LOMAS DE ZAMORA, Mayo 18, (PUNTO CERO-Inforegión) Desde el 16 de octubre los vecinos luchan por el traslado de la planta a una zona industrial. Dicen que no hay respuestas ni "voluntad de resolver la situación en términos administrativos”. El intendente Rossi postergó varias reuniones previstas.
La vida de los residentes de las calles 1 de marzo y Juan B. Justo, en la localidad de Llavallol, se modificó cuando hace siete meses un camión cisterna que transportaba nitrógeno líquido estalló poco después de las 11 de la mañana sacudiendo no sólo la tranquilidad del barrio sino también los más profundos temores de los vecinos que, aunque ya habían hecho reclamos contra la compañía, a partir de ese día comenzaron a sentir a la empresa Air Liquide como un peligro inminente.
En diálogo con Info Región los vecinos que conformaron una comisión que lucha para erradicar la fábrica detallaron cómo fueron estos meses de insistencias a las autoridades provinciales y municipales de Lomas de Zamora para que se traslade la fábrica a una zona industrial.
“Fue y sigue siendo una lucha muy sacrificada y con pocos resultados”, coincidieron las personas que sostienen que el estallido del camión "todavía retumba” en sus oídos y que aseguraron que están "dispuestos a recurrir a la Justicia" si continúan sin tener resultados por la vía administrativa.
“La síntesis podría ser que estamos muy defraudados por las autoridades porque en ellos no prima el sentido común y lo único que hacen es poner palos en la rueda de la Justicia”, sostuvo Rubén Eizmendi, miembro de la comisión vecinal que calificó como “inepta” a la secretaria de Política Ambiental, Silvia Suárez Arocena.
En tanto, comentaron que el director municipal de Inspección, José Anca Romeo pautó una nueva fecha de reunión con el intendente, Jorge Rossi, fijada para el 24 de mayo, pero los integrantes de la comisión desconfían que se concrete porque hasta el momento "de parte del municipio sólo se recibieron promesas".
“En una charla telefónica Romeo me aseguró que mantendríamos una reunión pero siempre terminan cancelando los encuentros y la falta de respuesta terminó generando un gran malestar porque tenemos un Intendente ausente que parece tomarnos por tontos”, señaló desilusionado Marcelo Colanero, que vive cerca de la firma.
Según relataron los vecinos que revivieron lo sucedido el 16 de octubre, aquella mañana la zona quedó cubierta de un polvo blanco y tres personas fueron internadas en el hospital Gandulfo con problemas respiratorios, en tanto otras diez debieron recibir atención médica.
“El estallido provocó un temblor tan fuerte que movió los cimientos de todas las casas, todo era un caos y nadie sabía bien qué hacer”, resaltó Antonio Seoane, que recordó que ese mismo día los vecinos con temor se autoconvocaron frente a la empresa mientras que seis dotaciones de bomberos continuaban trabajando para “descontaminar la zona” tapada con la sustancia blanca que cubrió varios metros alrededor de la firma y tras la explosión.
Un mes después del estallido, con una causa abierta con el número 1837 y "sobre lesiones graves en concurso real con daños”, los vecinos juntaron más de 1.500 firmas que presentaron en la municipalidad para solicitar una reunión con Rossi, pero a pesar de los insistentes pedidos el jefe comunal los eludió y decidió hacer “oídos sordos” a las necesidades de la comunidad. "Lo único que pedíamos era que le den un tratamiento serio a la situación porque veíamos que la salud de la gente estaba en juego”, remarcaron.
Desde 1999 los vecinos se manifiestan en desacuerdo frente a las autoridades provinciales y municipales por la instalación de la empresa en 1 de marzo y Juan B. Justo, pero “nadie escuchó” sus reclamos en todo este tiempo, según remarcan. “Cuando la instalaron nos dijeron que era una planta purificadora de agua y con el tiempo descubrimos que habíamos sido estafados”, había subrayado Walter Martínez horas después de la explosión.
Hace algunos meses, en una de las primeras entrevistas con Suárez Arocena los vecinos confirmaron que la empresa estaba clasificada como de segunda categoría y no de tercera, como se debería haber catalogado, según la ley provincial 11.459, artículo 9, del decreto reglamentario 1741/96.
