El titular del organismo que se encarga de las habilitaciones en la Ciudad fue a dar explicaciones a la comisión de Desarrollo Económico tras una serie de acusaciones de la oposición. El clima hostil de la previa no se tradujo en las preguntas de los legisladores pese a algunos encontronazos con el funcionario.
Luego de que la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (AGC) cayera una vez más en el ojo de las denuncias de la oposición, el titular del organismo encargado de las habilitaciones, la fiscalización y el control de las obras porteñas, Javier Ibáñez, visitó la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura para someterse a las preguntas de la oposición.
Mientras se preparaba la exposición de Ibáñez, todo hacía pensar que la reunión de la Comisión podía atravesar momentos de tensión, puesto que la mitad de la Sala de Interesecretarías fue copada por un grupo de familiares de víctimas por derrumbes en la Ciudad como el boliche Beara o de personas que portaban carteles que exigían la “destitución y cárcel para los corruptos”.
Sin embargo, pese a algunos gritos de algunos familiares o algún cruce con legisladores de la oposición, el titular de la AGC no pasó sobresaltos durante las casi tres horas que estuvo respondiendo preguntas, bajo la coordinación de la presidenta de la comisión, Delia Bisutti.
Lo primero que hizo Ibáñez fue advertir que no puede “asumir roles de otros actores sociales” y que hay que “enseñarle a la sociedad que cumpla sus roles con responsabilidad”. El funcionario estaba haciendo referencia al “fraude” de la que es víctima la AGC por parte “de personas que piden una habilitación y después hacen otra cosa”, en relación a los empresarios “que intentan burlar constantemente al Estado”.
Luego aclaró que el juez Juan Ramos Padilla investiga cinco causas emparentadas a la AGC y que él mismo fue el autor de tres de ellas.
“Las otras causas fueron impulsadas por Ricardo Opaso del que la cámara Penal y Contravencional de faltas ratificó la inhabilitación por dos años de su boliche Palo Alto y Damián Español Rusty Nail, que en diciembre pasado fue denunciado por Telefé Noticias con cámara oculta por desvirtuación de rubro y venta de alcohol a menores”, explicó el funcionario macrista y agregó que “ese local tuvo 17 clausuras administrativas por funcionar como local de baile y violó clausura en 20 oportunidades”.
Pese a que uno de los motivos para su citación fue la renuncia de la directora general de Fiscalización y Control de la ciudad, Vanesa Berkowski, Ibáñez se limitó a leer la carta de dimisión de la ex funcionaria y aclaró que no opinaría del tema.
Corrupción ajena
Con respecto a la causa que Ramos Padilla lleva contra personas supuestamente relacionadas a la AGC por “posibles participaciones en extorsiones a comerciantes, cohechos, delitos electorales, negociaciones incompatibles con la función pública”, Ibáñez desligó a su organismo al señalar que “los hechos de corrupción mencionados son imputados a gestores ajenos a la agencia”.
Otra de las acusaciones por las que fue citado Ibáñez fue la participación de su padre en un jurado de un concurso interno de la AGC. En ese sentido, el funcionario admitió que su padre trabaja como asesor de su firma legal en el organismo y señaló que “tiene la idoneidad para ser jurado”, lo que le valió críticas del diputado Rafael Gentili, de Proyecto Sur, con quien tuvo uno de los cruces más fuertes de la jornada.
Ante las denuncias de corrupción que Gentili vertió sobre la Agencia, Ibáñez lo invitó a decírselo a la cara a los 3 mil trabajadores del organismo, a lo que el diputado accedió.
Quien también generó gritos de parte de los diputados del PRO fue la diputada Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, que mencionó un par de boliches que están habilitados pese a presentar irregularidades.
Ibáñez respondió que si cualquier legislador está al tanto de algún hecho de corrupción, debe presentarse a la Justicia, como él mismo hace. Esa fue una de las frases más repetidas por el funcionario a lo largo de la tarde.
El titular de la AGC también le envió un mensaje a los legisladores del PRO que estuvieron presentes (entre otros, Cristian Ritondo, Enzo Pagani, Karina Spalla, Carolina Stanley y Jorge Garayalde), al pedirles que apuren la sanción de una ley para la modificación del procedimiento de faltas especiales.
Según Ibáñez, esto aceleraría el proceso judicial para clausurar locales ante denuncias de la propia AGC. El funcionario explicó que en el caso del boliche Beara, su organismo había denunciado irregularidades pero las demoras de la Justicia evitaron la clausura del local que dejó dos víctimas tras su derrumbe en septiembre de 2010.
