VICENTE LOPEZ, Agosto 13, (PUNTO CERO) La costa de Vicente López, es un recurso turístico, económico y social que conlleva beneficios a toda la comunidad, arquitectos, urbanistas y empresarios lo saben, al igual que los políticos, sin embargo, en el camino se mueven millones en oscuros negociados que luchan por perpetuar.
Es digno realizar un análisis previo de tanta pasión por defender los intereses de los vecinos, por parte de una dirigencia que es propensa a utilizar esos supuestos intereses, en beneficio de subir el precio de sus favores.
Para ello hay que recordar que las costas y puertos son provinciales por Ley. Esta Ley Nacional, con superior jerarquía a una nacional, y obviamente a una Ordenanza municipal, considera que los Puertos Cedidos por la Nación, deben permanecer en las provincias, mismas que podrán ejercer actos de administración, quedando vedados los de disposición de los bienes costeros.
La defensa de los intereses de los vecinos por parte del los concejales de García y del propio intendente, son por demás conocidas: quisieron apropiarse de miles de metros cuadrados de costa, para cedérselos a De Narváez para hacer un Shopping, Casino, Estadio o lo que gustara, sobre espacios públicos, con declaraciones de interés municipal, apoyo legislativo y ordenanzas ilegales, que tuvieron que enmendar en al menos 4 oportunidades, para aportarles un mínimo de legalidad, que oculte su ilegitimidad.
También quedó claro cual es el interés que defienden desde la municipalidad cuando se recibió por parte de la provincia en forma precaria la costa, y se la cedieron a las Escuelas Lincoln para que haga de ellas un campo de deportes cerrado al acceso público, cortando el corredor costero que pretenden defender a cambio de una palmada en la espalda.
Las mentiras dichas en reiteradas oportunidades desde una banca o un sillón, no convierten en verdad los actos carentes de sustento jurídico, la displicencia con la que sacrifican la calidad de vida de los vecinos, disponiendo de los últimos espacios verdes a favor de "emprendedores" con factores de ocupación de terrenos ilegales, a cambio de "contraprestaciones de hacer y/o dar" que en definitiva nunca se cumplen, pero que llenan las bocas de los concejales so pretexto de "reparar el daño" que los excesos que ellos mismos autorizan producen a los vecinos que dicen defender.
Nada dicen los ediles de los gastos millonarios en la parquización del "paseo de la costa" que insumió 6 millones de pesos / dólares en su creación, sin tener en cuenta los oscuros negociados con empresas prestadoras del servicio de "mantenimiento de espacios verdes" con contrataciones directas, esquivando los métodos de control administrativos. Estos hechos fueron denunciados en el Deliberante, por parte del los ediles que sí se preocupaban por el destino de los dineros de los vecinos.
Estos políticos, que se rasgan las vestiduras por defender a los vecinos, son los mismos que arman con fondos públicos campañas de desinformación pública, financiando medios que manejan sólo información oficial merced a millonarios aportes de pautas publicitarias.
El oficialismo del deliberante de Vicente López olvida, o quizá prefiere ocultar, su intervención directa en la Ley que ahora dicen que "intencionalmente" fue mal redactada por el prestigioso y súbitamente desaparecido Senador Jorge Martínez. Tampoco recuerdan que las nuevas autoridades del puerto, abrieron el diálogo mas allá de sus obligaciones, incorporando al Intendente Enrique García al proyecto del Puerto, previamente a la publicación del Decreto que descentralizó la unidad portuaria, otorgándole ahora las facultades propias para alcanzar el destino que los vecinos quieren y reclaman: Un puerto deportivo, turístico y abierto a la comunidad.
Es digno también recordar que la infraestructura del Paseo de la Costa, de la que se vanaglorian varios integrantes del oficialismo, e incluso algunos de la "oposición" cómplices por algunos “cargos”, es cuanto menos mediocre. No representa el perfil del distrito, y oculta una permanente predisposición a mantener sojuzgados a los empresarios bajo condiciones de imprevisibilidad y precariedad, cuyo resultado dista mucho del obtenido en similares emprendimientos en municipios como Tigre, sin ir mas lejos.
Detrás de esta precariedad, es donde se ocultan los rumores de cánones paralelos pretendidos y supuestos focos de corrupción, que se exteriorizan con inversiones exiguas en los desarrollos comerciales y de servicios.
La realidad es que varios de los concesionarios de la costa abandonaron sus emprendimientos ante la falta de reglas claras, las presiones constantes y la incertidumbre provocada por un conflicto de intereses que ahora separa al legislativo del ejecutivo. Otros, luchan por subsistir.
El Puerto de Olivos, a todas luces no mejoró lo necesario, no recibió inversiones, no cumple con las expectativas de los funcionarios ni de los vecinos. Eso está claro.
Pero desde la Municipalidad de Vicente López se pretende pasar por arriba de las leyes, reclamar una jurisdicción que no tiene, impedir en forma permanente las inversiones propuestas y amenazar con no habilitar ningún emprendimiento que no pase por la discrecionalidad del del Deliberante, que incluso sólo ante rumores de posibles inversiones, creó "la regla de las excepciones", una ordenanza que obliga a cualquier emprendimiento a pasar por el Deliberante para su análisis, en lugar de generar un marco regulatorio que otorgue reglas claras para los inversores y legitimidad desde su génesis para los proyectos. Sin excepciones.
No es cierto que tengan que enterarse por los medios. Pueden enterarse con sólo leer el Boletín Oficial, claro que éste –seguramente- no tenga la línea editorial del diario de Yrigoyen. Seguramente preferirían que no se veten leyes ilegítimas o con defectos legales, si ellas responden a sus intereses.