Pero el momento de tensión se registró hace dos meses, cuando en una nueva reunión Suárez Arocena se comprometió a “profundizar la investigación para poder clausurar la planta de manera total” decidió “dar marcha atrás” y desligó la responsabilidad de la clausura de Air Liquide en el intendente Rossi.
Entonces, los vecinos, indignados, se preguntaron adónde habían quedado las palabras de la titular de la Secretaría de Política Ambiental que dos semanas antes les había explicado que su área debería revisar las posibles irregularidades que se cometieron en los anteriores expedientes tanto municipales como provinciales referidos a la radicación de la planta, las condiciones en las que trabaja y la categoría de la misma.
“Los vecinos estamos en el medio de una pelea política y lo que es peor sin recibir ninguna solución”, manifestó Colanero a este medio y aseguró que las autoridades tienen “bronca” porque saben que la agrupación “habla con fundamentos”.
Otro punto de conflicto surgió luego de que Suárez Arocena señalara que la empresa Air Liquide es ”categoría dos y no tiene peligro ambiental, por lo que no puede ser obligada a retirarse de la zona ni clausurarla”, y agregó que el espacio está "habilitado para funcionar en ese lugar, ya que pertenece a la categoría 2 y cumple con la evaluación de impacto ambiental”.
Mientras tanto, los vecinos, que no comprendían los motivos por los cuales Suárez Arocena "dio un vuelco de 360°" en sus decisiones, señalaron: “Sabemos la bomba de tiempo que tenemos frente a nuestras casas y no logro comprender cómo alguien que tiene conocimientos en el tema puede decir una semana que hay que clausurar la planta y a la otra que no representa ningún peligro para la población”, afirmó.
“Desde el día de la explosión cuando hay un ruido en la calle, por más pequeño que sea pienso que algo pasó en la fábrica, duermo con miedo y toda mi familia está atemorizada porque tenemos la sensación de que algo nos puede suceder en cualquier momento”, concluyó angustiado Antonio Seoane.
La vida de los residentes de las calles 1 de marzo y Juan B. Justo, en la localidad de Llavallol, se modificó cuando hace siete meses un camión cisterna que transportaba nitrógeno líquido estalló poco después de las 11 de la mañana sacudiendo no sólo la tranquilidad del barrio sino también los más profundos temores de los vecinos que, aunque ya habían hecho reclamos contra la compañía, a partir de ese día comenzaron a sentir a la empresa Air Liquide como un peligro inminente.
En diálogo con Info Región los vecinos que conformaron una comisión que lucha para erradicar la fábrica detallaron cómo fueron estos meses de insistencias a las autoridades provinciales y municipales de Lomas de Zamora para que se traslade la fábrica a una zona industrial.
“Fue y sigue siendo una lucha muy sacrificada y con pocos resultados”, coincidieron las personas que sostienen que el estallido del camión "todavía retumba” en sus oídos y que aseguraron que están "dispuestos a recurrir a la Justicia" si continúan sin tener resultados por la vía administrativa.
“La síntesis podría ser que estamos muy defraudados por las autoridades porque en ellos no prima el sentido común y lo único que hacen es poner palos en la rueda de la Justicia”, sostuvo Rubén Eizmendi, miembro de la comisión vecinal que calificó como “inepta” a la secretaria de Política Ambiental, Silvia Suárez Arocena.
En tanto, comentaron que el director municipal de Inspección, José Anca Romeo pautó una nueva fecha de reunión con el intendente, Jorge Rossi, fijada para el 24 de mayo, pero los integrantes de la comisión desconfían que se concrete porque hasta el momento "de parte del municipio sólo se recibieron promesas".
“En una charla telefónica Romeo me aseguró que mantendríamos una reunión pero siempre terminan cancelando los encuentros y la falta de respuesta terminó generando un gran malestar porque tenemos un Intendente ausente que parece tomarnos por tontos”, señaló desilusionado Marcelo Colanero, que vive cerca de la firma.
