Asumió ese compromiso drante la comisión de Legislación General. Hay dudas sobre los datos actuales de extranjerización y el método usado para definir el valor de las tierras. La UCR se comprometió a hacer el plenario y sólo resta que Camaño convoque a Asuntos Constitucionales.
Cristina Kirchner aceptaría hacer varios cambios a la ley de extranjerización de tierras para lograr su sanción antes de fin de año, según dejaron entrever esta mañana diputados kirchneristas durante el debate de esa iniciativa en la comisión de Legislación General.
La sesión fue presidida por Vilma Ibarra y tuvo la presencia de miembros de todos los bloques, quienes podrían darle dictámenes la semana que viene en un plenario de comisiones que hoy no fue posible.
Es que como para que el texto llegue al recinto requiere la firma de Asuntos Constitucionales y Agricultura, Ibarra había pedido un plenario de las tres comisiones, pero sus titulares se negaron.
Esta mañana el radical Juan Tunessi se comprometió a que su compañero de bloque Juan Casañas convocará a Agricultura el próximo jueves, pero nadie pudo hacerse cargo de que lo mismo haga Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que a la misma hora trató los proyectos para implementar la boleta única. El peronismo federal es la fuerza más disgregada en esta última parte del año y nadie puede contar con seguridad con ellos.
Si Camaño no da señales de querer convocar la comisión para el inicio de la semana próxima, el kirchnerismo amenaza con pedirla ente el recinto en la sesión del miércoles.
Pero la negociación comenzó bien encaminada, sobre todo porque Ibarra manifestó que habría disposición a hacer cambios, por lo que la aprobación en general no debería traer inconvenientes.
Las objeciones son varias, sobre todo porque hay 17 proyectos sobre el tema pendientes e tratamiento. Basado en una ley de Brasil, el proyecto de Cristina limita a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica.
La diputada Verónica Benas, de Solidaridad e Igualdad (SI), dijo que según datos extraoficiales sólo habría en manos extranjeras entre y un 7 y un 10% de las tierras argentinas, o sea que, de ser así, la ley abriría un botín entre los empresarios por e l3% restante que quedarían habilitados a comprar.
Ocurre que no hay un registro nacional sobre los dueños de la tierra, información que manejan celosamente los gobiernos provinciales. La relación de estos mandatarios con empresas multinacionales es otro tema a considerar por la oposición, que cuestiona los vínculos entre el sanjuanino José Luis Gioja con las mineras y el reciente convenio del rionegrino Héctor Sainz con China.
"En la actualidad existen muchos emprendimientos, por ejemplo, los mineros, con gobernadores asociados a capitales que procuran una renta extraordinaria a costa de la depredación de nuestros recursos. No incluir estas situaciones es una concesión inexplicable", sostuvo Margarita Stolbizer.
Felipe Solá fue otro de los que pidió rever algunos aspectos. Hizo hincapié en el costo variable de las tierras, que no siempre guardan relación con la cantidad de hectáreas sino también con su valor turístico (como en los paisajes del sur) y la proclividad de la zona.
El jefe del bloque socialista, Lisandro Viale, ratificó la vocación de su fuerza de tener esta ley. “Los socialistas creemos que es indispensable abrir el debate sobre la extranjerización de nuestro suelo”, afirmó.
La Coalición Cívica recordó que el primer proyecto sobre este tema lo presentó Elisa Carrió en 2002 y sobre esa base, la diputada Susana García pidió definir con “criterios objetivos” la unidad económica, fijada en el proyecto en 1000 hectáreas.
"Propiciamos también la delimitación más precisa del 20% que se propone (para la propiedad rural en manos de extranjeros), ya que no queda clara la delimitación territorial y pedimos mayor prohibición en el caso de las zonas de frontera", agregó García.
El radical Ricardo Buryaile, ex director de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), presentó un proyecto que concilia todo el debate y vuelca el control en las provincias, política y jurídicamente.
Plantea que los extranjeros no posean la cuarta parte de la superficie rural de los Departamentos o partidos donde se sitúen y una excepción para las inversiones coordinadas con los gobiernos provinciales.
El kirchnerismo se mostró activo en buscar consensos. Los diputados Alex Ziegler, Alejandro Rossi, y Luis Cigogna defendieron la iniciativa y este último hasta debatió sobre la constitucionalidad con la ex Coalición Cívica Marcela Rodríguez. (La Polïtica OnLine).
