LA PLATA, Febrero 04, (PUNTO CERO-Infoazuldiario) La Cámara platense rechazó los pedidos de sobreseimiento y prescripción. Los fondos salieron del Senado a entidades que no existirían. Los subsidios estaban a nombres de familiares o allegados a los legisladores imputadosLa Cámara Penal de La Plata confirmó el procesamiento de cinco ex senadores de la Cámara alta bonaerense implicados en la causa que investiga una presunta estafa cometida con subsidios otorgados a fundaciones y asociaciones que serían inexistentes o integradas por personal vinculado a legisladores, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue adoptada por la Sala II de la Cámara en la cual, rechazó pedidos de nulidad, sobreseimiento y prescripción requeridos por la defensa.
De este modo, el dictamen, que contó con los votos de los jueces Pedro Luis Soria y Sergio Almeida -por la secretaría de Silvina Casteller-, confirmó los procesamientos de Adriana Mazzuco, Ricardo Gallo, (oriundo de Azul y afiliado a la Unión Cívica Radical), Paula Buscaglia, Gustavo Marelli y Juan Carlos Stávale.
En la causa están imputados otros ex senadores como Héctor Monasterio, Eduardo Florio, Jorge Young, y los ex funcionarios de la cámara alta Diego Gonzálvez y Hernando Moris, consignaron voceros judiciales.
En tanto, los camaristas hicieron lugar al pedido de sobreseimiento planteado por la defensa en favor Ezequiel Rizzi y el actual legislador Diego Rodrigo.
La causa penal se inició en 2002 en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo a partir de la denuncia de un particular por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio que habría sido entregado por el entonces senador Monasterio -un dirigente radical de Lincoln-cuando cumplía mandato como senador provincial.
Luego, los fiscales ampliaron la investigación a todos los subsidios otorgados a determinadas entidades de cuya existencia se dudaba.
En un dictamen inicial, la fiscalía sostuvo que existían evidencias como para “presumir que se otorgaron subsidios en forma irregular a entidades que no existirían, por un monto del orden del medio millón de pesos”.
Los fiscales subrayaron que había indicios para imputar a los legisladores (actuales o con mandato cumplido) la supuesta comisión de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental”.
El expediente estuvo más de dos años en las instancias de la Corte y la Casación a raíz de recursos e incidentes presentados por la defensa. Según se indicó en tribunales, eso llevó a que la investigación no pudiera avanzar. Aún hoy, las actuaciones no fueron elevadas a juicio oral.
Durante la etapa de instrucción, la fiscalía de Delitos Complejos requirió al Senado provincial los legajos sobre los subsidios y al ser cotejados con otras maniobras similares se acreditó que otros funcionarios e integrantes de la cámara alta también habrían participado.
En distintos allanamientos realizados en localidades del interior bonaerense, la fiscalía constató la existencia de las personas carenciadas o enfermas y de las entidades de bien público que aparecían como beneficiarias de subsidios.
Tras esa tarea, los fiscales dictaminaron que “en la mayoría de los lugares consultados se descubrió que las entidades que figuraban como receptoras de los subsidios eran fantasmas -en las direcciones que constan en los legajos sólo hay casas particulares, la institución no existe y los vecinos consultados no tienen conocimiento sobre si alguna vez funcionó allí alguna- o existían pero estaban integradas por parientes, allegados a los legisladores o empleados del Senado”.
Fuentes judiciales explicaron que el otorgamiento de subsidios está previsto por ley a personas de escasos recursos o con problemas de salud o a instituciones no gubernamentales de bien público.
La resolución fue adoptada por la Sala II de la Cámara en la cual, rechazó pedidos de nulidad, sobreseimiento y prescripción requeridos por la defensa.
De este modo, el dictamen, que contó con los votos de los jueces Pedro Luis Soria y Sergio Almeida -por la secretaría de Silvina Casteller-, confirmó los procesamientos de Adriana Mazzuco, Ricardo Gallo, (oriundo de Azul y afiliado a la Unión Cívica Radical), Paula Buscaglia, Gustavo Marelli y Juan Carlos Stávale.
En la causa están imputados otros ex senadores como Héctor Monasterio, Eduardo Florio, Jorge Young, y los ex funcionarios de la cámara alta Diego Gonzálvez y Hernando Moris, consignaron voceros judiciales.
En tanto, los camaristas hicieron lugar al pedido de sobreseimiento planteado por la defensa en favor Ezequiel Rizzi y el actual legislador Diego Rodrigo.
La causa penal se inició en 2002 en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo a partir de la denuncia de un particular por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio que habría sido entregado por el entonces senador Monasterio -un dirigente radical de Lincoln-cuando cumplía mandato como senador provincial.
Luego, los fiscales ampliaron la investigación a todos los subsidios otorgados a determinadas entidades de cuya existencia se dudaba.
En un dictamen inicial, la fiscalía sostuvo que existían evidencias como para “presumir que se otorgaron subsidios en forma irregular a entidades que no existirían, por un monto del orden del medio millón de pesos”.
Los fiscales subrayaron que había indicios para imputar a los legisladores (actuales o con mandato cumplido) la supuesta comisión de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental”.
El expediente estuvo más de dos años en las instancias de la Corte y la Casación a raíz de recursos e incidentes presentados por la defensa. Según se indicó en tribunales, eso llevó a que la investigación no pudiera avanzar. Aún hoy, las actuaciones no fueron elevadas a juicio oral.
Durante la etapa de instrucción, la fiscalía de Delitos Complejos requirió al Senado provincial los legajos sobre los subsidios y al ser cotejados con otras maniobras similares se acreditó que otros funcionarios e integrantes de la cámara alta también habrían participado.
En distintos allanamientos realizados en localidades del interior bonaerense, la fiscalía constató la existencia de las personas carenciadas o enfermas y de las entidades de bien público que aparecían como beneficiarias de subsidios.
Tras esa tarea, los fiscales dictaminaron que “en la mayoría de los lugares consultados se descubrió que las entidades que figuraban como receptoras de los subsidios eran fantasmas -en las direcciones que constan en los legajos sólo hay casas particulares, la institución no existe y los vecinos consultados no tienen conocimiento sobre si alguna vez funcionó allí alguna- o existían pero estaban integradas por parientes, allegados a los legisladores o empleados del Senado”.
Fuentes judiciales explicaron que el otorgamiento de subsidios está previsto por ley a personas de escasos recursos o con problemas de salud o a instituciones no gubernamentales de bien público.
Y lo que se verificó en la causa es que los fondos públicos habrían sido desviados a faltas fundaciones denominadas “fantasma” o “sellos de goma”. (PUNTO CERO-Infoazuldiario).
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