Reclamaron el tratamiento de la ley de basura electrónica. Lo rechazaron.

Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, los diputados del FAP Margarita Stolbizer, Gerardo Milman, Claudio Lozano y Alicia Ciciliani reclamaron el tratamiento de la ley de basura electrónica.
Sin embargo, en la reunión realizada, Roberto Feletti rechazó el pedido.

“Mañana pediremos su tratamiento en el recinto, al igual que el de la ley de acceso a la información publica”, adelantó Stolbizer

Por iniciativa de la Diputada del GEN-FAP Margarita Stolbizer, diputados nacionales del Frente Amplio Progresista (FAP) solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda el urgente tratamiento de la "Ley de Basura Electrónica". La comisión se reunió ayer a la tarde, y el presidente Roberto Feletti rechazó el pedido.

El proyecto de Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) cuenta con media sanción del Senado y dictamen en las Comisiones de Recursos Naturales e Industria en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el trabajo de cinco años de elaboración y construcción de consensos en torno a la temática del que participaron los distintos bloques parlamentarios y diversas organizaciones de la sociedad civil, cae en saco roto porque el Frente para la Victoria continuó con su negativa de tratarlo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y por tanto pierde estado parlamentario.

“Estamos hablando de una ley fundamental para la defensa del medio ambiente ya que Argentina carece de una regulación específica”, señaló Stolbizer y agregó “Cada año se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Día a día generamos altísimos niveles de contaminación con estos residuos tóxicos emanados de aparatos eléctricos y electrónicos que se encuentran en una “zona gris” entre los residuos domiciliarios y aquellos caracterizados como peligrosos, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de residuos, la más tóxica de los domiciliarios”.
Además de crear un sistema nacional de gestión de los RAEE, la norma en cuestión prohíbe a las empresas emplear determinadas sustancias tóxicas en los procesos de producción y las obliga a reciclar los residuos de sus propios productos, estableciendo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, es decir, la carga legal y financiera para las empresas de responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil.