LUJAN, Abril 26, (PUNTO CERO-El Civismo) Un grupo de profesionales nucleados en el Colegio de Arquitectos de Luján se comenzó a reunir para analizar la compleja situación del sector. Hablan de la necesidad de definir las reglas que enmarcan al urbanismo y la construcción. Y se manifiestan dispuestos a aportar para la revisión al Código de Ordenamiento Urbano.
Arquitectos de la ciudad de Luján se convocaron para debatir acerca de la problemática que afecta a la actividad económica de la ciudad causada, principalmente, por las restricciones al desarrollo urbano contenidas en la normativa vigente, el Plan Regulador de Luján. Las charlas y debates tienen lugar en la sede del Colegio de Arquitectos de Luján (San Martín al 1200) y, en general, se reúnen los miércoles por la noche.
En el marco de esos encuentros, un grupo de profesionales comenzó a delinear y pasar en limpio distintas situaciones que preocupan al sector. Diego Romano, Juan Pablo Ostojic, Luis Cocilovo, Alejandro Puyos, Marcelo Marrone y Fernando López Yánez, le dieron forma a las inquietudes y redactaron una nota a la que tuvo acceso EL CIVISMO.
En ese documento se indica que “hoy en día existen normas que limitan el dominio en áreas clave como son el casco micro céntrico, céntrico y turístico, en una superficie delimitada por las calles Carlos Pellegrini, Deán Funes, Avellaneda, Barnech y río Luján, y en una franja que bordea al río Luján desde el Acceso Oeste hasta las vías del ferrocarril San Martín”.
Indican que “algunas de estas medidas fueron tomadas por el área de Obras Públicas de la anterior gestión, primeramente afectando el microcentro (9 de Julio, 25 de Mayo, Alsina y Mitre) suspendiendo a modo de medida cautelar la aprobación de permisos obra y luego ampliando la restricción al área definida anteriormente. Esto se instrumentó por medio de las ordenanzas 5081 y 5314”, aclaran los arquitectos.
ZONA TURÍSTICA
“El poco alentador panorama se completa con la situación del área turística, el sector con mayor potencial en términos económicos y urbanísticos, en el cual desde hace 30 años no es posible obtener permisos ni habilitaciones definitivas para emprendimientos comerciales con destino turístico, lo cual explica su grado de deterioro”, puntualizan.
“Desde 1979 –fecha de aprobación de la actual norma- este sector se encuentra definido como ‘de reserva’, sin parámetros urbanísticos. Eso obliga al circunstancial inversor a suscribir un compromiso de demolición del inmueble sin derecho a indemnización por la inversión realizada”, indican los profesionales, y agregan el dato que “se le otorga un permiso precario de construcción ‘hasta que se dicten las normas definitivas del distrito’. Y lo que es aún peor: lo hace pasible de expropiación con los perjuicios que eso conlleva”.
Para los firmantes, “el cuadro de situación coloca a Luján en inferioridad de condiciones respecto a otras localidades, con escasas posibilidades de inversión en las áreas de mayor potencial y con síntomas evidentes que corrobora la Delegación Luján del Colegio de Arquitectos”. Esa institución habla de una “drástica disminución de expedientes ingresados por visado de obra nueva”.
LA MIGRACIÓN
La disminución de expedientes para visado, según los arquitectos, “explica el aumento de la obra clandestina (sin planos aprobados) algo que podría generar ingresos en las arcas municipales en forma inmediata. Además, pone en funcionamiento mecanismos de multa posterior que convalidan hechos consumados, la mayor parte de ellos antirreglamentarios”.
“Si bien durante la anterior administración se aprobaron algunos permisos para edificios residenciales, en algunos de ellos no se respetaron los parámetros vigentes, originando reclamos de vecinos afectados. Ante esos reclamos y la falta de soluciones, el municipio no encontró mejor solución que incrementar el bloqueo al desarrollo, sin medir las consecuencias económicas que esto generaba”, señalan.
“Encontramos hoy que ya no se verifica el pleno empleo del personal de la construcción local, contrariamente a los índices de crecimiento registrados en la actividad a nivel nacional, sin dejar de mencionar las expectativas que trae cada nuevo emprendimiento en lo que hace a fuentes de trabajo”.
“De hecho –continúan- las inversiones migran hacia municipios con condiciones más favorables desde el punto de vista administrativo y jurídico, situación de la que pueden dar cuenta los profesionales de esta localidad, con pruebas fehacientes”.
EL VALOR INMOBILIARIO
A pesar de la expresa preocupación, se aclara que “se mantuvieron reuniones con las autoridades municipales, quienes se mostraron abiertos a un trabajo conjunto con quienes están en mayor contacto con la problemática”.
El grupo de arquitectos contó que “allí se aportaron soluciones puntuales entre las que estarían la derogación de las ordenanzas mencionadas y la reglamentación de otras, no obstante lo cual la Dirección de Planeamiento manifestó cierta urgencia en aprobar el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (que cuenta con la aprobación del Concejo Deliberante durante la anterior gestión), aún con las falencias que reconoce tener. Esa medida –destacan- no se condice con la intención manifiesta de la señora intendenta, en cuanto a someter la futura norma a revisión, tarea que debería contar con la participación de diversos actores sociales, quienes no fueron convocados en su oportunidad”.
Indican, de todos modos, que “existió por parte del Ejecutivo una convocatoria reciente dirigida a profesionales locales, canalizada a través del Colegio de Arquitectos, a la cual algunos profesionales respondieron con una serie de reuniones de trabajo con el fin de consensuar acciones”.
De ese mecanismo surgió el primer aporte concreto, que ya fue puesto a consideración de la Dirección de Planeamiento. Con lo expuesto, se manifiesta la oposición “a la inmediata aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano ya que, sin entrar en detalles, se vería seriamente afectado el valor inmobiliario de las propiedades del caso céntrico debido a la disminución del número de pisos edificables respecto de la norma vigente la cual, sin caer en excesos desmesurados, posibilita una mayor densidad habitacional (cantidad de habitantes por manzana)”.
Para los autoconvocados “esta medida pretendería ocultar las deficiencias que presenta la infraestructura de servicios local, además de desalentar aún más la inversión en el sector a causa de que la nueva norma no contempla la viabilidad económico-financiera de los emprendimientos y seguiría sin reglamentarse el distrito turístico, agudizando el estado de abandono del mismo, algo que puede observar cualquier vecino que camine por el área ribereña”.
Arquitectos de la ciudad de Luján se convocaron para debatir acerca de la problemática que afecta a la actividad económica de la ciudad causada, principalmente, por las restricciones al desarrollo urbano contenidas en la normativa vigente, el Plan Regulador de Luján. Las charlas y debates tienen lugar en la sede del Colegio de Arquitectos de Luján (San Martín al 1200) y, en general, se reúnen los miércoles por la noche.
En el marco de esos encuentros, un grupo de profesionales comenzó a delinear y pasar en limpio distintas situaciones que preocupan al sector. Diego Romano, Juan Pablo Ostojic, Luis Cocilovo, Alejandro Puyos, Marcelo Marrone y Fernando López Yánez, le dieron forma a las inquietudes y redactaron una nota a la que tuvo acceso EL CIVISMO.
En ese documento se indica que “hoy en día existen normas que limitan el dominio en áreas clave como son el casco micro céntrico, céntrico y turístico, en una superficie delimitada por las calles Carlos Pellegrini, Deán Funes, Avellaneda, Barnech y río Luján, y en una franja que bordea al río Luján desde el Acceso Oeste hasta las vías del ferrocarril San Martín”.
Indican que “algunas de estas medidas fueron tomadas por el área de Obras Públicas de la anterior gestión, primeramente afectando el microcentro (9 de Julio, 25 de Mayo, Alsina y Mitre) suspendiendo a modo de medida cautelar la aprobación de permisos obra y luego ampliando la restricción al área definida anteriormente. Esto se instrumentó por medio de las ordenanzas 5081 y 5314”, aclaran los arquitectos.
ZONA TURÍSTICA
“El poco alentador panorama se completa con la situación del área turística, el sector con mayor potencial en términos económicos y urbanísticos, en el cual desde hace 30 años no es posible obtener permisos ni habilitaciones definitivas para emprendimientos comerciales con destino turístico, lo cual explica su grado de deterioro”, puntualizan.
