La Comisión de Vivienda convocó a Sergio Massa, Darío Giustozzi y Alejandro Granados para el miércoles 29, pero los intendentes condicionaron su presencia a la asistencia de opositores como Macri y el socialista Lisfchitz. La convocatoria surge luego que Fatala descargara sobre municipios y gobernaciones la responsabilidad por los convenios firmados con Shocklender. La taquigráfica completa de lo que dijo Fatala.
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados convocó a los tres intendentes del Conurbano que firmaron convenios con la Fundación de Madres de Plaza de Mayo para el miércoles 29, luego que Julio De Vido y sus funcionarios responsabilizaran a los municipios por el control de esas obras hoy cuestionadas por los manejos fraudulentos de Sergio Schoklender.
La Comisión que investiga el escándalo curso invitaciones a tres jefes comunales del conurbano con peso electoral que buscarán su reelección en octubre: Darío Giustozzi (Almirante Brown), Sergio Massa (Tigre) y Alejandro Granados (Ezeiza). Los tres aceptaron la invitación del presidente de la Comisión de Vivienda de Diputados, el radical Hipólito Faustinelli.
Pero se cuidarond e no quedar presos de una maniobra política del legislador radical. Exigieron como condición par asistir la presencia de Mauricio Macri; el intendente de Rosario, el socialista Miguel Lischitz y el de Bariloche, el radical Marcelo Cascón, los otros jefes comunales que firmaron convenios con las Madres. También reclamaron la presencia de los gobernadores en cuyas provincias Schoklender construyó viviendas.
“Queremos que nos detallen la operatoria, porque los dos representantes del Gobierno que vinieron dijeron que tenían convenios con los municipios”, explicó el diputado, quien confirmó personalmente la presencia de Massa y Giustozzi y obtuvo la de Granados a través de la esposa y diputada kirchnerista Dulce Granados.
El intendente de Almirante Brown, incluso, le adelantó que ya preparó los certificados de obra para acercarlos al juzgado de Norberto Oyarbide, a cargo de la causa sobre el manejo fraudulento de Shocklender.
Es que la estrategia de involucrar a los municipios y provincias partió del propio Julio De Vido, con la idea de correr al gobierno nacional del foco del escándalo por el financiamiento de las viviendas a la Fundación de Hebe de Bonafini que investiga la justicia.
"Es la vieja estrategia de meter a todo el mundo en el escándalo, si es de todods no es de nadie", explicó a LPO una de las víctimas de la maniobra de Planificación.
De Vido se lava las manos
La noche previa a que sus funcionarios declararan en la Comisión, De Vido dijo en un agasajo a periodistas que ponía las manos en el fuego por Hebe y aclaró que su vínculo por las obras de la Fundación “es con los municipios, que a su vez contratan a las empresas”. Entre ellas, claro, las investigadas por Oyarbide.
En su exposición a Diputados, Bontempo siguió esa línea. “Los controles diarios, periódicos, de seguimiento del pago de certificación, los lleva adelante la jurisdicción que convino con la Nación el financiamiento de una obra determinada. Quiere decir que existe un director de obra que en el caso de las provincias seguramente forma parte del Instituto de Vivienda, y en el caso de los municipios será la Secretaría de Obras Públicas que lleva adelante el control, que después reportará al subsecretario de Obras Públicas, o en el caso de las provincias, al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda”, señaló. Tigre, Almirante Brown y Ezeiza fueron algunos de los distritos citados como parte de esos convenios.
La versión taquigráfica de esa sesión ya están en manos de los diputados y hoy fue el tema de debate en la reunión de la Comisión, que no alcanzó el quórum por la imposibilidad de muchos diputados de viajar desde sus provincias.
Los contratos no aparecen
Por otro lado, en Diputados siguen esperando que Planificación les envíe los contratos firmados con las Madres. “Le pedí al Ministerio de Planificación la copia de los contratos que la cartera firmó con la Fundación y con los Municipios. Y lo mismo le exigiré a los intendentes”, adelantó Faustinelli.
Serán esos documentos los que mostrarán las responsabilidades reales de las partes como también si efectivamente no hubo análisis de costos, como sugirieron los funcionarios ante Diputados.
