SAN ISIDRO, Octubre 23, (PUNTO CERO) En una sala colmada como pocas veces, y con las fuerzas vivas que aguardaban frente al deliberativo del Palacio Municipal, el Concejo Deliberante de San Isidro, por unanimidad y en presencia del intendente del Partido, Dr. Gustavo Posse, aprobó una resolución por la cual solicita a los gobiernos nacional y provincial se declare la EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Tal como se expresa en el artículo primero, su objetivo es ¡maximizar los recursos del Estado tendientes a prevenir, reducir, reprimir y/o sancionar la ola de delitos que castiga al Conurbano Bonaerense y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En los fundamentos del documento se expresa que “si bien la problemática del delito no es competencia del ámbito municipal, siendo la misma responsabilidad de organismos nacionales y provinciales, como representantes de los vecinos de San Isidro debemos acompañar a nuestra comunidad en sus reclamos de justicia y manifestar nuestro dolor e indignación por la falta de respuestas eficientes a este estado de inseguridad que vive la sociedad sanisidrense y el resto de los ciudadanos que habitan el Area Metropolitana”.
“En tal carácter –añade- peticionamos a los organismos responsables la implementaci{on de políticas activas que permitan optimizar los recursos a fin de brindar tranquilidad y seguridad a una comunidad jaqueada por el delito”.
Luego de referirse a los documentos emitidos por el cuerpo en los que se subrayan la preocupación por la problemática delictual, recuerda que San Isidro “no es el único que sufre el flagelo de la inseguridad y la problemática delictual, sino que la misma se manifiesta en toda la zona identificada como Area Metropolitana, lo que implica la necesidad de un trabajo conjunto de jurisdicciones tanto nacional como provincial”.
Y luego dice: “En el mismo marco de análisis, es necesario que los organismos responsables de brindar a la comunidad la prevención, represión y/o sanción legítima del delito articulen sus esfuerzos frente a la gravedad de la inseguridad imperante que vive la sociedad”.
“La crisis de seguridad que se manifiesta públicamente meritúa por parte de los organismos responsables declarar la situación en Emergencia en el Area de Seguridad Pública que implique la disponibilidad urgente de recursos humanos, legales, financieros, tecnológicos y el funcionamiento eficaz de la institucionalidad vigente, que permitan dar una respuesta eficiente al actual estado de indefensión que experimenta la sociedad”.
“En tal sentido no es razonable la decisión intempestiva y unilateral de retirar personal de seguridad de zonas de alta conflictividad que generan importantes niveles de desprotección en la comunidad, como lo es la desafectación de agentes de Gendarmería Nacional en distintas zonas del Distrito. Máxime cuando este Concejo por unanimidad y a pedido de los vecinos, solicitó oportunamente que se extiendan estos puestos a otras zonas del Partido”.
“Una de las medidas urgentes a implementarse debe ser la incorporación del personal idóneo de seguridad en situación de retiro, para cumplir tareas de prevención, a fin de suplir la falta de recursos humanos en esta área, reconocida por las autoridades responsables en la materia, y conforme fuese acordado entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Pcia. De Buenos Aires oportunamente”.
“Por otra parte es necesario que los organismos a cargo de la administración de justicia, junto con los sistemas penitenciarios, el Patronato de Liberados y demás organismos competentes desarrollen acciones tendientes a evitar la liberación irresponsable de delincuentes de alta peligrosidad, en virtud de que muchos delitos son protagonizados por personas con frondosos antecedentes penales”.
“Si bien reconocemos que las herramientas idóneas para la prevención del delito se basan en la reconstrucción de valores ligados a la integración social, respeto, solidaridad y libertad responsable, cuyas políticas deben fortalecer la familia, la educación, el empleo, la distribución justa del ingreso y demás acciones tendientes a resolver la problemática social que aún padecen vastos sectores de nuestra población es fundamental, mientras tanto, implementar gestiones que busquen prevenir y sancionar inconductas sociales que permitan recuperar, dentro de la legalidad plena de los derechos ciudadanos, la credibilidad de la población en las instituciones del Estado en materia de seguridad y justicia”.
“Tampoco escapa de este análisis la necesidad de adecuar la legislación vigente respecto de los menores que delinquen y demuestran un alto grado de peligrosidad, generando registros de antecedentes, sanciones y mecanismos eficaces de contención para la reinserción de los mismos, que busquen proteger al menor, su familia y a la sociedad”.
En el articulado de la resolución aprobada, además de pedir se declare la emergencia en materia de seguridad, se expresa que “sin perjuicio de lo establecido y reconociendo expresamente que el Municipio no posee competencias propias atinentes a las cuestiones de seguridad, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se declara en Sesión Permanente, a fin de profundizar la articulación con otras organizaciones públicas y civiles en acciones positivas que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad en el Distrito”.
Luego solicita a la Procuración General y al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires “arbitrar los medios necesarios a fin de dar celeridad a las investigaciones penales en curso, que impidan la impunidad de los delitos graves y la liberación de los detenidos ‘peligrosos’, en concordancia con el ejercicio pleno de los derechos constitucionales”.
Requiere a las autoridades provinciales competentes “acelerar la incorporación al servicio activo del personal de seguridad idóneo en situación de retiro para cumplir funciones de prevención en el Distrito en particular y en el resto del Conurbano Bonaerense en general”.
También requiera al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Nación “la reinstalación inmediata de los puestos de control de fuerzas de Seguridad Nacional que se encontraban en funciones en el ámbito del Distrito”.