Según relataron los vecinos que revivieron lo sucedido el 16 de octubre, aquella mañana la zona quedó cubierta de un polvo blanco y tres personas fueron internadas en el hospital Gandulfo con problemas respiratorios, en tanto otras diez debieron recibir atención médica.
“El estallido provocó un temblor tan fuerte que movió los cimientos de todas las casas, todo era un caos y nadie sabía bien qué hacer”, resaltó Antonio Seoane, que recordó que ese mismo día los vecinos con temor se autoconvocaron frente a la empresa mientras que seis dotaciones de bomberos continuaban trabajando para “descontaminar la zona” tapada con la sustancia blanca que cubrió varios metros alrededor de la firma y tras la explosión.
Un mes después del estallido, con una causa abierta con el número 1837 y "sobre lesiones graves en concurso real con daños”, los vecinos juntaron más de 1.500 firmas que presentaron en la municipalidad para solicitar una reunión con Rossi, pero a pesar de los insistentes pedidos el jefe comunal los eludió y decidió hacer “oídos sordos” a las necesidades de la comunidad. "Lo único que pedíamos era que le den un tratamiento serio a la situación porque veíamos que la salud de la gente estaba en juego”, remarcaron.
Desde 1999 los vecinos se manifiestan en desacuerdo frente a las autoridades provinciales y municipales por la instalación de la empresa en 1 de marzo y Juan B. Justo, pero “nadie escuchó” sus reclamos en todo este tiempo, según remarcan. “Cuando la instalaron nos dijeron que era una planta purificadora de agua y con el tiempo descubrimos que habíamos sido estafados”, había subrayado Walter Martínez horas después de la explosión.
Hace algunos meses, en una de las primeras entrevistas con Suárez Arocena los vecinos confirmaron que la empresa estaba clasificada como de segunda categoría y no de tercera, como se debería haber catalogado, según la ley provincial 11.459, artículo 9, del decreto reglamentario 1741/96.
Pero el momento de tensión se registró hace dos meses, cuando en una nueva reunión Suárez Arocena se comprometió a “profundizar la investigación para poder clausurar la planta de manera total” decidió “dar marcha atrás” y desligó la responsabilidad de la clausura de Air Liquide en el intendente Rossi.
Entonces, los vecinos, indignados, se preguntaron adónde habían quedado las palabras de la titular de la Secretaría de Política Ambiental que dos semanas antes les había explicado que su área debería revisar las posibles irregularidades que se cometieron en los anteriores expedientes tanto municipales como provinciales referidos a la radicación de la planta, las condiciones en las que trabaja y la categoría de la misma.
“Los vecinos estamos en el medio de una pelea política y lo que es peor sin recibir ninguna solución”, manifestó Colanero a este medio y aseguró que las autoridades tienen “bronca” porque saben que la agrupación “habla con fundamentos”.
Otro punto de conflicto surgió luego de que Suárez Arocena señalara que la empresa Air Liquide es ”categoría dos y no tiene peligro ambiental, por lo que no puede ser obligada a retirarse de la zona ni clausurarla”, y agregó que el espacio está "habilitado para funcionar en ese lugar, ya que pertenece a la categoría 2 y cumple con la evaluación de impacto ambiental”.
Mientras tanto, los vecinos, que no comprendían los motivos por los cuales Suárez Arocena "dio un vuelco de 360°" en sus decisiones, señalaron: “Sabemos la bomba de tiempo que tenemos frente a nuestras casas y no logro comprender cómo alguien que tiene conocimientos en el tema puede decir una semana que hay que clausurar la planta y a la otra que no representa ningún peligro para la población”, afirmó.
“Desde el día de la explosión cuando hay un ruido en la calle, por más pequeño que sea pienso que algo pasó en la fábrica, duermo con miedo y toda mi familia está atemorizada porque tenemos la sensación de que algo nos puede suceder en cualquier momento”, concluyó angustiado Antonio Seoane.
Durante estos largos meses, quienes viven en el barrio donde explotó el camión intentaron, sin suerte, mantener reuniones con el Jefe Comunal que en cada una de las oportunidades y por medio de intermediarios puso excusas para no atenderlos. Mientras tanto, y a pesar de todo, esperan una solución por parte de las autoridades. (PUNTO CERO-Inforegión).
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