Así lo marcó el senador oficialista Jorge D’onofrio en el marco del debate sobre reestatizar el juego. “Habría que revisar si las concesiones de los bingos y las máquinas tragamonedas no contradicen esa norma constitucional”, enfatizó. Además, en diálogo con Info Región, propuso que se rediscuta todo, incluso el pago del cánon y los sistemas de control de las máquinas electrónicas.
El senador bonaerense del FPV Jorge D’onofrio evitó pronunciarse abiertamente a favor del proyecto de reestatización del juego en la provincia de Buenos Aires, impulsado por su propia fuerza política en la Cámara de Diputados, aunque enfatizó en varias oportunidades que la Constitución provincial dispone que sea una actividad reservada para el Estado. Igualmente, en una demostración de equilibrio, sostuvo que la iniciativa no debía funcionar como una traba a la gestión del gobernador Scioli, aunque destacó que se debe revisar todo en torno del juego, incluyendo el cánon que pagan las concesionarias.
Según el legislador “habría que revisar si las concesiones que se han dado en los juegos de los bingos y las máquinas tragamonedas no contradice la norma constitucional. Más allá de eso, habría que revisar si los cánones que pagan son los adecuados”.
Consultado por Info Región por el proyecto de estatizar bingos y casinos, elaborado por el diputado oficialista Mario Caputo, D’onofrio insistió en que “la Constitución es muy clara, el juego en la provincia de Buenos Aires es patrimonio y monopolio del Estado”.
En rigor, el artículo 37 de la Carta Magna provincial es particularmente ambiguo sobre el tema al disponer que “esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”, aunque inmediatamente después aclara que “la ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior”.
El dilema de la participación del capital privado sin privatización es lo que no resuelve la Constitución.
En cualquier caso, el juego se ha privatizado de hecho en la Provincia a través de la ley 11018, que construye una máscara con entidades sin fines de lucro a las que habilita a la explotación de “Lotería Familiar o Bingo”, las que operan como pantalla para encubrir formalmente la explotación privada del juego de azar.
Sobre esa situación, D’onofrio elaboró su propia interpretación al considerar que “la premisa es obviamente lo que la Constitución manda, que el Estado es el único que puede explotar el juego”, aunque enseguida aclaró: “Tampoco tengo demasiado claro que el Estado se dedique a explotar directamente máquinas tragamonedas”.
Para el Senador, “primero habría que revisar si no se ha transgredido la norma porque, si uno analiza, hoy es mucho más fuerte el juego de los tragamonedas que el del bingo mismo”.
“De hecho, hay hasta ruletas o máquinas de caballos de carreras, dentro de la parte de tragamonedas y se apuesta igual en el casino que en el hipódromo”, resaltó el legislador.
En ese sentido, consideró que “hay que revisar esto, pero fundamentalmente el negocio en sí y cuál es el canon que le corresponde a la Provincia”.
De todas maneras, aclaró que la suya no es una posición que encierre una intencionalidad política ulterior, como podría ser obstruirle a la Provincia la posibilidad de obtener un ingreso extraordinario mediante un cobro por única vez a las empresas que explotan el juego a cambio de prorrogarles las concesiones por 15 años más, tal como resolvió el Ejecutivo bonaerense mediante un decreto.
“Si esto encierra una voluntad política de entorpecerle el camino al gobernador (Daniel Scioli), que conmigo no cuenten”, expresó con respecto a la versión de que el kirchnerismo impulsaba esa estrategia.
“Lo que tengo claro es que son 5 mil millones lo que los bonaerenses dejan en los bingos y tragamonedas, que creo que el tema de la ludopatía no se está contemplando, tampoco el control sobre todas estas cuestiones, porque más allá de que hay un sistema que mantiene conectadas todas las máquinas no hay un control que asegure que eso suceda las 24 horas del día”, planteó.
Opinó que “lo más lógico sería que haya una discusión a nivel parlamentario, una comisión que revise todo esto, pero sin los anuncios rimbombantes, sino simplemente para estudiar de fondo la situación”.
Con respecto a la extensión de licencias que el gobernador realizó el mes pasado, sostuvo que “no se hizo nada ilegal. Es más, el Legislativo es responsable por haber delegado esas facultades en el Ejecutivo, porque se analizó la Constitución también, hay jurisprudencia en cuanto a eso, por lo que no hay nada ilegal”.
“Podemos estudiar la procedencia o la oportunidad, pero más allá de analizar cada una de las coyunturas creo que tendríamos que revisar realmente el perfil de lo que es el juego para la Provincia y cómo articularlo de la mejor manera”, apuntó D’onofrio.
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