El Consejo de la Magistratura porteño desestimó una denuncia realizada por un juez contra un empleado de un juzgado por el extravío del texto original de una sentencia. En el organismo consideraron que sólo se cuenta con un “indicio endeble sobre un posible responsable”. El empleado ahora trabaja en la Dirección de Seguridad del Consejo.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desestimó la denuncia presentada por el titular del Juzgado PCyF N°10, Gabriel Vega, contra un empleado judicial que se desempeñaba como auxiliar por el extravió del texto original de una sentencia.
Se trata del expediente “SCD s/ denuncia formulada por el Sr. Titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas nº 10, Dr. Gabriel Eduardo Vega” que se inició luego de que el pasado 25 de agosto el magistrado presentara la denuncia ante el Consejo contra el auxiliar Pablo Citro por el extravió de una sentencia.
El periplo comenzó cuando otro juez PCyF, Carlos Bentolila, solicitó una certificación del estado de la causa “Alejandro Suarez y otro s/ inf. Art. 4.1.1.2, habilitación de infracción – L 451”, cuyo tratamiento estaba bajo la órbita del juzgado de Vega. Allí se dispuso que el auxiliar realice las copias para ser enviadas junto con la certificación solicitada.
Luego a casi un mes de haber sido encomendado a realizar las copias, la prosecretaria coadyuvante del juzgado advirtió que “en la causa no se encontraba glosada el acta original de la audiencia de juicio que se encontraba oblada”. Había desaparecido la sentencia.
El magistrado dispuso la “inmediata e intensa” búsqueda del acta original ordenando el resguardo de las actuaciones por el secretario. Quién además realizó entrevistas entre los empleados del juzgado y buscó la sentencia incluso en la fotocopiadora del edificio. Luego concurrió al juzgado que había solicitado las copias, y allí tampoco estaban.
Por ello, y tras reconstruir la pieza extraviada en el expediente con una copia certificada de la sentencia desaparecida el magistrado giró las actuaciones al Consejo porteño a fin de determinar si el actuar del auxiliar era plausible de sanción por parte del organismo. Es que para el magistrado los episodios en los cuales el agente se encontraba involucrado “…hacen que le haya perdido mi confianza para el desempeño del cargo que ocupa en el Juzgado a mi cargo”.
“No debe soslayarse la trascendencia que reviste la pérdida de una pieza original de un expediente judicial y la necesidad de que circunstancias como las relatadas sean esclarecidas”, sostuvo el Consejo en su resolución.
Sin embargo consideró que “no resulta suficiente y eficaz para abrir un proceso sumarial” la relación circunstanciada de los hechos en que se funda la denuncia, esto es, “el extremo consistente en que el agente Citro fuese el encargado de la extracción de las copias”.
A ello se suma el hecho de que trascurrió casi un mes entre el momento en que el denunciado por el magistrado “pudo haber sido encomendado en la extracción de copias” y el momento en que se advirtió la falta de la pieza original. Por lo que “puede presumirse que no fue el único que manipuló el expediente, como así tampoco el único con posibilidades de contacto con el mismo”.
Esto impide iniciar una investigación contra el empleado ya que sólo hay un “indicio endeble sobre un posible responsable”. Por ello decidieron desestimar la denuncia del juez y archivar las actuaciones.
El auxiliar no se desempeña más en el juzgado del magistrado puesto que mediante la resolución del Consejo porteño N° 680/2011 del 27 septiembre pasado se dispuso el pase de Citro a la Dirección de Seguridad del Consejo de la Magistratura. (Diario Judicial).
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desestimó la denuncia presentada por el titular del Juzgado PCyF N°10, Gabriel Vega, contra un empleado judicial que se desempeñaba como auxiliar por el extravió del texto original de una sentencia.
Se trata del expediente “SCD s/ denuncia formulada por el Sr. Titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas nº 10, Dr. Gabriel Eduardo Vega” que se inició luego de que el pasado 25 de agosto el magistrado presentara la denuncia ante el Consejo contra el auxiliar Pablo Citro por el extravió de una sentencia.
El periplo comenzó cuando otro juez PCyF, Carlos Bentolila, solicitó una certificación del estado de la causa “Alejandro Suarez y otro s/ inf. Art. 4.1.1.2, habilitación de infracción – L 451”, cuyo tratamiento estaba bajo la órbita del juzgado de Vega. Allí se dispuso que el auxiliar realice las copias para ser enviadas junto con la certificación solicitada.
Luego a casi un mes de haber sido encomendado a realizar las copias, la prosecretaria coadyuvante del juzgado advirtió que “en la causa no se encontraba glosada el acta original de la audiencia de juicio que se encontraba oblada”. Había desaparecido la sentencia.
El magistrado dispuso la “inmediata e intensa” búsqueda del acta original ordenando el resguardo de las actuaciones por el secretario. Quién además realizó entrevistas entre los empleados del juzgado y buscó la sentencia incluso en la fotocopiadora del edificio. Luego concurrió al juzgado que había solicitado las copias, y allí tampoco estaban.
Por ello, y tras reconstruir la pieza extraviada en el expediente con una copia certificada de la sentencia desaparecida el magistrado giró las actuaciones al Consejo porteño a fin de determinar si el actuar del auxiliar era plausible de sanción por parte del organismo. Es que para el magistrado los episodios en los cuales el agente se encontraba involucrado “…hacen que le haya perdido mi confianza para el desempeño del cargo que ocupa en el Juzgado a mi cargo”.
“No debe soslayarse la trascendencia que reviste la pérdida de una pieza original de un expediente judicial y la necesidad de que circunstancias como las relatadas sean esclarecidas”, sostuvo el Consejo en su resolución.
Sin embargo consideró que “no resulta suficiente y eficaz para abrir un proceso sumarial” la relación circunstanciada de los hechos en que se funda la denuncia, esto es, “el extremo consistente en que el agente Citro fuese el encargado de la extracción de las copias”.
A ello se suma el hecho de que trascurrió casi un mes entre el momento en que el denunciado por el magistrado “pudo haber sido encomendado en la extracción de copias” y el momento en que se advirtió la falta de la pieza original. Por lo que “puede presumirse que no fue el único que manipuló el expediente, como así tampoco el único con posibilidades de contacto con el mismo”.
Esto impide iniciar una investigación contra el empleado ya que sólo hay un “indicio endeble sobre un posible responsable”. Por ello decidieron desestimar la denuncia del juez y archivar las actuaciones.
El auxiliar no se desempeña más en el juzgado del magistrado puesto que mediante la resolución del Consejo porteño N° 680/2011 del 27 septiembre pasado se dispuso el pase de Citro a la Dirección de Seguridad del Consejo de la Magistratura. (Diario Judicial).
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