“El ministerio no va a poder justificar los desembolsos porque hizo acuerdos de precio por un valor tradicional y no por el sistema M2, que es el que se aplicó y cuesta un 30% menos”, anticipó. (La Política OnLine).
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados convocó a los tres intendentes del Conurbano que firmaron convenios con la Fundación de Madres de Plaza de Mayo para el miércoles 29, luego que Julio De Vido y sus funcionarios responsabilizaran a los municipios por el control de esas obras hoy cuestionadas por los manejos fraudulentos de Sergio Schoklender.
La Comisión que investiga el escándalo curso invitaciones a tres jefes comunales del conurbano con peso electoral que buscarán su reelección en octubre: Darío Giustozzi (Almirante Brown), Sergio Massa (Tigre) y Alejandro Granados (Ezeiza). Los tres aceptaron la invitación del presidente de la Comisión de Vivienda de Diputados, el radical Hipólito Faustinelli.
Pero se cuidarond e no quedar presos de una maniobra política del legislador radical. Exigieron como condición par asistir la presencia de Mauricio Macri; el intendente de Rosario, el socialista Miguel Lischitz y el de Bariloche, el radical Marcelo Cascón, los otros jefes comunales que firmaron convenios con las Madres. También reclamaron la presencia de los gobernadores en cuyas provincias Schoklender construyó viviendas.
“Queremos que nos detallen la operatoria, porque los dos representantes del Gobierno que vinieron dijeron que tenían convenios con los municipios”, explicó el diputado, quien confirmó personalmente la presencia de Massa y Giustozzi y obtuvo la de Granados a través de la esposa y diputada kirchnerista Dulce Granados.
El intendente de Almirante Brown, incluso, le adelantó que ya preparó los certificados de obra para acercarlos al juzgado de Norberto Oyarbide, a cargo de la causa sobre el manejo fraudulento de Shocklender.
Es que la estrategia de involucrar a los municipios y provincias partió del propio Julio De Vido, con la idea de correr al gobierno nacional del foco del escándalo por el financiamiento de las viviendas a la Fundación de Hebe de Bonafini que investiga la justicia.
"Es la vieja estrategia de meter a todo el mundo en el escándalo, si es de todods no es de nadie", explicó a LPO una de las víctimas de la maniobra de Planificación.
De Vido se lava las manos
La noche previa a que sus funcionarios declararan en la Comisión, De Vido dijo en un agasajo a periodistas que ponía las manos en el fuego por Hebe y aclaró que su vínculo por las obras de la Fundación “es con los municipios, que a su vez contratan a las empresas”. Entre ellas, claro, las investigadas por Oyarbide.
En su exposición a Diputados, Bontempo siguió esa línea. “Los controles diarios, periódicos, de seguimiento del pago de certificación, los lleva adelante la jurisdicción que convino con la Nación el financiamiento de una obra determinada. Quiere decir que existe un director de obra que en el caso de las provincias seguramente forma parte del Instituto de Vivienda, y en el caso de los municipios será la Secretaría de Obras Públicas que lleva adelante el control, que después reportará al subsecretario de Obras Públicas, o en el caso de las provincias, al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda”, señaló. Tigre, Almirante Brown y Ezeiza fueron algunos de los distritos citados como parte de esos convenios.
La versión taquigráfica de esa sesión ya están en manos de los diputados y hoy fue el tema de debate en la reunión de la Comisión, que no alcanzó el quórum por la imposibilidad de muchos diputados de viajar desde sus provincias.
Los contratos no aparecen
Por otro lado, en Diputados siguen esperando que Planificación les envíe los contratos firmados con las Madres. “Le pedí al Ministerio de Planificación la copia de los contratos que la cartera firmó con la Fundación y con los Municipios. Y lo mismo le exigiré a los intendentes”, adelantó Faustinelli.
Serán esos documentos los que mostrarán las responsabilidades reales de las partes como también si efectivamente no hubo análisis de costos, como sugirieron los funcionarios ante Diputados.
“El ministerio no va a poder justificar los desembolsos porque hizo acuerdos de precio por un valor tradicional y no por el sistema M2, que es el que se aplicó y cuesta un 30% menos”, anticipó. (La Política OnLine).
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