SAN MIGUEL, Junio 23, (PUNTO CERO-www.aquilanoticia.com) Lo empieza a implementar San Miguel para prevenir el delito con mayor presencia policial en la calle. La Municipalidad se hace cargo de una cuestión delicada que también representará un gasto económico.
La inseguridad angustia, atemoriza y muchas veces nos deja sin reflejos. Perplejos. Sobre todo cuando somos víctimas o el hecho tiene la violencia irracional que ni la mejor película policial que ande por ahí pueda ostentar.
La fuerza policial no da abasto y la dirigencia gubernamental busca soluciones, de fondo, de forma, parches o lo que fuere, pero lo cierto es que la inseguridad es una situación con la que tenemos que lidiar todos los días. Con el alejamiento de Solá y la asunción de Scioli en la provincia mucho se dijo de los cambios o no en el Ministerio que tiene la responsabilidad de buscar soluciones al problema que, está claro, escapa a lo meramente policial, porque hay cuestiones culturales de fondo que también deben ser atacadas.
En su campaña proselitista en San Miguel, Joaquín De La Torre criticó duramente la actitud de su predecesor en el cargo respecto de la actitud, planteando que un Intendente debía hacerse cargo del tema de la inseguridad en su distrito y no esperar todas las soluciones desde La Plata.
Por eso a meses de asumir no dudo en integrarse al nuevo plan de inseguridad impulsado por el gobierno de Scioli desde la cartera que conduce el Dr. Stornelli y asumir responsabilidades tras la firma de un “convenio de Colaboración Institucional” con el gobierno provincial el pasado 17 de abril.
El nuevo programa, que ya esta en funcionamiento también en Ituzaingó, Campana y Chacabuco, generó críticas y dudas.
En San Miguel la falta de información puntual sobre la implementación y las responsabilidades llevó a que el concejal Carlos Puricelli presentara un pedido de informes, atento al interés comunitario del tema, un mes y medio después de la firma, donde recordó que el Ejecutivo debe informal oficialmente al H.C.D. los contenidos del Plan como comunicar el Convenio de acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Hay avances de equipamiento tecnológico contemplados, como cámaras de seguridad, división de la ciudad en cuadrículas supervisada cada una por un móvil policial (que se había comenzado a implementar; vehículos monitoreados por GPS y red de telefonía móvil. Pero la incorporación de “serenos” es lo que comenzó la polémica.
Firmado por De La Torre y Stornelli el 17 de abril, en su artículo cuarto, inciso A, “La Municipalidad asignará para tareas de patrullaje preventivo y demás actividades de vigilancia en todo el ámbito del Partido de San Miguel, los rodados y el personal de choferes bajo el sistema denominado “Servicio de Serenos Particulares” según el Derecho 4069/91...”.
Citar ese decreto no es un dato menor, ya que se trata de la normativa que faculta al Ejecutivo para instalar este tipo de servicio. Allí se estipula que los sereno particulares se limitarán a la vigilancia eterna en la vía pública dentro del radio previamente denunciado y su función será la prevención de delitos y vigilancia de la seguridad personal delos habitantes, sus familias y los bienes de su propiedad, locación o usufructo.
Estos serenos podrán recorrer la zona dando cuenta a la policía de su jurisdicción de todo hecho que pudiera alterar la seguridad de la zona, cooperando como auxiliares de la institución policial, para los que se convocará a retirados de las fuerzas de seguridad (policía, Gendarmería, Prefectura), con fojas de servicio impecables y cuyos nombramientos serán monitoreados por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
En ese decreto que hace referencia el Convenio, en su artículo 20 se deja en claro que “los serenos particulares desempeñarán su tarea sin armamento, no admitiéndose el uso de ésta bajo ningún concepto, aún en el supuesto que quien realice la custodia pudiera estar autorizado a su portación en razón de otra ley”.
HACERSE CARGO
La responsabilidad asumida por la Municipalidad sanmiguelina tiene un costo económico. Así en el inciso B del artículo cuarto del convenio –que tiene una vigencia de dos años renovables- “la Municipalidad se hará cargo de las erogaciones en concepto de combustible, mantenimiento, reparación y seguros de los rodados”.
Además de la “evaluación técnica y aplicación de los medios logísticos a emplear” que correrán por exclusiva cuenta de la administración comunal junto con la contratación de una “cobertura de seguro para con el personal de choferes que prestará servicios bajo el sistema denominado Servicio de Serenos Particulares y demás obligaciones legales a su respecto”, de acuerdo a lo estipulado en los item C del artículo citado y el artículo quinto.
En tanto el Ministerio designará un efectivo policial por vehículo y por turno para el acompañamiento del servicio implementado en el distrito.
