La Argentina creó unos 2,7 millones de puestos de trabajo desde 2003, pero buena parte correspondió a empleo público en todas las instancias gubernamentales: nacional, provincial y municipal.
El Gobierno decidió avanzar por un sendero con escaso margen de error, al disponer que el Estado se haga cargo de la mayoría de los principales resortes de la economía, en momentos en que no se avizora un plan para poner en caja la inflación y hasta el jefe del Palacio de Hacienda considera al tema un "problema menor". La decisión de aplicar una fuerte intervención en el mercado de capitales y de disponer en qué menú productivo pueden invertir las aseguradoras, planteará una desafío mayúsculo para una burocracia creciente.
La Argentina creó unos 2,7 millones de puestos de trabajo en los últimos años, pero buena parte correspondió a empleo público en todas las instancias gubernamentales: nacional, provincial y municipal.
Desde el 2003, la cantidad de personas ocupadas aumentó 21%: pasó de 12.933.000 en el tercer trimestre de 2003 a 15.640.000 en el primer trimestre de 2012.
Esto representa 2.707.000 puestos de trabajo creados con el "modelo", según las propias cifras del Ministerio de Trabajo.
Si el cristinismo es "la etapa superior del kirchnerismo", como bromean en voz baja algunos intelectuales oficialistas que leyeron la obra cumbre de Vladimir Lenin ("El imperialismo, etapa superior del capitalismo"), los límites de la concepción de ir "por más" que replica en cada acto de la presidenta Cristina Fernández son una incógnita.
La Presidenta parece estar convencida de estar llevando adelante una cruzada para cambiar de raíz la matriz económico, social y hasta política de la Argentina, persuadida de que el "modelo", cuya silueta emerge sinuosa y difusa, puede marcar el rumbo de este siglo turbulento.
Desde el punto de vista económico, una carencia que afronta el kirchnerismo está vinculada con su incapacidad para aceptar datos objetivos de la realidad, miopía que suele pagarse cara, aunque tal vez esa cuenta no la deba saldar Cristina sino su sucesor, como ocurrió con la "bomba de tiempo" que Carlos Menem le dejó a Fernando de la Rúa.
La Presidenta ni siquiera pudo aún desenredar la madeja de subsidios multimillonarios que quedó de su primer mandato -intentó eliminarlos y enseguida debió retroceder-, y se introdujo en una jaula y arrojó la llave con la cuestión inflacionaria, un tema que, como no sabe solucionar, opta por negar.
La escalada de precios parece ser el principal problema de la economía argentina, y la razón por la cual se deben tomar cada semana medidas que van esmerilando la sustentabilidad del modelo.
La insólita lógica esgrimida por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de que mientras se crezca la inflación no interesa, caería en el mismo error político de quienes repiten "roban pero hacen", para describir cierta tendencia a un pragmatismo mal entendido que caracterizó distintas etapas del populismo en la Argentina, liderada en todos los casos por el peronismo.
Se llama cepo.
El primer ejemplo de que la inflación es un problema fue el cepo al dólar: ante la fuga de capitales, Cristina razonó que devaluar sólo provocaría una escalada aún mayor de precios, y por eso prefirió prohibir la venta de divisas a costa de mantenerla retrasada y perjudicar al aparato industrial.
De paso, enturbió el mercado cambiario: la Justicia debería investigar qué viene ocurriendo con el dólar paralelo, y si el gobierno está interviniendo para condicionar su precio.
¿Acaso la autoridad monetaria está interviniendo a través de terceros? ¿Qué rol juega la ANSeS cuando le vende dólares al BCRA? ¿Qué ocurre con la diferencia entre el dólar que se paga a los exportadores cuando liquidan divisas y el valor "real" en el mercado negro de esa moneda?
Son preguntas por ahora sin respuesta, pero como ocurrió con la híperinflación a fines de los 80 y la convertibilidad y el endeudamiento a fines de los 90, la falta de transparencia en el mercado debería ser seguida con atención por la Justicia.
Kicillof pinchó la "burbuja".
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, alertó a la Presidenta sobre el riesgo de una burbuja inmobiliaria que estaba elevando los precios de las viviendas y haciendo que el sector de la construcción se enfocara en las propiedades destinadas a sectores de alto poder adquisitivo.
"Los sojeros estaban comprando viviendas para ellos, para sus hijos y también para sus nietos", fue el análisis escuchado cerca del hombre fuerte de la economía.
Por eso, al gobierno no le preocupa la caída del 65 por ciento que el cepo al dólar provocó en la actividad inmobiliaria. Considera que el plan de viviendas Procrear podrá reemplazar la caída en el nivel de actividad, porque cada mil viviendas que se construyen se crean unos 3.000 puestos de trabajo.
Diego Bossio, la espada que Cristina tiene al frente de la ANSeS, destacó que el 80 por ciento de las familias que obtuvieron un préstamo de Procrear (con promedio de edad de 35 años y dos hijos) tiene ingresos menores a los 10 mil pesos mensuales.
Así, la iniciativa estaría llegando a la clase media con fuerte empuje, y podría también dinamizar la actividad constructora.
Distinto es el caso de los sectores populares: para el gobierno, la pobreza afecta al 7 por ciento de la población, mientras que para el Barómetro de la Universidad Católica está más cerca del 25 por ciento.
Las imágenes que a diario pueden verse en las calles argentinas, en especial en zonas postergadas de la Ciudad y del conurbano, parecen estar más cerca de la perspectiva de la Iglesia que de la realizada por el INDEC.
Pero más allá de la polémica por los indicadores, el gobierno aún no le encontró la vuelta al problema social, que parece demandar mucho más que una estrategia basada en subsidios que se cristalizaron, sin lograr traducirse, en gran parte de los casos, en una salida laboral genuina. (Asteriscos TV).
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