LA PLATA, Marzo 19, (PUNTO CERO) Desde 2002 rige la emergencia sanitaria nacional que suspende las ejecuciones forzadas de créditos que la AFIP tiene contra prestadores médicos inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores y los geriátricos incluidos en el Sistema Nacional de Seguro de Salud y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Mediante la adhesión a la ley nacional que así lo estipula, la diputada de Pro – Nor, Marta Ferrara, pretende que la Dirección Provincial de Rentas adopte la misma actitud.
De este modo, los prestadores médicos asistenciales en internación, diagnóstico y tratamiento con certificado de inscripción en el citado registro, así como los establecimientos geriátricos prestadores del Sistema y el Instituto también mencionados, gozarían de la suspensión de las ejecuciones que Rentas intente llevar adelante, hasta el 31 de diciembre de este año.
Ferrara advirtió que “existe un vacío legislativo provincial con respecto a la vigencia de la emergencia sanitaria en orden a la Dirección Provincial de Rentas”. Y añadió que “se plantea una situación incongruente pues la emergencia decretada por una ley nacional afecta a la AFIP y, siendo la provincia de Buenos Aires un estado federal, no pasa lo mismo con Rentas”.
La legisladora basó su iniciativa entre otras cosas en que, “el sector financiador provincial, el de las obras sociales nacionales y el PAMI tienen importantes deudas con los prestadores privados, cuando este sector sufrió la caída del 25% de su oferta en los últimos años y el sistema el sistema de prestación estatal se encuentra en graves dificultades, por lo que no podría sustituir al sector privado ante un potencial colapso”.
La diputada Ferrara dio a conocer algunos datos estadísticos relacionado con los prestadores médicos: Las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico atienden el 80% de la población afiliada a las obras sociales; asiste un universo de más de 7 millones de personas en la provincia, es decir 1 de cada 2 bonaerenses; el sector ocupa en forma directa a más de 47.100 bonaerenses en relación de dependencia, de quienes dependen 141.500 personas y al menos 40 mil profesionales de la salud.
De este modo, los prestadores médicos asistenciales en internación, diagnóstico y tratamiento con certificado de inscripción en el citado registro, así como los establecimientos geriátricos prestadores del Sistema y el Instituto también mencionados, gozarían de la suspensión de las ejecuciones que Rentas intente llevar adelante, hasta el 31 de diciembre de este año.
Ferrara advirtió que “existe un vacío legislativo provincial con respecto a la vigencia de la emergencia sanitaria en orden a la Dirección Provincial de Rentas”. Y añadió que “se plantea una situación incongruente pues la emergencia decretada por una ley nacional afecta a la AFIP y, siendo la provincia de Buenos Aires un estado federal, no pasa lo mismo con Rentas”.
La legisladora basó su iniciativa entre otras cosas en que, “el sector financiador provincial, el de las obras sociales nacionales y el PAMI tienen importantes deudas con los prestadores privados, cuando este sector sufrió la caída del 25% de su oferta en los últimos años y el sistema el sistema de prestación estatal se encuentra en graves dificultades, por lo que no podría sustituir al sector privado ante un potencial colapso”.
La diputada Ferrara dio a conocer algunos datos estadísticos relacionado con los prestadores médicos: Las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico atienden el 80% de la población afiliada a las obras sociales; asiste un universo de más de 7 millones de personas en la provincia, es decir 1 de cada 2 bonaerenses; el sector ocupa en forma directa a más de 47.100 bonaerenses en relación de dependencia, de quienes dependen 141.500 personas y al menos 40 mil profesionales de la salud.
Por último destacó que “es un sector altamente intensivo en mano de obra, donde más del 60% de sus costos corresponde a cubrir ese gasto” por lo que consideró que “la no resolución de la crisis, afectaría no solo a lo específico en materia de salud sino además la desprotección del ingreso de muchas familias que obtienen recursos a través de las fuentes de trabajo que el sector genera”. (PUNTO CERO).
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