La inseguridad angustia, atemoriza y muchas veces nos deja sin reflejos. Perplejos. Sobre todo cuando somos víctimas o el hecho tiene la violencia irracional que ni la mejor película policial que ande por ahí pueda ostentar.
La fuerza policial no da abasto y la dirigencia gubernamental busca soluciones, de fondo, de forma, parches o lo que fuere, pero lo cierto es que la inseguridad es una situación con la que tenemos que lidiar todos los días. Con el alejamiento de Solá y la asunción de Scioli en la provincia mucho se dijo de los cambios o no en el Ministerio que tiene la responsabilidad de buscar soluciones al problema que, está claro, escapa a lo meramente policial, porque hay cuestiones culturales de fondo que también deben ser atacadas.
En su campaña proselitista en San Miguel, Joaquín De La Torre criticó duramente la actitud de su predecesor en el cargo respecto de la actitud, planteando que un Intendente debía hacerse cargo del tema de la inseguridad en su distrito y no esperar todas las soluciones desde La Plata.
Por eso a meses de asumir no dudo en integrarse al nuevo plan de inseguridad impulsado por el gobierno de Scioli desde la cartera que conduce el Dr. Stornelli y asumir responsabilidades tras la firma de un “convenio de Colaboración Institucional” con el gobierno provincial el pasado 17 de abril.
El nuevo programa, que ya esta en funcionamiento también en Ituzaingó, Campana y Chacabuco, generó críticas y dudas.
En San Miguel la falta de información puntual sobre la implementación y las responsabilidades llevó a que el concejal Carlos Puricelli presentara un pedido de informes, atento al interés comunitario del tema, un mes y medio después de la firma, donde recordó que el Ejecutivo debe informal oficialmente al H.C.D. los contenidos del Plan como comunicar el Convenio de acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Hay avances de equipamiento tecnológico contemplados, como cámaras de seguridad, división de la ciudad en cuadrículas supervisada cada una por un móvil policial (que se había comenzado a implementar; vehículos monitoreados por GPS y red de telefonía móvil. Pero la incorporación de “serenos” es lo que comenzó la polémica.
Firmado por De La Torre y Stornelli el 17 de abril, en su artículo cuarto, inciso A, “La Municipalidad asignará para tareas de patrullaje preventivo y demás actividades de vigilancia en todo el ámbito del Partido de San Miguel, los rodados y el personal de choferes bajo el sistema denominado “Servicio de Serenos Particulares” según el Derecho 4069/91...”.
Citar ese decreto no es un dato menor, ya que se trata de la normativa que faculta al Ejecutivo para instalar este tipo de servicio. Allí se estipula que los sereno particulares se limitarán a la vigilancia eterna en la vía pública dentro del radio previamente denunciado y su función será la prevención de delitos y vigilancia de la seguridad personal delos habitantes, sus familias y los bienes de su propiedad, locación o usufructo.
Estos serenos podrán recorrer la zona dando cuenta a la policía de su jurisdicción de todo hecho que pudiera alterar la seguridad de la zona, cooperando como auxiliares de la institución policial, para los que se convocará a retirados de las fuerzas de seguridad (policía, Gendarmería, Prefectura), con fojas de servicio impecables y cuyos nombramientos serán monitoreados por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
En ese decreto que hace referencia el Convenio, en su artículo 20 se deja en claro que “los serenos particulares desempeñarán su tarea sin armamento, no admitiéndose el uso de ésta bajo ningún concepto, aún en el supuesto que quien realice la custodia pudiera estar autorizado a su portación en razón de otra ley”.
HACERSE CARGO
La responsabilidad asumida por la Municipalidad sanmiguelina tiene un costo económico. Así en el inciso B del artículo cuarto del convenio –que tiene una vigencia de dos años renovables- “la Municipalidad se hará cargo de las erogaciones en concepto de combustible, mantenimiento, reparación y seguros de los rodados”.
Además de la “evaluación técnica y aplicación de los medios logísticos a emplear” que correrán por exclusiva cuenta de la administración comunal junto con la contratación de una “cobertura de seguro para con el personal de choferes que prestará servicios bajo el sistema denominado Servicio de Serenos Particulares y demás obligaciones legales a su respecto”, de acuerdo a lo estipulado en los item C del artículo citado y el artículo quinto.
En tanto el Ministerio designará un efectivo policial por vehículo y por turno para el acompañamiento del servicio implementado en el distrito.
Desde la administración de Joaquín De La Torre no se informó oficialmente cómo se hará la reasignación de recursos económicos para la implementación del plan. En otros distritos se está pensando en la idea de una “tasa de seguridad” que, aunque saben que no será bien recibido por la población pretenden que el sistema de muestras de efectividad para que ese gasto quede justificado. (PUNTO CERO-www.aquilanoticia.com).
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