La Presidencia del Cuerpo comunicará esta resolución al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación , Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación , Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Cámaras Legislativas de la Provincia de Buenos Aires, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tal como se expresa en el artículo primero, su objetivo es ¡maximizar los recursos del Estado tendientes a prevenir, reducir, reprimir y/o sancionar la ola de delitos que castiga al Conurbano Bonaerense y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En los fundamentos del documento se expresa que “si bien la problemática del delito no es competencia del ámbito municipal, siendo la misma responsabilidad de organismos nacionales y provinciales, como representantes de los vecinos de San Isidro debemos acompañar a nuestra comunidad en sus reclamos de justicia y manifestar nuestro dolor e indignación por la falta de respuestas eficientes a este estado de inseguridad que vive la sociedad sanisidrense y el resto de los ciudadanos que habitan el Area Metropolitana”.
“En tal carácter –añade- peticionamos a los organismos responsables la implementaci{on de políticas activas que permitan optimizar los recursos a fin de brindar tranquilidad y seguridad a una comunidad jaqueada por el delito”.
Luego de referirse a los documentos emitidos por el cuerpo en los que se subrayan la preocupación por la problemática delictual, recuerda que San Isidro “no es el único que sufre el flagelo de la inseguridad y la problemática delictual, sino que la misma se manifiesta en toda la zona identificada como Area Metropolitana, lo que implica la necesidad de un trabajo conjunto de jurisdicciones tanto nacional como provincial”.
Y luego dice: “En el mismo marco de análisis, es necesario que los organismos responsables de brindar a la comunidad la prevención, represión y/o sanción legítima del delito articulen sus esfuerzos frente a la gravedad de la inseguridad imperante que vive la sociedad”.
“La crisis de seguridad que se manifiesta públicamente meritúa por parte de los organismos responsables declarar la situación en Emergencia en el Area de Seguridad Pública que implique la disponibilidad urgente de recursos humanos, legales, financieros, tecnológicos y el funcionamiento eficaz de la institucionalidad vigente, que permitan dar una respuesta eficiente al actual estado de indefensión que experimenta la sociedad”.
“En tal sentido no es razonable la decisión intempestiva y unilateral de retirar personal de seguridad de zonas de alta conflictividad que generan importantes niveles de desprotección en la comunidad, como lo es la desafectación de agentes de Gendarmería Nacional en distintas zonas del Distrito. Máxime cuando este Concejo por unanimidad y a pedido de los vecinos, solicitó oportunamente que se extiendan estos puestos a otras zonas del Partido”.
“Una de las medidas urgentes a implementarse debe ser la incorporación del personal idóneo de seguridad en situación de retiro, para cumplir tareas de prevención, a fin de suplir la falta de recursos humanos en esta área, reconocida por las autoridades responsables en la materia, y conforme fuese acordado entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Pcia. De Buenos Aires oportunamente”.
“Por otra parte es necesario que los organismos a cargo de la administración de justicia, junto con los sistemas penitenciarios, el Patronato de Liberados y demás organismos competentes desarrollen acciones tendientes a evitar la liberación irresponsable de delincuentes de alta peligrosidad, en virtud de que muchos delitos son protagonizados por personas con frondosos antecedentes penales”.
“Si bien reconocemos que las herramientas idóneas para la prevención del delito se basan en la reconstrucción de valores ligados a la integración social, respeto, solidaridad y libertad responsable, cuyas políticas deben fortalecer la familia, la educación, el empleo, la distribución justa del ingreso y demás acciones tendientes a resolver la problemática social que aún padecen vastos sectores de nuestra población es fundamental, mientras tanto, implementar gestiones que busquen prevenir y sancionar inconductas sociales que permitan recuperar, dentro de la legalidad plena de los derechos ciudadanos, la credibilidad de la población en las instituciones del Estado en materia de seguridad y justicia”.
“Tampoco escapa de este análisis la necesidad de adecuar la legislación vigente respecto de los menores que delinquen y demuestran un alto grado de peligrosidad, generando registros de antecedentes, sanciones y mecanismos eficaces de contención para la reinserción de los mismos, que busquen proteger al menor, su familia y a la sociedad”.
En el articulado de la resolución aprobada, además de pedir se declare la emergencia en materia de seguridad, se expresa que “sin perjuicio de lo establecido y reconociendo expresamente que el Municipio no posee competencias propias atinentes a las cuestiones de seguridad, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se declara en Sesión Permanente, a fin de profundizar la articulación con otras organizaciones públicas y civiles en acciones positivas que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad en el Distrito”.
Luego solicita a la Procuración General y al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires “arbitrar los medios necesarios a fin de dar celeridad a las investigaciones penales en curso, que impidan la impunidad de los delitos graves y la liberación de los detenidos ‘peligrosos’, en concordancia con el ejercicio pleno de los derechos constitucionales”.
Requiere a las autoridades provinciales competentes “acelerar la incorporación al servicio activo del personal de seguridad idóneo en situación de retiro para cumplir funciones de prevención en el Distrito en particular y en el resto del Conurbano Bonaerense en general”.
También requiera al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Nación “la reinstalación inmediata de los puestos de control de fuerzas de Seguridad Nacional que se encontraban en funciones en el ámbito del Distrito”.
La Presidencia del Cuerpo comunicará esta resolución al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación , Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación , Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Cámaras Legislativas de la Provincia de Buenos Aires, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por último invita a adherir a la resolución adoptada a los concejos deliberantes que integran el conurbano bonaerense. (PUNTO CERO).
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