Cristina Kirchner aceptaría hacer varios cambios a la ley de extranjerización de tierras para lograr su sanción antes de fin de año, según dejaron entrever esta mañana diputados kirchneristas durante el debate de esa iniciativa en la comisión de Legislación General.
La sesión fue presidida por Vilma Ibarra y tuvo la presencia de miembros de todos los bloques, quienes podrían darle dictámenes la semana que viene en un plenario de comisiones que hoy no fue posible.
Es que como para que el texto llegue al recinto requiere la firma de Asuntos Constitucionales y Agricultura, Ibarra había pedido un plenario de las tres comisiones, pero sus titulares se negaron.
Esta mañana el radical Juan Tunessi se comprometió a que su compañero de bloque Juan Casañas convocará a Agricultura el próximo jueves, pero nadie pudo hacerse cargo de que lo mismo haga Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que a la misma hora trató los proyectos para implementar la boleta única. El peronismo federal es la fuerza más disgregada en esta última parte del año y nadie puede contar con seguridad con ellos.
Si Camaño no da señales de querer convocar la comisión para el inicio de la semana próxima, el kirchnerismo amenaza con pedirla ente el recinto en la sesión del miércoles.
Pero la negociación comenzó bien encaminada, sobre todo porque Ibarra manifestó que habría disposición a hacer cambios, por lo que la aprobación en general no debería traer inconvenientes.
Las objeciones son varias, sobre todo porque hay 17 proyectos sobre el tema pendientes e tratamiento. Basado en una ley de Brasil, el proyecto de Cristina limita a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica.
La diputada Verónica Benas, de Solidaridad e Igualdad (SI), dijo que según datos extraoficiales sólo habría en manos extranjeras entre y un 7 y un 10% de las tierras argentinas, o sea que, de ser así, la ley abriría un botín entre los empresarios por e l3% restante que quedarían habilitados a comprar.
Ocurre que no hay un registro nacional sobre los dueños de la tierra, información que manejan celosamente los gobiernos provinciales. La relación de estos mandatarios con empresas multinacionales es otro tema a considerar por la oposición, que cuestiona los vínculos entre el sanjuanino José Luis Gioja con las mineras y el reciente convenio del rionegrino Héctor Sainz con China.
"En la actualidad existen muchos emprendimientos, por ejemplo, los mineros, con gobernadores asociados a capitales que procuran una renta extraordinaria a costa de la depredación de nuestros recursos. No incluir estas situaciones es una concesión inexplicable", sostuvo Margarita Stolbizer.
Felipe Solá fue otro de los que pidió rever algunos aspectos. Hizo hincapié en el costo variable de las tierras, que no siempre guardan relación con la cantidad de hectáreas sino también con su valor turístico (como en los paisajes del sur) y la proclividad de la zona.
El jefe del bloque socialista, Lisandro Viale, ratificó la vocación de su fuerza de tener esta ley. “Los socialistas creemos que es indispensable abrir el debate sobre la extranjerización de nuestro suelo”, afirmó.
La Coalición Cívica recordó que el primer proyecto sobre este tema lo presentó Elisa Carrió en 2002 y sobre esa base, la diputada Susana García pidió definir con “criterios objetivos” la unidad económica, fijada en el proyecto en 1000 hectáreas.
"Propiciamos también la delimitación más precisa del 20% que se propone (para la propiedad rural en manos de extranjeros), ya que no queda clara la delimitación territorial y pedimos mayor prohibición en el caso de las zonas de frontera", agregó García.
El radical Ricardo Buryaile, ex director de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), presentó un proyecto que concilia todo el debate y vuelca el control en las provincias, política y jurídicamente.
Plantea que los extranjeros no posean la cuarta parte de la superficie rural de los Departamentos o partidos donde se sitúen y una excepción para las inversiones coordinadas con los gobiernos provinciales.
El kirchnerismo se mostró activo en buscar consensos. Los diputados Alex Ziegler, Alejandro Rossi, y Luis Cigogna defendieron la iniciativa y este último hasta debatió sobre la constitucionalidad con la ex Coalición Cívica Marcela Rodríguez. (La Polïtica OnLine).
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