“Desde 1979 –fecha de aprobación de la actual norma- este sector se encuentra definido como ‘de reserva’, sin parámetros urbanísticos. Eso obliga al circunstancial inversor a suscribir un compromiso de demolición del inmueble sin derecho a indemnización por la inversión realizada”, indican los profesionales, y agregan el dato que “se le otorga un permiso precario de construcción ‘hasta que se dicten las normas definitivas del distrito’. Y lo que es aún peor: lo hace pasible de expropiación con los perjuicios que eso conlleva”.
Para los firmantes, “el cuadro de situación coloca a Luján en inferioridad de condiciones respecto a otras localidades, con escasas posibilidades de inversión en las áreas de mayor potencial y con síntomas evidentes que corrobora la Delegación Luján del Colegio de Arquitectos”. Esa institución habla de una “drástica disminución de expedientes ingresados por visado de obra nueva”.
LA MIGRACIÓN
La disminución de expedientes para visado, según los arquitectos, “explica el aumento de la obra clandestina (sin planos aprobados) algo que podría generar ingresos en las arcas municipales en forma inmediata. Además, pone en funcionamiento mecanismos de multa posterior que convalidan hechos consumados, la mayor parte de ellos antirreglamentarios”.
“Si bien durante la anterior administración se aprobaron algunos permisos para edificios residenciales, en algunos de ellos no se respetaron los parámetros vigentes, originando reclamos de vecinos afectados. Ante esos reclamos y la falta de soluciones, el municipio no encontró mejor solución que incrementar el bloqueo al desarrollo, sin medir las consecuencias económicas que esto generaba”, señalan.
“Encontramos hoy que ya no se verifica el pleno empleo del personal de la construcción local, contrariamente a los índices de crecimiento registrados en la actividad a nivel nacional, sin dejar de mencionar las expectativas que trae cada nuevo emprendimiento en lo que hace a fuentes de trabajo”.
“De hecho –continúan- las inversiones migran hacia municipios con condiciones más favorables desde el punto de vista administrativo y jurídico, situación de la que pueden dar cuenta los profesionales de esta localidad, con pruebas fehacientes”.
EL VALOR INMOBILIARIO
A pesar de la expresa preocupación, se aclara que “se mantuvieron reuniones con las autoridades municipales, quienes se mostraron abiertos a un trabajo conjunto con quienes están en mayor contacto con la problemática”.
El grupo de arquitectos contó que “allí se aportaron soluciones puntuales entre las que estarían la derogación de las ordenanzas mencionadas y la reglamentación de otras, no obstante lo cual la Dirección de Planeamiento manifestó cierta urgencia en aprobar el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (que cuenta con la aprobación del Concejo Deliberante durante la anterior gestión), aún con las falencias que reconoce tener. Esa medida –destacan- no se condice con la intención manifiesta de la señora intendenta, en cuanto a someter la futura norma a revisión, tarea que debería contar con la participación de diversos actores sociales, quienes no fueron convocados en su oportunidad”.
Indican, de todos modos, que “existió por parte del Ejecutivo una convocatoria reciente dirigida a profesionales locales, canalizada a través del Colegio de Arquitectos, a la cual algunos profesionales respondieron con una serie de reuniones de trabajo con el fin de consensuar acciones”.
De ese mecanismo surgió el primer aporte concreto, que ya fue puesto a consideración de la Dirección de Planeamiento. Con lo expuesto, se manifiesta la oposición “a la inmediata aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano ya que, sin entrar en detalles, se vería seriamente afectado el valor inmobiliario de las propiedades del caso céntrico debido a la disminución del número de pisos edificables respecto de la norma vigente la cual, sin caer en excesos desmesurados, posibilita una mayor densidad habitacional (cantidad de habitantes por manzana)”.
Para los autoconvocados “esta medida pretendería ocultar las deficiencias que presenta la infraestructura de servicios local, además de desalentar aún más la inversión en el sector a causa de que la nueva norma no contempla la viabilidad económico-financiera de los emprendimientos y seguiría sin reglamentarse el distrito turístico, agudizando el estado de abandono del mismo, algo que puede observar cualquier vecino que camine por el área ribereña”.
“La finalidad de la autoconvocatoria es poner en conocimiento de la opinión pública la necesidad de resolver en forma urgente la problemática expuesta mediante el esfuerzo conjunto de los arquitectos locales, con el aporte de los sectores afines a la actividad y fundamentalmente contando con el apoyo del Ejecutivo, tal como lo manifestara la intendenta en su oportunidad”, concluyen. (PUNTO CERO-El Civismo).
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