BUENOS AIRES, Setiembre 16, (PUNTO CERO-La Política OnLine) Tras insistentes pedidos de informes a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA), los cuales repetidamente se han negado, la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) había decidido elevar una denuncia penal contra la dependencia que controla Patricio Datarmini. Sin embargo, el informe que define esta postura y que deja igualmente una serie de relevantes datos vinculados al manejo y turbias facturaciones que se dan allí, recibió repentinamente un cajoneo por cambios en la votación de los auditores.
La Política Online tuvo acceso exclusivo al informe de la AGCBA, el cual pone en jaque a un sector clave del gobierno de la ciudad y dependiente de Sutecba, el poderoso gremio controlado por el histórico Amadeo Genta.
La cuestión comenzó cuando el ente auditor porteño solicitó, bajo el informe llamado "Compras y Contrataciones de ObSBA", información detallada de cuentas correspondientes al año 2005. Con esto, se intentaba investigar el "control del Procedimiento de Compras y Contrataciones" de ese año.
Pero desde la obra social, sólo entregaron 32 carpetas de un total de 101 solicitadas, así como tampoco se entregaron siete contratos con profesionales por guardias médicas ni nueve legajos de proveedores, también pedidos por la Auditoría.
Sin embargo, entre la poca documentación que pudieron administrar, los auditores encontraron gran cantidad de puntos negros y "falencias de control interno que pueden derivar en perjuicio del patrimonio de esa entidad", aclara el escrito.
Entre los ítems que destaca, aparece "las sucesivas prórrogas contractuales, sin la aplicación de mecanismos de competencia entre oferentes", lo cual "afecta negativamente la transparencia de la gestión de contrataciones". Todas ellas, firmadas por el propio Datarmini.
Las sospechosas facturas
Rememorando algunos casos que tuvieron gran repercusión mediática, como el caso Skanska o la firma Sol Group, el sistema de facturación abrió aquí también una avalancha de sospechas.
El escrito habla de "facturas presentadas con posterioridad a la emisión de la Orden de Pago", algo totalmente inaudito, ya que cualquier persona vinculada a una empresa grande o pequeña es conocedor que la orden de pago se emite contra entrega de la factura. Más curioso se pone el asunto cuando aclaran que "en su mayoría la fecha de emisión de las mismas es mayor a un año a la fecha de prestación del servicio".
Asimismo, aparecen gran cantidad de facturas "sin sello de recepción de la Mesa de Entradas plantea dudas acerca de los canales mediante los cuáles tales facturas ingresaron a la ObSBA", lo mismo que "facturaciones emitidas por médicos de cabecera con posterioridad a la finalización de sus contratos".
Y más: facturas correspondientes a rendición de cuentas de médicos en consultorios particulares "sin fecha de emisión". Todo un soberbio panorama de oscuridad y sospechas, y en sólo una tercera parte del material solicitado. ¿Qué habrán guardado?
La denuncia frustrada
Con todo este material, las irregularidades halladas y teniendo en cuenta la negativa constante de ObSBA a entregar el resto de la documentación solicitada, el informe resolvió elevar una denuncia penal.
"El Colegio de Auditores, en su sesión del 3 de julio de 2007, ha resuelto aprobar la redacción final del informe y poner en conocimiento de la Justicia Penal la omisión en la que han incurrido los funcionarios responsables de la ObSBA" proclama el informe.
Además, aclara que el artículo 147 de la Ley 70 establece que "todo funcionario que obstaculice las tareas de la Auditoría, demorase injustificadamente o no le brindare información, documentación o colaboración incurre en mal desempeño de sus funciones, susceptible a habilitar el juicio político".
Cuando el Colegio de Auditores trató la elevación la denuncia penal, la votación entre los seis auditores terminó cuatro a dos a favor del SI. Según informaron fuentes internas a La Política Online, Alicia Boero, Antonio Campos, Juan Carlos Toso y José Luís Giusti votaron a favor, mientras que el presidente Vicente Brusca y Josefa Prada lo hicieron en contra de la presentación judicial.
