lunes, mayo 07, 2007

LUJAN. El GJI lo dará a conocer en una asamblea abierta . Se redactó el recurso de amparo del 82% Móvil

LUJAN, Mayo 07, (PUNTO CERO-El Civismo) Luego de meses de trabajo, el Grupo de Jubilados Independientes tiene en sus manos el texto de un recurso de amparo para reclamar el pago del 82% Móvil en los haberes.
Todos los interesados pueden leerlo en www.grupojubilados.com.ar, aunque también se realizará una asamblea el próximo 9 de mayo.
El Grupo de Jubilados Independientes de Luján (GJI) logró dar otro paso en su tenaz lucha por la obtención del reconocimiento en el cobro del 82 por ciento Móvil.
Tal como informaron estos días algunos de sus integrantes, los abogados que gratuitamente asesoran a la entidad terminaron de redactar el recurso de amparo que cada interesado debe presentar en la Justicia.
El documento completo se encuentra a disposición de los vecinos en la página web www.grupojubilados.com.ar. Con todo, se informarán todos los detalles en una asamblea prevista para el 9 de mayo, a las 9.30, en el salón de eventos de la Sociedad Italiana.
Como se recordará, el recurso de amparo para reclamar el 82% Móvil tiene que impulsarse de manera individual.
El texto redactado por los abogados cercanos al GJI comienza con los datos de rigor del peticionante y seguidamente expresa: “Venimos a promover formal demanda de amparo y a solicitar de V.S. establezca un sistema de reajuste provisorio de nuestros haberes, haciendo efectiva la movilidad de los mismos establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
“Como consecuencia de la omisión lesiva que padecemos, a la que se suma la inacción frente al requerimiento que le efectuara la Suprema Corte de Justicia de la Nación en autos ‘Badaro’, venimos a solicitar de V.S. establezca un sistema de reajuste provisorio hasta tanto los organismos de la Constitución cumplimenten la obligación establecida, haciendo efectiva la movilidad de los haberes (...). Este ajuste deberá tener en cuenta el desequilibrio económico producido por el incumplimiento de tal deber, lo que ha llevado a los jubilados al estado de indigencia”, indica otro de los párrafos.
En el pormenorizado documento, se manifiesta que “con la creciente inflación, el índice de necesidades insatisfechas se incrementa y, dentro de estas, no sólo las alimentarias. A la fecha de esta presentación, el Pami adeuda desde hace meses medicamentos, retrasa necesarias intervenciones quirúrgicas, etcétera. Esta situación es de público y notorio (conocimiento), lo que nos exime de mayores pruebas”.
“La urgencia de la medida para sostener las necesidades básicas de la clase pasiva es el fundamento de tal objeto. En efecto, según el INDEC, los precios al consumidor subieron, luego de la devaluación, un 72% hasta abril del año próximo pasado. Sólo para agosto del 2005, los jubilados ya habían perdido el 42% de su poder de compra, mientras los salarios en igual período crecieron un 42% de su poder de adquisitivo. La inflación posterior siguió y sigue deteriorando tal situación sin pausa alguna, colocándonos a los jubilados en un evidente escenario de pobreza, cuando no de indigencia para más de 300.000 pasivos”, narra el texto destinado a la Justicia Federal.
En el recurso se recuerda el rol evasivo del Poder Legislativo. En tal sentido, se expresa que “la medida que se solicita sólo tiende a cubrir momentáneamente el ‘olvido’ del Congreso de la Nación, evitando que se siga incrementando la lesión a nuestros derechos, no sólo los de naturaleza previsional, sino los básicos, como la manutención de la propia vida”.
En otro tramo del documento se subraya que “según la doctrina el amparo constituye una acción de carácter rápido y expedito. No se trata de una acción procesal más sino de una especial, de trámite urgente, que procede en ausencia de una vía judicial más idónea”. Con idéntica intención, se agrega que “cuando el requisito del reclamo administrativo se convierte en una exigencia ritualista en injusta por su inutilidad, el recurso de amparo es procedente”.
También se destaca que “el sistema de Seguridad Social posee los recursos necesarios para cumplimentar la movilidad a la que la Constitución obliga. Así, entre enero y septiembre de 2006, acumuló un superávit de $ 5.715.000.000 (cinco mil setecientos quince millones de pesos), lo que implica un 57,6 % más que el saldo de todo el año 2005”.
“Tal ingreso -completan- se deriva en el incremento de los aportes previsionales de trabajadores y empresarios, originados en las subas salariales de los últimos años y en el blanqueo de los empleos. Otra fuente de ingresos tan importante como la citada, se halla constituida por la recaudación impositiva general. La ANSES recibe el 20% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, el 10,3% del IVA, parte del gravamen a los cigarrillos y el 15% de la participación tributaria entre Nación y las provincias. Esta importante caja de recaudación desde hace años se utiliza en desmedro de los jubilados, para financiar el Tesoro Nacional y afrontar indirectamente el pago de la deuda pública”.
“La plata de los jubilados se usa en transacciones financieras de magro rendimiento, escamoteando a los mismos la satisfacción de sus derechos”, aseguran en el texto.
Esa situación llevó al Dr. Eugenio Semino, ombusdman de la tercera edad, a afirmar que “la ANSES registró en el año 2005 un superávit de dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000) que no se repartieron. Esa plata fue prestada al Estado a una Tasa del 3% cuando la de plaza es del 7%. Es decir, no sólo no se volcó el sobrante a la distribución dentro del sistema, sino que se realizó una mala inversión".
Sobre el final del texto se añade un petitorio de tres puntos:
- Se nos tenga por presentados, parte y por constituido el domicilio procesal denunciado.
- Se tenga por ofrecida la prueba.
- Se dicte sentencia a nuestro favor en el sentido de fijar provisoriamente el reajuste de nuestros haberes, en el porcentaje que el elevado criterio de V.S. estime corresponder, (atendiendo a la realidad económica y financiera actual) hasta tanto los obligados por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo hagan.

Al sistema de reparto
El GJI también se encuentra repartiendo un volante en el que se invita a los ciudadanos a volver al sistema jubilatorio de reparto.
En ese escrito manifiestan que “desde hace años condenamos la existencia de la jubilación privada que nada tiene que ver con la seguridad social, ni es segura. Sólo sirve para destruir las jubilaciones y pensiones, entregando a los capitales bancarios y financieros un negocio sin riesgos”.
“Eso les garantizó ganancias sin par, donde los trabajadores son rehenes de inescrupulosos personeros que han acumulado sumas de enorme magnitud, haciendo desaparecer la naturaleza pública, no estatal, de los fondos provisionales”, agregan desde el GJI.
En ese panfleto, afirman que “sin duda hubo complicidad de parte del Congreso de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia, de los empresarios y sindicalistas corruptos, en sintonía con el Banco Mundial”.
Junto con la CTA, los jubilados recuerdan que “como consecuencia del sostenimiento del sistema capitalista privado el Estado dejó de recaudar 80.000 millones de pesos que fueron a las arcas de las AFJP”.

“Para que no vuelva a suceder, tomá conciencia de lo que significa la palabra solidaridad y volvé al sistema de reparto”, concluye el documento. (PUNTO CERO-El Civismo).

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