(Pilar de Todos). La presentación la hizo la agrupación Encuentro Pilarense. Es porque la urbanización colocó un alambrado perimetral sobre el espacio público. También pide que se investigue qué responsabilidades le competen al Municipio.
El Mapuche Country Club fue denunciado penalmente por el presunto delito de usurpación
de espacio público, al haber colocado un alambrado perimetral sobre unos 400 metros sobre veredas.
La presentación se hizo por parte del titular de la agrupación política Encuentro Pilarense, Gabriel Lagomarsino, quien había recorrido el lugar y recogido las quejas de los vecinos, que señalan que desde que el country puso ese nuevo cerco no pueden usar la vereda y tampoco la calle, porque es de tierra y cuando llueve se vuelve intransitable.
“Como ciudadano soy un defensor el estado de derecho y en ese marco creo que se han avasallado los derechos de la gente”, sostuvo Lagomarsino. “Yo no quiero que vaya nadie preso, sino que se saque el alambrado y que se mande una clara señal que la gente no puede hacer lo que se le canta con el espacio público”, añadió.
En el objeto del escrito, Lagomarsino señala que formula la denuncia por la “supuesta comisión del delito de Usurpación” en este caso contra los administradores de Mapuche Country Club.
Según vecinos, Mapuche colocó una segunda línea de alambrados con el propósito de evitar el accionamiento de los sensores de la alarma perimetral que posee la urbanización en el primero de los vallados. El cerco se dispuso aproximadamente en el mes de julio, a lo largo de la calle Leandro N. Alem, que une la ex Ruta 8 con el Ramal Pilar.
“De esta circunstancia tomaron cuenta los vecinos del Barrio El Buen Amigo, de La Lonja, y medios de prensa locales; (…) éstos últimos consultaron a ediles del Concejo Deliberante de Pilar, cuerpo bajo cuya incumbencia, y de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades, están las habilitaciones por el uso del suelo (…) y dijeron desconocer si el hecho responde a una acción que permitió el municipio, o bien ‘se trató de una apropiación ilegal del espacio público’”, expuso Lagomarsino.
Pero Lagomarsino y Encuentro Pilarense también apuntan a las presuntas responsabilidades que le competerían a la Comuna.
“En caso de haberse tratado de una acción originada en lo que los representantes de la urbanización cerrada consideraron equivocadamente como un permiso legal otorgado por el Municipio, cuando eventualmente tuvo carácter ilegal, cabría investigar la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la Administración pública municipal, abuso de Poder y/o instigación al Delito”, cerró Lagomarsino.
La denuncia fue presentada y ratificada ante la Fiscalía N° 4 de Pilar.
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