Llamativamente, la única representante del kirchnerismo en la reunión a la que incluso acudieron legisladores ajenos a la comisión, fue María José Lubertino. (La Polïtica OnLine).
Luego de que la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (AGC) cayera una vez más en el ojo de las denuncias de la oposición, el titular del organismo encargado de las habilitaciones, la fiscalización y el control de las obras porteñas, Javier Ibáñez, visitó la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura para someterse a las preguntas de la oposición.
Mientras se preparaba la exposición de Ibáñez, todo hacía pensar que la reunión de la Comisión podía atravesar momentos de tensión, puesto que la mitad de la Sala de Interesecretarías fue copada por un grupo de familiares de víctimas por derrumbes en la Ciudad como el boliche Beara o de personas que portaban carteles que exigían la “destitución y cárcel para los corruptos”.
Sin embargo, pese a algunos gritos de algunos familiares o algún cruce con legisladores de la oposición, el titular de la AGC no pasó sobresaltos durante las casi tres horas que estuvo respondiendo preguntas, bajo la coordinación de la presidenta de la comisión, Delia Bisutti.
Lo primero que hizo Ibáñez fue advertir que no puede “asumir roles de otros actores sociales” y que hay que “enseñarle a la sociedad que cumpla sus roles con responsabilidad”. El funcionario estaba haciendo referencia al “fraude” de la que es víctima la AGC por parte “de personas que piden una habilitación y después hacen otra cosa”, en relación a los empresarios “que intentan burlar constantemente al Estado”.
Luego aclaró que el juez Juan Ramos Padilla investiga cinco causas emparentadas a la AGC y que él mismo fue el autor de tres de ellas.
“Las otras causas fueron impulsadas por Ricardo Opaso del que la cámara Penal y Contravencional de faltas ratificó la inhabilitación por dos años de su boliche Palo Alto y Damián Español Rusty Nail, que en diciembre pasado fue denunciado por Telefé Noticias con cámara oculta por desvirtuación de rubro y venta de alcohol a menores”, explicó el funcionario macrista y agregó que “ese local tuvo 17 clausuras administrativas por funcionar como local de baile y violó clausura en 20 oportunidades”.
Pese a que uno de los motivos para su citación fue la renuncia de la directora general de Fiscalización y Control de la ciudad, Vanesa Berkowski, Ibáñez se limitó a leer la carta de dimisión de la ex funcionaria y aclaró que no opinaría del tema.
Corrupción ajena
Con respecto a la causa que Ramos Padilla lleva contra personas supuestamente relacionadas a la AGC por “posibles participaciones en extorsiones a comerciantes, cohechos, delitos electorales, negociaciones incompatibles con la función pública”, Ibáñez desligó a su organismo al señalar que “los hechos de corrupción mencionados son imputados a gestores ajenos a la agencia”.
Otra de las acusaciones por las que fue citado Ibáñez fue la participación de su padre en un jurado de un concurso interno de la AGC. En ese sentido, el funcionario admitió que su padre trabaja como asesor de su firma legal en el organismo y señaló que “tiene la idoneidad para ser jurado”, lo que le valió críticas del diputado Rafael Gentili, de Proyecto Sur, con quien tuvo uno de los cruces más fuertes de la jornada.
Ante las denuncias de corrupción que Gentili vertió sobre la Agencia, Ibáñez lo invitó a decírselo a la cara a los 3 mil trabajadores del organismo, a lo que el diputado accedió.
Quien también generó gritos de parte de los diputados del PRO fue la diputada Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, que mencionó un par de boliches que están habilitados pese a presentar irregularidades.
Ibáñez respondió que si cualquier legislador está al tanto de algún hecho de corrupción, debe presentarse a la Justicia, como él mismo hace. Esa fue una de las frases más repetidas por el funcionario a lo largo de la tarde.
El titular de la AGC también le envió un mensaje a los legisladores del PRO que estuvieron presentes (entre otros, Cristian Ritondo, Enzo Pagani, Karina Spalla, Carolina Stanley y Jorge Garayalde), al pedirles que apuren la sanción de una ley para la modificación del procedimiento de faltas especiales.
Según Ibáñez, esto aceleraría el proceso judicial para clausurar locales ante denuncias de la propia AGC. El funcionario explicó que en el caso del boliche Beara, su organismo había denunciado irregularidades pero las demoras de la Justicia evitaron la clausura del local que dejó dos víctimas tras su derrumbe en septiembre de 2010.
Llamativamente, la única representante del kirchnerismo en la reunión a la que incluso acudieron legisladores ajenos a la comisión, fue María José Lubertino. (La Polïtica OnLine).
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