Con esto en las manos, se trabajó en la elaboración final del informe al que accedió este medio y se comenzaron los preparativos para realizar la denuncia.
Pero sospechosamente, cuando hubo que votar nuevamente para ratificar la decisión, ya con el escrito terminado y en las manos de cada uno de los seis auditores, Campos y Toso cambiaron su voto, volcando la votación cuatro a dos en contra de la denuncia.
Si bien nadie supo explicar el por qué de este curioso accionar, un alto directivo de la AGCBA confió a La Política Online que es una gran excepción los ocurrido. "No conozco de otro caso donde se hayan volcado decisiones de este modo", confió la fuente.
Campos es un auditor vinculado al histórico dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia, mientras que Toso pertenece ala partido del candidato a presidente Ricardo López Murphy, Recrear. Así, la denuncia quedó en la nada y el informe en un cajón, hasta llegar a manos de este medio.
Los ocultos números de ObSBA
"La obra social no tiene déficit", aclaró apurado un representante del sector de prensa de la entidad de Datarmini, consultado por La Política Online. Sin embargo, fuentes porteñas indicaron a ObSBA como "el agujero negro del área sindical", señalando un déficit de entre 10 y 80 millones de pesos.
"La ObSBA es un escándalo. Hay manipulación indebida de retenciones, mucho manejo turbio", contó un legislador porteño empapado de los números de la ciudad a este medio.
ObSBA contó a La Política Online que actualmente posee unos 350 mil adherentes, de los cuáles 120 mil son agentes reales –o sea, aportantes- 70 mil jubilados y pensionados y el resto son familiares. Esto número señala una recaudación millonaria cada mes, pero los números siguen en rojo.
Pero, ¿Por qué el gobierno porteño no avanza contra el sindicato de Genta y Datarmini? "Son un gremio muy poderoso, por eso no se animan a meterse con ellos", analizaba un vocero del gobierno porteño. Y continuó: "Los municipales permanentemente presionan al gobierno porteño para obtener recursos porque los números de la obra social no les cierran.
La Política Online tuvo acceso exclusivo al informe de la AGCBA, el cual pone en jaque a un sector clave del gobierno de la ciudad y dependiente de Sutecba, el poderoso gremio controlado por el histórico Amadeo Genta.
La cuestión comenzó cuando el ente auditor porteño solicitó, bajo el informe llamado "Compras y Contrataciones de ObSBA", información detallada de cuentas correspondientes al año 2005. Con esto, se intentaba investigar el "control del Procedimiento de Compras y Contrataciones" de ese año.
Pero desde la obra social, sólo entregaron 32 carpetas de un total de 101 solicitadas, así como tampoco se entregaron siete contratos con profesionales por guardias médicas ni nueve legajos de proveedores, también pedidos por la Auditoría.
Sin embargo, entre la poca documentación que pudieron administrar, los auditores encontraron gran cantidad de puntos negros y "falencias de control interno que pueden derivar en perjuicio del patrimonio de esa entidad", aclara el escrito.
Entre los ítems que destaca, aparece "las sucesivas prórrogas contractuales, sin la aplicación de mecanismos de competencia entre oferentes", lo cual "afecta negativamente la transparencia de la gestión de contrataciones". Todas ellas, firmadas por el propio Datarmini.
Las sospechosas facturas
Rememorando algunos casos que tuvieron gran repercusión mediática, como el caso Skanska o la firma Sol Group, el sistema de facturación abrió aquí también una avalancha de sospechas.
El escrito habla de "facturas presentadas con posterioridad a la emisión de la Orden de Pago", algo totalmente inaudito, ya que cualquier persona vinculada a una empresa grande o pequeña es conocedor que la orden de pago se emite contra entrega de la factura. Más curioso se pone el asunto cuando aclaran que "en su mayoría la fecha de emisión de las mismas es mayor a un año a la fecha de prestación del servicio".
