Los tres consejeros escolares que denunciaron a la cúpula de ese organismo afirmaron a EL CIVISMO que ampliarán la denuncia elevada a la Dirección Provincial de Consejos Escolares. Encontraron pruebas de manejos incorrectos de noviembre y abril pasado. Y un cuestionamiento puntual por un ingreso al Jardín María Niña.
En una conferencia de prensa realizada días atrás, plagada de adjetivos y con escasas precisiones, la intendenta Graciela Rosso escudó a las autoridades del Consejo Escolar, Verónica Rodríguez Carer y Miriam Duo, ante la denuncia de tres consejeros escolares que elevaron a la Dirección Provincial de Consejo Escolares una serie de pruebas sobre presuntas maniobras irregulares. Allí, Rosso intentó dar por cerrada la cuestión que compromete a dos dirigentes de su sector, pero los hechos demuestran que se está lejos de esa culminación esperada por el oficialismo.
Esta semana se supo que desde el área dirigida por el funcionario provincial Gonzalo Bagú se reenvió el expediente de la denuncia al Consejo de Luján para que se amplíen y respondan consultas. En la comunicación oficial se detallaba que el regreso a Provincia debía ser "urgente", aunque no especificaba un plazo.
Rodríguez Carer se apuró en responder el expediente con su versión de los hechos –tanto que hay quienes aseguran que trabajó algunos días hasta altas horas de la noche-. Alegó que la respuesta debía darse en cinco días como máximo y cerró esa puerta a las ampliaciones de los denunciantes Fabio Aranda, Cristina Locastro y Gustavo Palacios.
Aranda precisó a EL CIVISMO que de inmediato se llamó a La Plata y aseguraron que ante una respuesta que consideraban incompleta, el expediente regresará en estos días a Luján.
Ocurre que mientras el expediente aguardaba las ampliaciones en el organismo de la calle San Martín, la secretaria técnica no concurrió al Concejo y eso dificultó, entre otras cosas, el acceso a las carpetas de legajo de las empresas prestadoras o proveedoras del Consejo.
Esos documentos no se mostraron en la conferencia de prensa de la intendenta y siguen sin aparecer, alimentando la versión de que muchas de las empresas beneficiadas con obras desde el Consejo sólo han presentado una fotocopia de su inscripción como monotributistas.
Por otra parte, Aranda indicó a este medio que se resolvió no sólo detallar aspectos de la denuncia que abarcó los manejos de fondos durante los meses de diciembre, enero y febrero, sino que se agregan datos sobre las mismas presuntas irregularidades perpetradas durante noviembre de 2010 y aún en abril de este año, con la denuncia ya radicada.
Como ocurrió con la presentación formal que generó la reacción del gobierno, en este caso los consejeros también acompañan la extensión de la denuncia con una enorme cantidad de fotocopias de actas de sesión en las que se evidencia que gran parte de los trabajos realizados y solventados con los recursos del Consejo no pasaron por esa instancia.
Se agregan boletas de muchos de los proveedores; listados de empresas, cheques que recibieron, monto de cada obra y anotaciones en las que se indica si fueron aprobadas o no por el cuerpo.
Hay casos como uno facturado el 4 de abril por un prestador que en sus boletas no especifica qué tareas o servicios vende y sólo detalla que tiene que cobrar 1.800 pesos por "Trabajos realizados en la sede de Inspectores".
En un informe que los denunciantes redactaron para volcarlo a la denuncia, se observa un listado de obras que tampoco pasaron por sesiones y que se solventan con el fondo especial de recursos que gestionó el funcionario provincial Gabriel Miranda; unos 90 mil pesos al año.
A ello se agrega otra sospecha que habrá que ver si toma forma de denuncia. Consejeros de la oposición aseguraron a este medio que no pueden dar con los contratos que avalan la relación con los proveedores del servicio de comedores escolares. Cuesta creer en semejante falencia.
MARÍA NIÑA
Si bien los tres consejeros denunciantes habían acordado el texto de la presentación que enviaron a La Plata, el consejero Palacios añadió en la redacción otra maniobra que consideran inadecuada y que habría realizado la presidenta del Consejo. "Yo no quería meterme con ese tema, pero ya es tarde, porque consta en un escrito que tiene mi firma", admitió a EL CIVISMO el consejero Aranda.
Según consta en un escrito previo a la denuncia dada a conocer a los medios, se informa que Rodríguez Carer logró, por su investidura, el ingreso como alumno de su hijo al Jardín Maternal María Niña.
La funcionaria habría explicado que no había nada incorrecto en esa acción, aunque sea complejo conseguir vacantes. Sin embargo, un documento que consta en el legajo del "María Niña" compromete el accionar de Rodríguez Carer.
En un escrito en el que se detallan las condiciones de ingreso a ese establecimiento, el apartado "3" indica los "tipos de familias que atiende el Jardín". Y se especifica que serán "familias más carenciadas, estando los nenes en situación de riesgo; mamás solteras y familias numerosas; mamás que son único sostén de familia; mamás separadas, etc.".
