martes, mayo 04, 2010

Un negocio de $460 millones desata interna en el macrismo

(La Política OnLine). La licitación por cuatro años del servicio de seguridad privada para la Ciudad de Buenos Aires enfrenta a empresarios, ministros y ex funcionarios. Las empresas de seguridad privada que venían operando hasta ahora denuncian que la licitación fue hecha a medida y desde el Gobierno vinculan a antiguos funcionarios con algunas de esas compañías. La apertura de sobres que se concretaría el 5 de mayo se prorrogó hasta el 17 y todos señalan a Prosegur como la favorita.

Hasta hoy, la instalación de cámaras de seguridad, censores y la vigilancia en Hospitales y Escuelas es contratada por el gobierno de la ciudad a unas 15 empresas de seguridad privada a través del decreto 329 de reconocimiento de servicios. El macrismo busca achicar gastos y llamó a una licitación para ordenar la prestación del servicio que le cuesta al Estado 114 millones de pesos al año. La adjudicación sería por cuatro años.

Aunque se realizaron tres llamados a licitación desde 2005 a esta parte, todos resultaron desiertos y continuaron operando las mismas empresas, que la semana pasada publicaron una solicitada en los diarios nacionales. En ella sostenían que en los pliegos se exigían "requisitos leoninos" para que participen "solamente tres empresas de todas las empresas de seguridad del país". La solicitada fue firmada por Briefing Security y Comahue, entre otras.

En el macrismo la licitación pública N° 653-DGCYC-2010 genera curiosas idas y vueltas. Mientras que algunos funcionarios señalan que la licitación la definieron en Seguridad, desde la cartera que conduce Guillermo Montenegro afirman que los límites y topes de los pliegos son definidos en el Ministerio de Hacienda, pero en rigor todos miran a la Jefatura de Gabinete que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

La licitación -cuya apertura de sobres se concretaría el 5 de mayo pero fue prorrogada para el lunes 17 a pedido de algunas empresas interesadas- está dividida en cuatro renglones: Servicio de Seguridad y Vigílancia Electrónica, Servicios de Seguridad y Vigilancia Física en los Ministerios de Educación, Salud y otros objetivos. Fuentes del Gobierno afirmaron que las cuatro áreas pueden ser adjudicadas a una misma empresa o a cuatro diferentes según la mejor oferta.

Desde las empresas que se quejaron en la solicitada, insisten en que la licitación fue hecha a medida. Como argumento señalan que en el artículo 25 inciso 5 del Pliego de Condiciones Particulares se especifica como requisito de admisibilidad para las empresas oferentes una facturación mínima de 100 millones de pesos en el último año. Según denuncian, solo tres empresas de las alrededor de 700 que existen en el rubro, podrían participar.

Desde el gobierno de Macri responden que las empresas que se quejan, hoy prestan un servicio “deficiente y desordenado”. Y afirman que protestan porque “no quieren perderse un negocio millonario que hasta ahora nadie controlaba”. Sugirieron, además, vinculaciones de algunas de estas compañías con ex funcionarios de la gestión de Jorge Telerman. Desde sectores de la oposición, en tanto, señalan que el negocio de la seguridad privada quedaría en manos de una sola empresa en la que tendrían intereses cercanos al macrismo.

Las Pyme afuera

Como sea, los funcionarios consultados por LPO reconocieron que con los requisitos expuestos en el pliego de licitación las empresas pequeñas y medias nacionales no tendrían posibilidades de participar. La disposición 147/2006 de SEPyME señala que en lo que respecta al rubro servicios para las pequeñas y medianas empresas el promedio de los últimos tres años de facturación anual no debe superar los 3.366.000 para pequeñas empresas y 22.4440.000 para medianas. Una cifra muy lejana a los 100 millones que exige el pliego.

El reclamo de los empresarios fue tomado por el diputado de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, quien presentó hoy un pedido de informes sobre la licitación pública del Servicio de Seguridad y Vigilancia y Vigilancia electrónica. El legislador puso el acento en la disposición 147/2006 y su incompatibilidad con el artículo 25 inciso 5 del pliego. Esto es que por un lado se alienta la participaciópn de Pymes en las licitaciones y por el otro se fijan cláusulas que las excluyen.

Desde el Gobierno, en tanto, aclaran que por las características y la envergadura del servicio, las Pymes no están en condiciones de brindarlo satisfactoriamente de forma individual, aunque sí podrían haberse presentado como UTE y no lo hicieron. En el pliego, sin embargo, se aclara que para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), el requisito es que dos de ellas sumen en su facturación 100 millones de pesos anuales.

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