(La Política OnLine). Aunque está prohibido en la Constitución bonaerense y la presidente de la Auditoría General de la Ciudad lo considera un “delito ambiental”, desde la Agencia de Protección Ambiental porteña, a cargo de Graciela Gerola, adjudicaron a la empresa Bafesa SA el traslado de 10 toneladas de pilas a la provincia. El jefe de Gabinete bonaerese, Alberto Pérez, adviertió en que no autorizará el ingreso. En dilálogo con LPO, Gerola lo desafió: "vamos a ir a la justicia".
La campaña de recolección de residuos electrónicos realizada por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires en 2009 fue un éxito, se recolectaron 10 toneladas de pilas y baterías. Pero algo falló. Los residuos tóxicos aún permanecen en un galpón de Pompeya porque nunca se definió el destino final del material contaminante. Después de un intento fallido de traslado de los residuos a Córdoba, la Ciudad pretende ahora llevarlos a alguno de los tres depósitos de seguridad que existen en la provincia de Buenos Aires.
Enterado de la movida, el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, adelantó que no se permitirá el ingreso de las pilas y destacó que la provincia tiene prohibido en su Constitución recibir residuos tóxicos. Sin embargo, Graciela Gerola, titular de la Agencia de Protección Ambiental porteña, insistió en que existe una resolución que habilita a la provincia a recibir los residuos si se demuestra que estos no son tóxicos.
Confiada en esta disposición, Gerola firmó la Resolución 500, que se publicó esta semana en el Boletín Oficial, en la que se preadjudica a la empresa Bafesa SA el traslado de las 10 toneladas de pilas a territorio bonaerense.
Según explicó Gerola a LPO, Bafesa ya contaría con los resultados del laboratorio que confirman que los residuos no son tóxicos y esta semana iniciaría los trámites ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para que autorice del ingreso de las pilas.
Bafesa SA, proveedora del Estado desde 2004, es la empresa que ganó la licitación pública 012-09 y por tanto la adjudicataria del transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas por un monto de 76.600 pesos.
Para la Presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, la Agencia de Protección Ambiental porteña promueve abiertamente un delito ambiental al resolver la adjudicación a BEFESA SA y están estudiando denunciarla. Incluso, desde este organismo de control avisaron al más alto nivel del gobierno porteño sobre la delicada situación en la que se ubicó Gerola.
Arroja incluso más dudas sobre el futuro de Gerola su actual situación política. Inicialmente llegó al cargo con el apoyo del entonces vicepresidente de la Legislatura Diego Santilli, pero apenas instalada en la Agencia se alineó con el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. Ahora que Santilli reemplazó a Piccardo, lejos de alinearse con el nuevo ministro, Gerola suele ignorar sus instrucciones, según confirmaron a LPO fuentes de la Ciudad.
Como sea, inicialmente la Agencia ambiental había anunciado que enviaría las 10 toneladas de baterías y pilas a Bouwer, provincia de Córdoba, y tras las manifestaciones de los vecinos de la localidad, las autoridades cordobesas desistieron de la recepción. Luego se sugirió que deberían ser trasladadas a la provincia de Buenos Aires en virtud de un convenio que,”debía firmarse”, pero olvidaron que la Constitución bonaerense en su Art. 28, establece la prohibición de ingreso de residuos Tóxicos y Radiactivos, según precisó Bergenfeld.
La campaña de recolección de residuos electrónicos realizada por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires en 2009 fue un éxito, se recolectaron 10 toneladas de pilas y baterías. Pero algo falló. Los residuos tóxicos aún permanecen en un galpón de Pompeya porque nunca se definió el destino final del material contaminante. Después de un intento fallido de traslado de los residuos a Córdoba, la Ciudad pretende ahora llevarlos a alguno de los tres depósitos de seguridad que existen en la provincia de Buenos Aires.
Enterado de la movida, el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, adelantó que no se permitirá el ingreso de las pilas y destacó que la provincia tiene prohibido en su Constitución recibir residuos tóxicos. Sin embargo, Graciela Gerola, titular de la Agencia de Protección Ambiental porteña, insistió en que existe una resolución que habilita a la provincia a recibir los residuos si se demuestra que estos no son tóxicos.
Confiada en esta disposición, Gerola firmó la Resolución 500, que se publicó esta semana en el Boletín Oficial, en la que se preadjudica a la empresa Bafesa SA el traslado de las 10 toneladas de pilas a territorio bonaerense.
Según explicó Gerola a LPO, Bafesa ya contaría con los resultados del laboratorio que confirman que los residuos no son tóxicos y esta semana iniciaría los trámites ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para que autorice del ingreso de las pilas.
Bafesa SA, proveedora del Estado desde 2004, es la empresa que ganó la licitación pública 012-09 y por tanto la adjudicataria del transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas por un monto de 76.600 pesos.
Para la Presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, la Agencia de Protección Ambiental porteña promueve abiertamente un delito ambiental al resolver la adjudicación a BEFESA SA y están estudiando denunciarla. Incluso, desde este organismo de control avisaron al más alto nivel del gobierno porteño sobre la delicada situación en la que se ubicó Gerola.
Arroja incluso más dudas sobre el futuro de Gerola su actual situación política. Inicialmente llegó al cargo con el apoyo del entonces vicepresidente de la Legislatura Diego Santilli, pero apenas instalada en la Agencia se alineó con el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. Ahora que Santilli reemplazó a Piccardo, lejos de alinearse con el nuevo ministro, Gerola suele ignorar sus instrucciones, según confirmaron a LPO fuentes de la Ciudad.
Como sea, inicialmente la Agencia ambiental había anunciado que enviaría las 10 toneladas de baterías y pilas a Bouwer, provincia de Córdoba, y tras las manifestaciones de los vecinos de la localidad, las autoridades cordobesas desistieron de la recepción. Luego se sugirió que deberían ser trasladadas a la provincia de Buenos Aires en virtud de un convenio que,”debía firmarse”, pero olvidaron que la Constitución bonaerense en su Art. 28, establece la prohibición de ingreso de residuos Tóxicos y Radiactivos, según precisó Bergenfeld.
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