LPO accedió en exclusiva al convenio firmado entre el ministerio de Planificación, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. "La subsecretaría [de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Luís Bontempo] realizará las inspecciones técnicas y financieras que considere convenientes para verificar y constatar el adecuado cumplimiento del Plan de Obras", dice el contrato.
Cuando los subsecretarios de Obras Públicas, Abel Fatala, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, acudieron al Congreso el miércoles pasado, intentaron despegar al Gobierno Nacional del escándalo Schoklender, al asegurar que no desde sus respectivas dependencias no tenían "trato directo" con las Madres por la construcción de viviendas y que, en realidad, eran "las jurisdicciones" quienes deben controlar a los contratistas.
El intento de la Casa Rosada de hacerse a un lado de la polémica, responsabilizando a los municipios, generó malestar en varios intendentes, que por lo bajo aseguraban que ellos eran nada más que intermediarios entre el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuyo apoderado era Sergio Schoklender.
Es que la Nación giraba fondos a una cuenta especial de los municipios, que se encargaban de certificar que las obras se estaban realizando y, de ser así, liberar el dinero mensualmente hacia la Fundación presidida por Hebe de Bonafini.
"Nosotros poníamos el predio y certificábamos que la obra avance. Pero Nación decía que se tenían que hacer con Madres, ponía el financiamiento e incluso realizaban las actualizaciones de costos por la inflación", explican desde el conurbano.
La Política Online pude acceder en exclusiva al convenio que firmaron la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Luis Bontempo, el IVC, y Madres. Allí se explica que "sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula decimosexta, el IVC designará el personal que efecturará el control y medición respecto única y exclusivamente al grado de avance de la obra, lo que no implicará una validación técnica respecto a la calidad, estabilidad, seguridad o funcionalidad de lo ejecutado por la Fundación".
El artículo decimosexto al que se refiere es la prueba contundente de que el Gobierno Nacional tenía la responsabilidad de controlar. "La subsecretaría [de Bontempo] realizará las inspecciones técnicas y financieras que considere convenientes para verificar y constatar el adecuado cumplimiento del Plan de Obras y la Curva de Inversión, comprometiéndose la Fundación a facilitar las tareas respectivas y a suministrar las elementos y datos que le sean requeridos". (La Política OnLine).
Cuando los subsecretarios de Obras Públicas, Abel Fatala, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, acudieron al Congreso el miércoles pasado, intentaron despegar al Gobierno Nacional del escándalo Schoklender, al asegurar que no desde sus respectivas dependencias no tenían "trato directo" con las Madres por la construcción de viviendas y que, en realidad, eran "las jurisdicciones" quienes deben controlar a los contratistas.
El intento de la Casa Rosada de hacerse a un lado de la polémica, responsabilizando a los municipios, generó malestar en varios intendentes, que por lo bajo aseguraban que ellos eran nada más que intermediarios entre el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuyo apoderado era Sergio Schoklender.
Es que la Nación giraba fondos a una cuenta especial de los municipios, que se encargaban de certificar que las obras se estaban realizando y, de ser así, liberar el dinero mensualmente hacia la Fundación presidida por Hebe de Bonafini.
"Nosotros poníamos el predio y certificábamos que la obra avance. Pero Nación decía que se tenían que hacer con Madres, ponía el financiamiento e incluso realizaban las actualizaciones de costos por la inflación", explican desde el conurbano.
La Política Online pude acceder en exclusiva al convenio que firmaron la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Luis Bontempo, el IVC, y Madres. Allí se explica que "sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula decimosexta, el IVC designará el personal que efecturará el control y medición respecto única y exclusivamente al grado de avance de la obra, lo que no implicará una validación técnica respecto a la calidad, estabilidad, seguridad o funcionalidad de lo ejecutado por la Fundación".
El artículo decimosexto al que se refiere es la prueba contundente de que el Gobierno Nacional tenía la responsabilidad de controlar. "La subsecretaría [de Bontempo] realizará las inspecciones técnicas y financieras que considere convenientes para verificar y constatar el adecuado cumplimiento del Plan de Obras y la Curva de Inversión, comprometiéndose la Fundación a facilitar las tareas respectivas y a suministrar las elementos y datos que le sean requeridos". (La Política OnLine).
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