La justicia ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregar información sobre su inversión publicitaria en 2011.
Se trata de un fallo dictado por Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado en lo CAyT Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se consignó que “ la información requerida reviste neto carácter público , en tanto refiere al presupuesto, su ejecución y a la asignación de la publicidad oficial, lo que hace a la administración de fondos públicos y, a la par, se relaciona en forma indirecta al ejercicio de derechos fundamentales como son el de libertad de expresión y libertad de prensa , piedras fundamentales en las que se basa el sistema republicano y democrático, una de cuyas notas distintivas reside en la publicidad de los actos de gobierno”.
El caso se inició a raíz de un amparo presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), ante la falta de respuesta a un pedido de información.
En junio de 2012 la ONG presentó un pedido de acceso a la información pública en el cual, tal como ocurrió en ocasiones anteriores, se pidieron datos de pauta oficial desagregados por distintas variables: rubros, medios de comunicación, campañas publicitarias y organismos contratantes.
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