La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de tres personas por el delito de “amenazas coactivas” que advirtieron que cortarían el acceso a una empresa si no se atendían sus reclamos. Para los jueces, “luce evidente la aptitud intimidatoria” de los imputados.
La sala IV de la Cámara del Crimen, con las firmas de Carlos Alberto Gonzales y Alberto Seijas, confirmaron el procesamiento de tres hombre por haber impedido el acceso a una empresa.
Se trata de la causa C., D. A. y otros s/procesamiento y embargo” donde la sala intervino por el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados a quienes el juez de la instancia de origen procesó por amenazas coactivas debido a las expresiones que le habrían proferido al presidente y empleados de la empresa damnificada.
Según explica el expediente las amenazas fueron “con el objetivo de constreñir la actuación de sus autoridades en los términos por ellos fijados pues, de lo contrario, continuarían bloqueando los accesos a la empresa”.
Los jueces sostuvieron que se encuentra acreditada la materialidad y señalaron que “resultó idóneo el medio empleado para afectar la libertad de decisión de sus destinatarios, que tan sólo un día después del primer episodio el letrado apoderado de la sociedad concurrió a denunciar lo ocurrido ante el Ministerio de Trabajo”.
“Luce evidente la aptitud intimidatoria de las concretas expresiones vertidas, unidas a las acciones que se desplegaron, pues ellas implicaban una paralización de las actividades y la posibilidad de generar eventuales daños o que alguien pudiera salir herido”, dicen en el fallo los jueces.
Y agregan: “el mal anunciado desde el 8 de marzo de 2012 se concretó luego en otras tres oportunidades”.
“Más allá de los descargos formulados por los encausados, no surge de autos que el reclamo que desencadenó los hechos proviniera de los empleados de la empresa en cuestión y tuviera por fin satisfacer sus intereses, dado que los imputados no se hallaban unidos en relación de dependencia con la firma de mención y se prescindió de otro tipo de gestiones al escoger este medio para la obtención de sus exigencias”, explican los jueces.
Por todo ello confirmaron los procesamientos de los tres imputados y sus respectivos embargos. Aumentaron de 3 mil a 50 mil pesos el monto de los embargos. (Diario Judicial).
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