Punto Cero Hacia el Futuro

BUENOS AIRES, Setiembre 12, (PUNTO CERO) Los intendentes de la zona sur sostienen que el documento consensuado que elaboró la subsecretaría de Asuntos Municipales va contra la autonomía municipal, les “recorta” facultades, se las extiende a los Concejos Deliberantes, e implementa mecanismos de participación y control “difusos”. En un documento al que accedió Hoy en exclusiva, los intendentes de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Lanús, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Almirante Brown, que integran ese consorcio, remarcan 20 postulados “inconvenientes” del anteproyecto de reforma del decreto ley 6.769, dictado en 1958, aún vigente. El COMCOSUR argumenta en principio que el proyecto “reconoce en forma parcial” la autonomía municipal que es, recuerdan, “una potestad, un derecho fundamental y una garantía institucional”. Lo que reclaman es la posibilidad de que cada municipio dicte su propia Carta Orgánica.

Reelección y algo más
El punto que genera mayor resistencia es la limitación en la reelección de los intendentes (hoy indefinida) porque interpretan que restringe su poder político. El proyecto establece en su artículo 45° que sólo podrán ser reelectos por un período consecutivo. Luego deberán dejar pasar un período para presentarse nuevamente a elecciones. En este punto, sostienen que “la alternancia no es una solución a la eficiencia sino que va en desmedro de ella cuando la marcha de la gestión municipal es sostenida y eficaz”.
Por el contrario, “nada dice de la elección de los concejales”, se quejan. Los intendentes también critican el artículo 42° porque dicen que “casi elimina la facultad de veto”. Allí se determina que, si un proyecto de ordenanza vetado vuelve a ser votado en los dos períodos siguientes, el Ejecutivo no podrá vetarlo y estará obligado a promulgarlo. Para el COMCOSUR, esta facultad “no debe desdibujarse”, porque si no “los sistemas de división y control del poder pierden sentido”.
Otro artículo que genera rispideces es la inclusión de mecanismos de participación tales como la consulta popular. La idea es que, ante temas de trascendencia para el municipio, se podría consultar a los vecinos e incluso convocarlos a audiencia pública. Los jefes comunales entienden que esto significaría poner en manos de la ciudadanía cuestiones privativas del Estado municipal. “La consulta obligada en cuestiones inherentes a la administración (tales como el presupuesto o el plan estratégico) avanza sobre el poder de gestión de los representantes del pueblo”, remarcan.
Aunque admiten que, en materia de obras y servicios, es “una posibilidad” siempre y cuando no tenga carácter vinculante. No opinan lo mismo sobre la elección de los delegados.
La ley que elaboró el Gobierno propone que sean electos mediante la participación popular, pero el consorcio entiende que la elección debe seguir en manos del Ejecutivo, tal como ocurre hoy.

Categorización caprichosa
El artículo 3° del documento consensuado establece tres categorías de municipios: A (de hasta 40 mil habitantes), B (de hasta 200 mil) y C (de más de 200 mil). Los intendentes dicen que es una “categorización caprichosa” que no se condice con la que se toma para determinar el número de concejales. Y reclaman, en ese sentido, que se tome un “criterio unívoco” en base a factores como la población o la extensión, que pueda ser válido en caso de que los municipios se hagan cargo en el futuro de otras áreas, como la Policía: “Lo primordial al definir la implementación del criterio es no hacerlo para reformar cuestiones puntuales, como sucede con la Justicia de Faltas”.
Las críticas fueron bien recibidas por el Gobierno, desde donde aclararon que el objetivo es “generar un espacio de discusión”. El subsecretario de Asuntos Municipales, Felipe Rodríguez Laguens, dijo a Hoy: “Todos los aportes son muy positivos”. El anteproyecto llegó a cada municipio a comienzos de año para ser analizado. En noviembre se cerrará la ronda de consultas para definir el proyecto que será enviado a la Legislatura. (PUNTO CERO).