TANDIL, Octubre 24, (PUNTO CERO) La polémica gira en torno de la ordenanza que elevó el gravamen a la extracción de piedra en el distrito. La comuna promulgó hoy la suba de la carga tributaria luego de que los empresarios solicitaran que fuera vetada y advirtieran sobre futuras acciones legales
Ante la polémica carta que las siete principales firmas canteristas radicadas en Tandil remitieron al intendente Miguel Lunghi para manifestar su rechazo hacia las medidas adoptadas para regular la actividad minera en el distrito, el Secretario General de Gobierno, Carlos Fernández, dijo que hoy el Departamento Ejecutivo promulgó la Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que modifica el gravamen a la extracción de la piedra.
En tal sentido, el funcionario señaló que desde el comienzo de la gestión se decidió que "no habría más canteras que las que ya estaban establecidas", que se evaluaría el "traslado" de las que estaban funcionando "fuera de la Poligonal A" y la formación de un Parque Minero.
"Esas decisiones políticas son inamovibles" sentenció Fernández en relación al pedido que efectuaron los empresarios del sector mediante una carta enviada a Lunghi.
Se debe recordar que en la carta - firmada por gerentes o apoderados de Carba SA, El Tricante SA, Canteras Montecristo SRL, Petrominera SACIF, Cerro Federación SA, Minera Tandil y Luis Cattoni- los empresarios solicitaron al Ejecutivo municipal que "hiciera uso de su poder de veto" para derogar las ordenanzas aprobadas por el Deliberante ya que consideraron que "desalientan" la actividad del sector.
Al respecto, Fernández señaló que la comuna está en un "proceso de consulta conjunta con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires para actuar en consecuencia" y al mismo tiempo aclaró que a pesar de que se prevé una reunión con la Ministra Débora Giorgi para la semana próxima, aún "no se puede hablar de plazos".
De esta manera afirmó que "la aplicabilidad de la ordenanza que regularía la manera en que se explotan los cerros, queda sujeta a consulta con el Ministerio" por lo que desestimó una intervención del intendente para derogar las recientes modificaciones introducidas a las ordenanzas que los empresarios consideraron "inconstitucionales".
Cabe recordar que los empresarios titulares de las canteras habían señalado en la carta remitida a Lunghi, que las ordenanzas aprobadas por el deliberante "desalientan la actividad minera en la ciudad" y al mismo tiempo indicaron que la carga tributaria impuesta al sector es "inconstitucional".
En tal sentido, los empresarios manifestaron que la modificación a la ordenanza 4133/87 "es ilegal" en un doble sentido, ya que en primer lugar, la norma nunca fue legitimada porque los municipios "no pueden regular en materia minera" y, en segundo lugar, porque fue derogada en virtud de la vigencia del Acuerdo Marco firmado entre la comuna y los canteristas.
Otro de los puntos objetados por los titulares de las canteras es la modificación del gravamen local impuesto a la actividad minera en esa jurisdicción.
Según señalaron "se elevó la carga tributaria a niveles incompatibles" no sólo con el rendimiento económico de la producción, sino también "con la naturaleza del tributo, su objeto y razón de su existencia".
Por último, la carta apunta contra los funcionarios que intervinieron en la elaboración de las normativas que pretenden regular la actividad en el distrito al considerar que "actuaron fuera de los límites establecidos por el Estado" y sugieren futuras acciones legales.
"Parecen olvidar la dura calificación de inconstitucionalidad y nulidad que nuestro derecho público provincial le da a tales excesos y también olvidan las graves, amplias y directas responsabilidades personales que le ley les impone a quienes cometan tales abusos, excesos, irregularidades e incluso omisiones" concluye el documento. (PUNTO CERO).
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