LA PLATA: Quieren controlar la evolución patrimonial de legisladores y funcionarios provinciales.

LA PLATA, Agosto 21, (PUNTO CERO-Diariohoy.net) Un diputado de la oposición y otro del oficialismo presentaron proyectos que apuntan a que, quienes asuman cargos legislativos o de dirección, estén obligados a dejar constancia de sus bienes y luego a declarar su evolución. Hoy la mayoría ni siquiera presenta su declaración jurada. “Los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”.
La frase del diputado oficialista Daniel Gurzi, extraída de cualquiera de los cientos de libros que ilustran la vida del ex presidente Juan Perón, sintetiza el objetivo de los proyectos que, como el suyo, buscan establecer un mecanismo que permita medir la evolución patrimonial de funcionarios públicos y representantes del electorado.
Gurzi pretende que los legisladores y los funcionarios jerárquicos de las dos cámaras detallen sus bienes ante escribanos públicos y presenten esas declaraciones ante oficinas especiales de las Cámaras de Diputados y Senadores. El diputado del ARI Walter Martello quiere más: pretende que también los funcionarios y representantes de los otros poderes de la Provincia y los municipios estén obligados a realizar su declaración patrimonial.
También, que la actualicen cada vez que se modifiquen sus carteras de activos; que exista una base de datos de acceso público; y que se obligue a los funcionarios y representantes a justificar los aumentos patrimoniales. En esa dirección, la de hacer públicas las declaraciones juradas y los ingresos de los legisladores, el Cippec y otras organizaciones no gubernamentales publicaron un Directorio Legislativo que incluye, entre otras informaciones de interés para el electorado, las declaraciones de bienes e ingresos realizadas por los propios legisladores.
Lo curioso es que, salvo raras excepciones, los diputados y senadores de la Provincia sólo reconocieron sus ingresos como legisladores: 8 mil pesos como diputados y 10 mil como senadores, sumando dieta y gastos de representación al momento de realizarse el informe. Además, muy pocos presentaron sus declaraciones juradas.
Y ni hablar de actualizarlas. Gurzi y Martello formaron parte, como era de esperar, de ese puñado de diputados y senadores que no tuvieron inconvenientes en que se ventilen sus declaraciones de bienes. Martello explicó que, aunque está vigente el decreto-ley 9.624/80, que obliga a realizar declaraciones juradas, al no contemplarse penalidades, la mayoría de los legisladores no hizo efectiva su obligación. “Hoy en la Provincia está vigente el sistema de presentación de declaración jurada ante la Escribanía General de Gobierno, pero es un decreto ley de la dictadura desactualizado y que, por ejemplo, no contempla la posibilidad de hacer un seguimiento de la evolución patrimonial y deja abierto a que cada Poder reglamente las sanciones, con lo cual son juez y parte. Además, el proyecto no incluye específicamente los datos a consignar”, explicó el diputado ante una pregunta de Hoy.
Gurzi, en tanto, abogó por un mayor control y transparencia en la evolución del patrimonio de los representantes del pueblo, aunque reconoció como un avance la ley nacional 25.188, de Etica pública. “Debemos desde la provincia de Buenos Aires avanzar en la misma dirección, sabiendo que ese avance significa la construcción de un sólido camino en la reconstrucción de los valores que hacen a la representatividad y que son base de nuestro sistema político”, afirma. Y cree que si se aprobara su proyecto, se daría un primer paso en ese sentido.
Por su parte, Martello sostiene como criterio general que es el propio funcionario quien debe demostrar que su evolución patrimonial es acorde con sus ingresos. “Prueba en contrario, se presume enriquecimiento ilícito todo aumento apreciable de patrimonio que no haya sido declarado en un porcentaje superior al que permitiere el normal incremento, a causa de los ingresos obtenidos en el desempeño de la función pública, o en contravención a lo dispuesto por esta ley y también el que se obtenga por violación a las leyes de incompatibilidades”, afirma en su proyecto.
La experiencia argentina de los últimos años, en especial la de la última década del siglo XX, parece justificar tamaña dureza para controlar a los representantes del pueblo.

Antecedentes de los proyectos
Los proyectos de Gurzi y Martello reconocen como una de sus fuentes inspiración la ley nacional 25.188 - de Etica pública - y algunas iniciativas parlamentarias que no llegaron a buen término, como la del justicialista Germán Carballal, que en 1999 firmó un proyecto de declaración -aprobado por la Cámara de Diputados - a través del cual se pidió a los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado y niveles de gobierno que hagan pública su situación patrimonial. Antes de esa exhortación, la senadora radical Ana María Posadas presentó un proyecto de ley, que no prosperó, que buscaba que los funcionarios y agentes de la administración pública provincial presentaran y actualizaran sus declaraciones juradas de bienes.
La preocupación por la evolución patrimonial de los políticos también ha llegado a la órbita partidaria. El propio Martello, junto con el diputado nacional Adrián Pérez, propuso el mismo sistema de auditoría patrimonial y con los mismos requisitos del proyecto del ley para ser presentados ante las autoridades partidarias del ARI cada año.
La iniciativa podría ser aprobada en el próximo congreso provincial del partido.

Vínculo
¿Por qué impulsar un proyecto para transparentar la riqueza de los legisladores? “Lo sucedido en nuestro país en los últimos años tiene que ser suficiente estímulo para que pongamos manos a la obra en aquellas iniciativas que profundicen el contralor de los actos públicos y de las personas respon-sables de su realización”, dice el proyecto de Gurzi.
El legislador reconoce como “un paso importante” la ley de Etica pública y afirma: “Debemos avanzar en la misma dirección, sabiendo que significa la construcción de un sólido camino en la reconstrucción de los valores que hacen a la representatividad y que son base de nuestro sistema político”.

Normas
Martello sostiene, en su proyecto, que en las declaraciones juradas deben constar un detalle de todos los bienes y valores propios y de familiares directos. No debería faltar un detalle de los inmuebles ubicados en el país o en el extranjero; las cuentas bancarias en entidades locales o del exterior con sus saldos actualizados; tarjetas de crédito; fideicomisos o hipotecas; créditos; situación ante la Dirección de Rentas y juicios pendientes de resolución.
El legislador del ARI considera que las declaraciones deberían renovarse cada dos años o bien cuando se produzcan modificaciones. (PUNTO CERO-Diariohoy.net).