La nota del legajo del Jardín agrega en el punto "4" para el ingreso que "una vez realizada la inscripción un asistente los visitará elaborando un informe y de acuerdo a la cantidad de vacantes se establecerán prioridades para aquellos que estén en altísimo (sic) riesgo, alto riesgo y riesgo". (El Civismo).
En una conferencia de prensa realizada días atrás, plagada de adjetivos y con escasas precisiones, la intendenta Graciela Rosso escudó a las autoridades del Consejo Escolar, Verónica Rodríguez Carer y Miriam Duo, ante la denuncia de tres consejeros escolares que elevaron a la Dirección Provincial de Consejo Escolares una serie de pruebas sobre presuntas maniobras irregulares. Allí, Rosso intentó dar por cerrada la cuestión que compromete a dos dirigentes de su sector, pero los hechos demuestran que se está lejos de esa culminación esperada por el oficialismo.
Esta semana se supo que desde el área dirigida por el funcionario provincial Gonzalo Bagú se reenvió el expediente de la denuncia al Consejo de Luján para que se amplíen y respondan consultas. En la comunicación oficial se detallaba que el regreso a Provincia debía ser "urgente", aunque no especificaba un plazo.
Rodríguez Carer se apuró en responder el expediente con su versión de los hechos –tanto que hay quienes aseguran que trabajó algunos días hasta altas horas de la noche-. Alegó que la respuesta debía darse en cinco días como máximo y cerró esa puerta a las ampliaciones de los denunciantes Fabio Aranda, Cristina Locastro y Gustavo Palacios.
Aranda precisó a EL CIVISMO que de inmediato se llamó a La Plata y aseguraron que ante una respuesta que consideraban incompleta, el expediente regresará en estos días a Luján.
Ocurre que mientras el expediente aguardaba las ampliaciones en el organismo de la calle San Martín, la secretaria técnica no concurrió al Concejo y eso dificultó, entre otras cosas, el acceso a las carpetas de legajo de las empresas prestadoras o proveedoras del Consejo.
Esos documentos no se mostraron en la conferencia de prensa de la intendenta y siguen sin aparecer, alimentando la versión de que muchas de las empresas beneficiadas con obras desde el Consejo sólo han presentado una fotocopia de su inscripción como monotributistas.
Por otra parte, Aranda indicó a este medio que se resolvió no sólo detallar aspectos de la denuncia que abarcó los manejos de fondos durante los meses de diciembre, enero y febrero, sino que se agregan datos sobre las mismas presuntas irregularidades perpetradas durante noviembre de 2010 y aún en abril de este año, con la denuncia ya radicada.
Como ocurrió con la presentación formal que generó la reacción del gobierno, en este caso los consejeros también acompañan la extensión de la denuncia con una enorme cantidad de fotocopias de actas de sesión en las que se evidencia que gran parte de los trabajos realizados y solventados con los recursos del Consejo no pasaron por esa instancia.
Se agregan boletas de muchos de los proveedores; listados de empresas, cheques que recibieron, monto de cada obra y anotaciones en las que se indica si fueron aprobadas o no por el cuerpo.
Hay casos como uno facturado el 4 de abril por un prestador que en sus boletas no especifica qué tareas o servicios vende y sólo detalla que tiene que cobrar 1.800 pesos por "Trabajos realizados en la sede de Inspectores".
En un informe que los denunciantes redactaron para volcarlo a la denuncia, se observa un listado de obras que tampoco pasaron por sesiones y que se solventan con el fondo especial de recursos que gestionó el funcionario provincial Gabriel Miranda; unos 90 mil pesos al año.
A ello se agrega otra sospecha que habrá que ver si toma forma de denuncia. Consejeros de la oposición aseguraron a este medio que no pueden dar con los contratos que avalan la relación con los proveedores del servicio de comedores escolares. Cuesta creer en semejante falencia.
MARÍA NIÑA
Si bien los tres consejeros denunciantes habían acordado el texto de la presentación que enviaron a La Plata, el consejero Palacios añadió en la redacción otra maniobra que consideran inadecuada y que habría realizado la presidenta del Consejo. "Yo no quería meterme con ese tema, pero ya es tarde, porque consta en un escrito que tiene mi firma", admitió a EL CIVISMO el consejero Aranda.
Según consta en un escrito previo a la denuncia dada a conocer a los medios, se informa que Rodríguez Carer logró, por su investidura, el ingreso como alumno de su hijo al Jardín Maternal María Niña.
La funcionaria habría explicado que no había nada incorrecto en esa acción, aunque sea complejo conseguir vacantes. Sin embargo, un documento que consta en el legajo del "María Niña" compromete el accionar de Rodríguez Carer.
En un escrito en el que se detallan las condiciones de ingreso a ese establecimiento, el apartado "3" indica los "tipos de familias que atiende el Jardín". Y se especifica que serán "familias más carenciadas, estando los nenes en situación de riesgo; mamás solteras y familias numerosas; mamás que son único sostén de familia; mamás separadas, etc.".
La nota del legajo del Jardín agrega en el punto "4" para el ingreso que "una vez realizada la inscripción un asistente los visitará elaborando un informe y de acuerdo a la cantidad de vacantes se establecerán prioridades para aquellos que estén en altísimo (sic) riesgo, alto riesgo y riesgo". (El Civismo).
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