El último informe del Instituto para el Desarrollo Social (Idesa) indica que el incremento de impuestos bonaerense es un nuevo eslabón en un proceso de vertiginoso aumento de la presión tributaria en la Argentina, basado en tributos altamente distorsivos.
Siempre según el informe de Idesa, las cada vez mayores cargas dispuestas desde distintos estamentos gubernamentales (nacional, provinciales y municipales) están sofocando a los sectores productivos y provocan, como "daños colaterales", consecuencias sociales muy negativas.
"Mientras el gobierno nacional no encare un profundo replanteo en su estrategia fiscal, especialmente en dejar de apropiarse de recursos que deberían ser coparticipados para financiar gastos de muy baja eficacia social, el problema tiende a agravarse", asegura el informe.
A continuación, el trabajo observa que los países bien organizados optan por pocos impuestos con impactos que sean lo más neutrales posibles sobre los sectores de la producción. En este sentido, esos países hacen reposar la mayor parte de la recaudación en algún impuesto al consumo -la opción más frecuente es el IVA- y en el impuesto a las ganancias.
En la Argentina, en cambio, la recaudación se genera a través de una gran cantidad de impuestos, administrados de manera superpuesta por los tres niveles de gobierno, donde la mayoría se aplica a los mismos contribuyentes por los mismos hechos imponibles.
Como agravante, se apela a impuestos poco usados o directamente no utilizados en los países más desarrollados, debido a sus impactos distorsivos. En esta categoría entran los impuestos al trabajo, al cheque, a la ganancia mínima presunta, a los combustibles, los impuestos internos, los aranceles a la importación de insumos, los derechos de exportación y los impuestos a los ingresos brutos y las tasas municipales.
¿Cómo se conforma la estructura impositiva argentina a partir de esta complejidad? Según datos del Ministerio de Economía para 2008, referidos al consolidado de la recaudación nacional y provincial aparece que la presión impositiva total se estima en 31% del PBI; la presión ejercida por los impuestos más neutrales (IVA y el impuesto a las ganancias) es de 13% del PBI, es decir, generan sólo el 40% de la recaudación total, y el resto de los impuestos generan una presión de 18% del PBI siendo los más importantes por sus impactos distorsivos los impuestos al trabajo (5,1%), las retenciones (3,5%), el impuesto al cheque (1,9%) y el impuesto a los ingresos brutos (3,2%).
Los datos reunidos por Idesa confirman que se ha alcanzado un nivel de presión tributaria muy alto y basado en impuestos altamente distorsivos, siendo la causa primaria de este proceso la incompetencia para administrar con razonables niveles de eficiencia el IVA y el impuesto a las ganancias.
La brecha que generan los elevados niveles de evasión y elusión en estos dos impuestos, junto a una desbordante vocación por expandir el gasto público, se ha venido cubriendo con esos impuestos distorsivos y de nula o baja coparticipación, de los cuales los más decisivos son los impuestos al trabajo, las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.
La distorsión del sistema tributario se ve potenciada porque las provincias y los municipios reciben muy poco del aumento en la presión impositiva efectuada a escala nacional, pero enfrentan gran parte de las demandas de la población al ser los responsable de la mayoría de los servicios sociales más sensibles y estratégicos, como educación, salud, asistencia social y seguridad. Más aun, en muchos casos las provincias y los municipios son forzados a aumentar sus gastos como consecuencia de decisiones tomadas en el nivel nacional. El ejemplo más ilustrativo son los aumentos de salarios docentes que se deciden en una paritaria nacional, cuando los maestros son empleados públicos provinciales.
En este contexto, el fuerte aumento de impuestos dispuesto en la Provincia de Buenos Aires no constituye un hecho aislado sino una consecuencia previsible de las reglas fiscales prevalecientes, siendo de esperar que, salvo con diferencias de matices, el resto de las provincias adopten estrategias parecidas. Esto implicará seguir multiplicando las distorsiones y cercenando más aún a los sectores de la producción, y con ello restringiendo las posibilidades de iniciar un proceso sostenido de desarrollo social.
A raíz de estas evaluaciones, el trabajo de Idesa considera altamente prioritario un replanteo profundo del sistema tributario argentino. "El vencimiento de varios impuestos y la discusión de la ley de presupuesto 2010 es una oportunidad", señala, por ejemplo "eliminando subsidios a empresas públicas y privadas (...) para reducir la incidencia de los impuestos más distorsivos y simultáneamente aumentando la coparticipación", decisión que ayudaría a "mejorar la situación financiera de las provincias dándoles la oportunidad para que reviertan el deterioro de sus servicios sociales y simultáneamente no sigan multiplicando la escalada tributaria que cercena la producción y agrava la situación social".
