LA NACION DENUNCIA A LOTERIA

BUENOS AIRES, Enero30, (PUNTO CERO-La Política OnLine) La Nación sorprende cada tanto abordando en sus editoriales -sección poco sexy que no suele leerse-, muy espinosos casos de corrupción que los grandes medios no suelen llevar a tapa, como ocurría antiguamente cuando se detectaba la posibilidad de una defraudación al Estado por parte de funcionarios políticos. En este caso el diario fundado por Bartolomé Mitre, ahonda la causa que investiga a Lotería Nacional, habitual caja de la política, que en los papeles apunta a obtener fondos para la gestión del Ministerio de Desarrollo Social.
Una causa judicial impulsada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, podría convertirse -en caso de ser comprobadas las irregularidades denunciadas- en la punta de un iceberg capaz de provocar severos daños a la imagen de transparencia y probidad de la administración nacional. En efecto, el fiscal pidió al juez federal Julián Ercolini que investigue los gastos de campaña publicitaria de Lotería Nacional desde 2003, con el fin de determinar si una adjudicación directa y una licitación pública fueron direccionadas con el fin de beneficiar a una empresa determinada.
El fiscal sospecha de negociaciones incompatibles con la función pública, además del probable pago de supuestos sobornos. Sus acusaciones alcanzan al presidente de Lotería Nacional, Roberto Armando López, y a otros funcionarios de esa empresa estatal.
La Fiscalía Nacional de Investigaciones comenzó la fiscalización a partir de la denuncia formulada por Raúl Rivero, apoderado de la empresa ADV Vásquez SA, quien afirmó que la contratación directa 26 de 2004 y la licitación pública 3 de 2005 para la campaña publicitaria del año último para promocionar el Loto, la Quiniela, el Prode, la Grande de la Nacional y otros productos de Lotería Nacional, habían sido "direccionadas" hacia su competidora, la compañía Graffiti.
Tras el análisis de la documentación que debía respaldar las adjudicaciones de las millonarias campañas publicitarias, Garrido concluyó que en ambos casos los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones de Lotería "recurrieron a diversos mecanismos espurios, carentes de sustento legal y transparencia". En su interpretación, esto se produjo con el fin de "encontrar argumentos para poder aconsejar la adjudicación de esas contrataciones a Graffiti cuando ésa no era ni la mejor oferta ni la más conveniente para esa sociedad del Estado".
Por otra parte, el fiscal argumentó ante el juez que la empresa perjudicada había obtenido la mejor calificación en el concurso y presentado "la mejor cotización de agencia", además de la mejor propuesta técnica. La propuesta de la agencia Vázquez había obtenido una calificación de 86,5 y la de Graffiti, sólo de 75 puntos.
En el proceso interno para la adjudicación, la Gerencia de Asuntos Jurídicos se había opuesto a otorgarle la campaña a la empresa que resultó adjudicataria. Estas fueron las razones por las que el fiscal Garrido responsabilizó de la supuesta maniobra a los miembros de la Comisión de Preadjudicación y del directorio de Lotería Nacional, quienes convalidaron la adjudicación. También pidió al juez Ercolini que solicitara a Lotería Nacional la documentación de todos los pagos hechos a Graffiti y los movimientos bancarios realizados alrededor de este contrato, entre otras cuestiones.
La Lotería Nacional siempre ha sido considerada una caja de la política, y ello justificaría la pulseada entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (donde el juego mueve 9000 millones de pesos anuales), que arrastran un largo pleito por la recaudación de los juegos de azar en la Capital Federal.
Todos esos recursos deberían ser usados para mejorar la atención hospitalaria o atender la seguridad y generar empleo, entre otras funciones propias del Estado. Sin embargo, y por la ausencia de controles eficaces y la desaprensión de los funcionarios, ese dinero siempre ha estado bajo sospecha de ser utilizado por los gobiernos de turno para hacer política partidaria, instalar a un candidato en la ciudad e incluso para fomentar una reelección.
Es menester que las sospechas recaídas sobre algunas de las autoridades de Lotería Nacional se investiguen a fondo, con objetividad y en un plazo prudencial. No sólo porque está en juego la reputación y honorabilidad de las personas involucradas, sino, también, para despejar las dudas sobre el destino real y definitivo que tiene buena parte de la recaudación obtenida a través de la industria del juego. (PUNTO CERO-La Política OnLine).