Asimismo, aparecen gran cantidad de facturas "sin sello de recepción de la Mesa de Entradas plantea dudas acerca de los canales mediante los cuáles tales facturas ingresaron a la ObSBA", lo mismo que "facturaciones emitidas por médicos de cabecera con posterioridad a la finalización de sus contratos".
Y más: facturas correspondientes a rendición de cuentas de médicos en consultorios particulares "sin fecha de emisión". Todo un soberbio panorama de oscuridad y sospechas, y en sólo una tercera parte del material solicitado. ¿Qué habrán guardado?
La denuncia frustrada
Con todo este material, las irregularidades halladas y teniendo en cuenta la negativa constante de ObSBA a entregar el resto de la documentación solicitada, el informe resolvió elevar una denuncia penal.
"El Colegio de Auditores, en su sesión del 3 de julio de 2007, ha resuelto aprobar la redacción final del informe y poner en conocimiento de la Justicia Penal la omisión en la que han incurrido los funcionarios responsables de la ObSBA" proclama el informe.
Además, aclara que el artículo 147 de la Ley 70 establece que "todo funcionario que obstaculice las tareas de la Auditoría, demorase injustificadamente o no le brindare información, documentación o colaboración incurre en mal desempeño de sus funciones, susceptible a habilitar el juicio político".
Cuando el Colegio de Auditores trató la elevación la denuncia penal, la votación entre los seis auditores terminó cuatro a dos a favor del SI. Según informaron fuentes internas a La Política Online, Alicia Boero, Antonio Campos, Juan Carlos Toso y José Luís Giusti votaron a favor, mientras que el presidente Vicente Brusca y Josefa Prada lo hicieron en contra de la presentación judicial.
Con esto en las manos, se trabajó en la elaboración final del informe al que accedió este medio y se comenzaron los preparativos para realizar la denuncia.
Pero sospechosamente, cuando hubo que votar nuevamente para ratificar la decisión, ya con el escrito terminado y en las manos de cada uno de los seis auditores, Campos y Toso cambiaron su voto, volcando la votación cuatro a dos en contra de la denuncia.
Si bien nadie supo explicar el por qué de este curioso accionar, un alto directivo de la AGCBA confió a La Política Online que es una gran excepción los ocurrido. "No conozco de otro caso donde se hayan volcado decisiones de este modo", confió la fuente.
Campos es un auditor vinculado al histórico dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia, mientras que Toso pertenece ala partido del candidato a presidente Ricardo López Murphy, Recrear. Así, la denuncia quedó en la nada y el informe en un cajón, hasta llegar a manos de este medio.
Los ocultos números de ObSBA
"La obra social no tiene déficit", aclaró apurado un representante del sector de prensa de la entidad de Datarmini, consultado por La Política Online. Sin embargo, fuentes porteñas indicaron a ObSBA como "el agujero negro del área sindical", señalando un déficit de entre 10 y 80 millones de pesos.
"La ObSBA es un escándalo. Hay manipulación indebida de retenciones, mucho manejo turbio", contó un legislador porteño empapado de los números de la ciudad a este medio.
ObSBA contó a La Política Online que actualmente posee unos 350 mil adherentes, de los cuáles 120 mil son agentes reales –o sea, aportantes- 70 mil jubilados y pensionados y el resto son familiares. Esto número señala una recaudación millonaria cada mes, pero los números siguen en rojo.
Pero, ¿Por qué el gobierno porteño no avanza contra el sindicato de Genta y Datarmini? "Son un gremio muy poderoso, por eso no se animan a meterse con ellos", analizaba un vocero del gobierno porteño. Y continuó: "Los municipales permanentemente presionan al gobierno porteño para obtener recursos porque los números de la obra social no les cierran.
Ese es su drama sin solución. Por eso no es extraño que no hayan entregado carpetas". ¿Y porqué no se pone freno a esto?, es la pregunta obligada, que recibió una respuesta igual de obvia: "Hay que tener en cuenta que un gremio de 120 mil empleados puede voltear un gobierno". (PUNTO CERO-La Política OnLine).
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