El economista José Luis Espert, por su parte, estimó en una entrevista televisiva que ante ese panorama la receta que deberá aplicar la administración central será "bajar el gasto, subir impuestos o devaluar más rápido".
Siempre según el informe de Idesa, las cada vez mayores cargas dispuestas desde distintos estamentos gubernamentales (nacional, provinciales y municipales) están sofocando a los sectores productivos y provocan, como "daños colaterales", consecuencias sociales muy negativas.
"Mientras el gobierno nacional no encare un profundo replanteo en su estrategia fiscal, especialmente en dejar de apropiarse de recursos que deberían ser coparticipados para financiar gastos de muy baja eficacia social, el problema tiende a agravarse", asegura el informe.
A continuación, el trabajo observa que los países bien organizados optan por pocos impuestos con impactos que sean lo más neutrales posibles sobre los sectores de la producción. En este sentido, esos países hacen reposar la mayor parte de la recaudación en algún impuesto al consumo -la opción más frecuente es el IVA- y en el impuesto a las ganancias.
En la Argentina, en cambio, la recaudación se genera a través de una gran cantidad de impuestos, administrados de manera superpuesta por los tres niveles de gobierno, donde la mayoría se aplica a los mismos contribuyentes por los mismos hechos imponibles.
Como agravante, se apela a impuestos poco usados o directamente no utilizados en los países más desarrollados, debido a sus impactos distorsivos. En esta categoría entran los impuestos al trabajo, al cheque, a la ganancia mínima presunta, a los combustibles, los impuestos internos, los aranceles a la importación de insumos, los derechos de exportación y los impuestos a los ingresos brutos y las tasas municipales.
¿Cómo se conforma la estructura impositiva argentina a partir de esta complejidad? Según datos del Ministerio de Economía para 2008, referidos al consolidado de la recaudación nacional y provincial aparece que la presión impositiva total se estima en 31% del PBI; la presión ejercida por los impuestos más neutrales (IVA y el impuesto a las ganancias) es de 13% del PBI, es decir, generan sólo el 40% de la recaudación total, y el resto de los impuestos generan una presión de 18% del PBI siendo los más importantes por sus impactos distorsivos los impuestos al trabajo (5,1%), las retenciones (3,5%), el impuesto al cheque (1,9%) y el impuesto a los ingresos brutos (3,2%).
Los datos reunidos por Idesa confirman que se ha alcanzado un nivel de presión tributaria muy alto y basado en impuestos altamente distorsivos, siendo la causa primaria de este proceso la incompetencia para administrar con razonables niveles de eficiencia el IVA y el impuesto a las ganancias.
La brecha que generan los elevados niveles de evasión y elusión en estos dos impuestos, junto a una desbordante vocación por expandir el gasto público, se ha venido cubriendo con esos impuestos distorsivos y de nula o baja coparticipación, de los cuales los más decisivos son los impuestos al trabajo, las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.
La distorsión del sistema tributario se ve potenciada porque las provincias y los municipios reciben muy poco del aumento en la presión impositiva efectuada a escala nacional, pero enfrentan gran parte de las demandas de la población al ser los responsable de la mayoría de los servicios sociales más sensibles y estratégicos, como educación, salud, asistencia social y seguridad. Más aun, en muchos casos las provincias y los municipios son forzados a aumentar sus gastos como consecuencia de decisiones tomadas en el nivel nacional. El ejemplo más ilustrativo son los aumentos de salarios docentes que se deciden en una paritaria nacional, cuando los maestros son empleados públicos provinciales.
En este contexto, el fuerte aumento de impuestos dispuesto en la Provincia de Buenos Aires no constituye un hecho aislado sino una consecuencia previsible de las reglas fiscales prevalecientes, siendo de esperar que, salvo con diferencias de matices, el resto de las provincias adopten estrategias parecidas. Esto implicará seguir multiplicando las distorsiones y cercenando más aún a los sectores de la producción, y con ello restringiendo las posibilidades de iniciar un proceso sostenido de desarrollo social.
A raíz de estas evaluaciones, el trabajo de Idesa considera altamente prioritario un replanteo profundo del sistema tributario argentino. "El vencimiento de varios impuestos y la discusión de la ley de presupuesto 2010 es una oportunidad", señala, por ejemplo "eliminando subsidios a empresas públicas y privadas (...) para reducir la incidencia de los impuestos más distorsivos y simultáneamente aumentando la coparticipación", decisión que ayudaría a "mejorar la situación financiera de las provincias dándoles la oportunidad para que reviertan el deterioro de sus servicios sociales y simultáneamente no sigan multiplicando la escalada tributaria que cercena la producción y agrava la situación social".
El economista José Luis Espert, por su parte, estimó en una entrevista televisiva que ante ese panorama la receta que deberá aplicar la administración central será "bajar el gasto, subir impuestos o devaluar más rápido".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario