La Diputada Silvia Crocco (CONFE) presentó un proyecto de ley que tomará estado parlamentario esta semana en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que establece la obligatoriedad para los distribuidores de darle un destino responsable a las pilas y baterías
De esta manera, los proveedores deberán recibir las pilas y/o baterías usadas destinándolas a contenedores adecuados para su guarda hasta el momento de su retorno al lugar de origen o de entrega al colocador, acopiador o reciclador responsable de su tratamiento. Los consumidores, por su parte, deberán retornar a sus proveedores, de manera obligatoria la misma cantidad y tipo de las mismas, que las que deseen adquirir.
El incumplimiento de la norma traería aparejado sanciones como; multas, prohibición de venta de pilas y baterías, clausura del establecimiento, prohibición de introducir pilas y/o baterías en el territorio provincial o trabajos comunitarios relacionados con la preservación del medio ambiente. Las mismas serán aplicables a proveedores y/o consumidores.
La iniciativa entiende por pilas y baterías a las compuestas por dióxido de zinc- manganeso; dióxido de manganeso- magnesio; mercurio con oxido de zinc; litio; sulfuro litio-hierro; monofluoruro de litio- carbono aire despolarizado; zinc-aire; aluminio-aire; alcalinas de almacenamiento; hidróxido de níquel-cadmio; hidróxido de níquel-hidrogeno; oxido de plata-zinc; asido-plomo; sodio-sulfuro.
La legisladora de Leandro N. Além declaró que: "Es indudable que las pilas y acumuladores eléctricos agotados son contaminantes y por ende perjudican el medio ambiente y la salud de las personas. En consecuencia, deben existir normas que posibiliten un tratamiento adecuado y establezcan quién es el responsable por el destino de los mismos".
"No pueden considerarse residuos sólidos urbanos, ni tampoco se les puede dar el mismo tratamiento ya que son elementos que poseen distintos grados de toxicidad según los metales que las componen. Para saber la magnitud contaminante de una pila, basta con saber que una de las pequeñas que utilizamos en reloj pulsera, puede llegar a contaminar 600.000 litros de agua", subrayó la diputada cobista.
De esta manera, los proveedores deberán recibir las pilas y/o baterías usadas destinándolas a contenedores adecuados para su guarda hasta el momento de su retorno al lugar de origen o de entrega al colocador, acopiador o reciclador responsable de su tratamiento. Los consumidores, por su parte, deberán retornar a sus proveedores, de manera obligatoria la misma cantidad y tipo de las mismas, que las que deseen adquirir.
El incumplimiento de la norma traería aparejado sanciones como; multas, prohibición de venta de pilas y baterías, clausura del establecimiento, prohibición de introducir pilas y/o baterías en el territorio provincial o trabajos comunitarios relacionados con la preservación del medio ambiente. Las mismas serán aplicables a proveedores y/o consumidores.
La iniciativa entiende por pilas y baterías a las compuestas por dióxido de zinc- manganeso; dióxido de manganeso- magnesio; mercurio con oxido de zinc; litio; sulfuro litio-hierro; monofluoruro de litio- carbono aire despolarizado; zinc-aire; aluminio-aire; alcalinas de almacenamiento; hidróxido de níquel-cadmio; hidróxido de níquel-hidrogeno; oxido de plata-zinc; asido-plomo; sodio-sulfuro.
La legisladora de Leandro N. Além declaró que: "Es indudable que las pilas y acumuladores eléctricos agotados son contaminantes y por ende perjudican el medio ambiente y la salud de las personas. En consecuencia, deben existir normas que posibiliten un tratamiento adecuado y establezcan quién es el responsable por el destino de los mismos".
"No pueden considerarse residuos sólidos urbanos, ni tampoco se les puede dar el mismo tratamiento ya que son elementos que poseen distintos grados de toxicidad según los metales que las componen. Para saber la magnitud contaminante de una pila, basta con saber que una de las pequeñas que utilizamos en reloj pulsera, puede llegar a contaminar 600.000 litros de agua", subrayó la diputada cobista.
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