Administración Open Door y con qué autoridad reclama la titularidad de los lotes. La situación no está para nada clara”, completaron. 
Los vecinos indicaron que las averiguaciones dominiales las viene realizando la propia Asamblea: “A toda la gente que se acerca le vamos pidiendo datos para hacer las averiguaciones pertinentes. Fue un trabajo hecho y costeado por nosotros. Ya tenemos los datos sobre los tenedores de más de 25 lotes”. “Hay situaciones raras. A veces figura un particular, pero los impuestos llegan a nombre de Suipacha. ¿Suipacha tiene la representación de esos tenedores? No lo sabemos pero nos preocupa, porque mientras que nosotros nos movemos Administración Open Door sigue enviando cartas invitando a los vecinos a regularizar su situación pagando 40.000 pesos”, aportaron. 
Los vecinos destacan la oportunidad de que muchos vecinos puedan regularizar su situación, pero advierten sobre la forma en que se está llevando adelante: “Creemos que hay distintas formas de resolver este conflicto: una es a través de los intereses inmobiliarios: pongo una empresa y hago que un montón de gente vaya y le pague 40.000 pesos sin siquiera saber si son los verdaderos dueños. Lo jurídico se resuelve, pero es injusto, porque no son los dueños. Otra es con voluntad política férrea, viendo que hay detrás de todo esto. Es un trabajo muy complejo porque hay que rastrear toda la historia de un barrio para ver cómo se hizo el loteo original. Ahí se va a descubrir que esas tierras eran propiedad original de la Colonia, que hace 60 años se hizo un loteo fraudulento, que se vendieron dos tercios de los lotes y no se terminaron de escriturar, que los papeles quedaron a nombre de la empresa y ahora los quieren volver a vender”. “Nosotros descubrimos que hay gente que compró esos lotes, pero nunca los pudo escriturar y quedaron a nombre de Suipacha. Fue una estafa de entrada”, agregaron.
“Entendemos que por la forma en que esto se está haciendo no es legítimo. Necesitamos que el Estado se involucre para encontrar una solución óptima y no avale cualquier cosa. Si se puede reformar el COU y sumar más de 5.000 hectáreas para desarrollar barrios privados, ¿cómo no se va a poder hacer algo por un barrio con miles de personas que ya están viviendo desde hace tiempo? ¿La ley se puede mover para lo que da guita, pero no para los intereses de la gente?”, se preguntaron, en tanto remarcaron que “pretenden que nosotros paguemos 40.000 pesos a alguien que no sabemos quién es”. 
Por último, los vecinos recordaron que el próximo lunes, en las instalaciones del CAI, tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa de Trabajo. “Les pedimos a todos los vecinos que se acerquen y participen”, indicaron. Previamente, el domingo 25, “vamos a festejar el Día del Niño en la placita del fondo y de paso reunirnos en Asamblea para ver cómo seguimos avanzando. Es un tema complejo, pero nos vamos a seguir organizando”, concluyeron. (El Civismo).