Es digno realizar un análisis previo de tanta pasión por defender los intereses de los vecinos, por parte de una dirigencia que es propensa a utilizar esos supuestos intereses, en beneficio de subir el precio de sus favores.
Para ello hay que recordar que las costas y puertos son provinciales por Ley. Esta Ley Nacional, con superior jerarquía a una nacional, y obviamente a una Ordenanza municipal, considera que los Puertos Cedidos por la Nación, deben permanecer en las provincias, mismas que podrán ejercer actos de administración, quedando vedados los de disposición de los bienes costeros.
La defensa de los intereses de los vecinos por parte del los concejales de García y del propio intendente, son por demás conocidas: quisieron apropiarse de miles de metros cuadrados de costa, para cedérselos a De Narváez para hacer un Shopping, Casino, Estadio o lo que gustara, sobre espacios públicos, con declaraciones de interés municipal, apoyo legislativo y ordenanzas ilegales, que tuvieron que enmendar en al menos 4 oportunidades, para aportarles un mínimo de legalidad, que oculte su ilegitimidad.
También quedó claro cual es el interés que defienden desde la municipalidad cuando se recibió por parte de la provincia en forma precaria la costa, y se la cedieron a las Escuelas Lincoln para que haga de ellas un campo de deportes cerrado al acceso público, cortando el corredor costero que pretenden defender a cambio de una palmada en la espalda.
Las mentiras dichas en reiteradas oportunidades desde una banca o un sillón, no convierten en verdad los actos carentes de sustento jurídico, la displicencia con la que sacrifican la calidad de vida de los vecinos, disponiendo de los últimos espacios verdes a favor de "emprendedores" con factores de ocupación de terrenos ilegales, a cambio de "contraprestaciones de hacer y/o dar" que en definitiva nunca se cumplen, pero que llenan las bocas de los concejales so pretexto de "reparar el daño" que los excesos que ellos mismos autorizan producen a los vecinos que dicen defender.
Nada dicen los ediles de los gastos millonarios en la parquización del "paseo de la costa" que insumió 6 millones de pesos / dólares en su creación, sin tener en cuenta los oscuros negociados con empresas prestadoras del servicio de "mantenimiento de espacios verdes" con contrataciones directas, esquivando los métodos de control administrativos. Estos hechos fueron denunciados en el Deliberante, por parte del los ediles que sí se preocupaban por el destino de los dineros de los vecinos.
Estos políticos, que se rasgan las vestiduras por defender a los vecinos, son los mismos que arman con fondos públicos campañas de desinformación pública, financiando medios que manejan sólo información oficial merced a millonarios aportes de pautas publicitarias.
El oficialismo del deliberante de Vicente López olvida, o quizá prefiere ocultar, su intervención directa en la Ley que ahora dicen que "intencionalmente" fue mal redactada por el prestigioso y súbitamente desaparecido Senador Jorge Martínez. Tampoco recuerdan que las nuevas autoridades del puerto, abrieron el diálogo mas allá de sus obligaciones, incorporando al Intendente Enrique García al proyecto del Puerto, previamente a la publicación del Decreto que descentralizó la unidad portuaria, otorgándole ahora las facultades propias para alcanzar el destino que los vecinos quieren y reclaman: Un puerto deportivo, turístico y abierto a la comunidad.
Es digno también recordar que la infraestructura del Paseo de la Costa, de la que se vanaglorian varios integrantes del oficialismo, e incluso algunos de la "oposición" cómplices por algunos “cargos”, es cuanto menos mediocre. No representa el perfil del distrito, y oculta una permanente predisposición a mantener sojuzgados a los empresarios bajo condiciones de imprevisibilidad y precariedad, cuyo resultado dista mucho del obtenido en similares emprendimientos en municipios como Tigre, sin ir mas lejos.
Detrás de esta precariedad, es donde se ocultan los rumores de cánones paralelos pretendidos y supuestos focos de corrupción, que se exteriorizan con inversiones exiguas en los desarrollos comerciales y de servicios.
La realidad es que varios de los concesionarios de la costa abandonaron sus emprendimientos ante la falta de reglas claras, las presiones constantes y la incertidumbre provocada por un conflicto de intereses que ahora separa al legislativo del ejecutivo. Otros, luchan por subsistir.
El Puerto de Olivos, a todas luces no mejoró lo necesario, no recibió inversiones, no cumple con las expectativas de los funcionarios ni de los vecinos. Eso está claro.
Pero desde la Municipalidad de Vicente López se pretende pasar por arriba de las leyes, reclamar una jurisdicción que no tiene, impedir en forma permanente las inversiones propuestas y amenazar con no habilitar ningún emprendimiento que no pase por la discrecionalidad del del Deliberante, que incluso sólo ante rumores de posibles inversiones, creó "la regla de las excepciones", una ordenanza que obliga a cualquier emprendimiento a pasar por el Deliberante para su análisis, en lugar de generar un marco regulatorio que otorgue reglas claras para los inversores y legitimidad desde su génesis para los proyectos. Sin excepciones.
No es cierto que tengan que enterarse por los medios. Pueden enterarse con sólo leer el Boletín Oficial, claro que éste –seguramente- no tenga la línea editorial del diario de Yrigoyen. Seguramente preferirían que no se veten leyes ilegítimas o con defectos legales, si ellas responden a sus intereses.
Quedaría claro entonces que lo que se busca es un Puerto para los vecinos, y no una puerta para la discrecionalidad, la participación en los negocios y un costo para la comunidad y los vecinos, que ya hemos pagado con creces en una administración municipal que, a pesar de la justicia, impuso en la comunidad la permanente sospecha de intereses ocultos y beneficios ilegales a favor de quienes llegan para defender los intereses de los vecinos, y se quedan con el capital. (PUNTO CERO).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario