LA PLATA, Marzo 20, (PUNTO CERO) Luego de que la Cámara Baja diera media sanción a un proyecto de ley que frena por seis meses la instalación de rellenos sanitarios en territorio bonaerense, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que establece determinados beneficios a los municipios que acepten recibir y tratar residuos ajenos.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Raúl Pérez (FpV), se suma a lo propuesto por la ley anterior que promueve aplicación de políticas de promoción y estímulo que se aplicarían en el futuro "para el desarrollo regional" en los municipios seleccionados como lugares aptos para la instalación de los rellenos.
Al respecto el autor del nuevo proyecto, precisó en declaraciones radiales que lo que trata la ley, como complemento de la anterior, que empieza a obligar a los municipios a resolver su propio problema "es buscar un incentivo para que vean la obtención de alguna ventaja por el tratamiento de residuos ajenos".
En ese marco, indicó que se le darían atribuciones especiales a los ejecutivos locales "para dar una reducción o hasta la eximición del impuesto inmobiliario con beneficios concretos para los vecinos de la planta urbana o de localidades que estén dentro del municipio".
Por otra parte indicó que "también podrían tener, por la supuesta reducción del valor inmobiliario rural, un beneficio en el inmobiliario rural e incluso fomento en términos concreto para realizar inversiones de plantes de infraestructura urbana, pavimento, luz, gas natural, agua y accesos viales".
En relación al impacto que se espera que la ley tenga entre los habitantes, Pérez dijo que "la gente siempre toma esto por el lado del peligro, de las enfermedades".
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Raúl Pérez (FpV), se suma a lo propuesto por la ley anterior que promueve aplicación de políticas de promoción y estímulo que se aplicarían en el futuro "para el desarrollo regional" en los municipios seleccionados como lugares aptos para la instalación de los rellenos.
Al respecto el autor del nuevo proyecto, precisó en declaraciones radiales que lo que trata la ley, como complemento de la anterior, que empieza a obligar a los municipios a resolver su propio problema "es buscar un incentivo para que vean la obtención de alguna ventaja por el tratamiento de residuos ajenos".
En ese marco, indicó que se le darían atribuciones especiales a los ejecutivos locales "para dar una reducción o hasta la eximición del impuesto inmobiliario con beneficios concretos para los vecinos de la planta urbana o de localidades que estén dentro del municipio".
Por otra parte indicó que "también podrían tener, por la supuesta reducción del valor inmobiliario rural, un beneficio en el inmobiliario rural e incluso fomento en términos concreto para realizar inversiones de plantes de infraestructura urbana, pavimento, luz, gas natural, agua y accesos viales".
En relación al impacto que se espera que la ley tenga entre los habitantes, Pérez dijo que "la gente siempre toma esto por el lado del peligro, de las enfermedades".
Sin embargo consideró que "si el tema es bien explicado, seguramente la gente aceptará estas plantas, como ocurrió con las cárceles, que todos rechazaban y luego las pedían, porque generan trabajo para la población". (PUNTO CERO).
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