El diputado provincial Abel Buil (GEN – PS), le solicitó al Poder Ejecutivo que “inste al Congreso Nacional a estudiar y sancionar un marco regulatorio para el servicio de telefonía celular, en el que defina al mismo como servicio público”.
En los fundamentos de su iniciativa parlamentaria, el legislador por Rivadavia sostuvo que “las tarifas de dos de las prestadoras del servicio de telefonía celular que operan en el mercado, aumentarán en estos días entre un 15 a un 20 por ciento. La medida alcanza tanto a quienes pagan con abono como para los servicios prepagos con tarjetas y constituye el segundo aumento en lo que va del año, ya que en abril las dos compañías subieron sus valores en porcentajes similares a los actuales, con lo que acumulan un incremento del 32 por ciento y el 44 por ciento. En tanto que las dos empresas restantes que operan en la materia no han anunciado nuevos incrementos”.
“La suba de las citadas tarifas – reseñó Buil -, es una decisión discrecional de las empresas prestadoras y no guarda ninguna relación con aumentos de costos, ni con la inflación estimada por el INDEC, ni con la inflación estimada por consultores privados, ni - mucho menos - con la marcha de los salarios, ya que el servicio en cuestión no está encuadrado como servicio público, razón por la que el estado queda sin herramientas para intervenir en el proceso de fijación de tarifas”.
“En nuestro país – agregó el legislador por el GEN -, los teléfonos celulares se han incorporado definitivamente a la cotidianeidad de millones de argentinos de todas las edades y clases sociales, y es utilizado para todo tipo de comunicaciones y, para sentirse más seguro, ha llegando a usarse cada vez con mayor frecuencia por personas mayores y por pre-adolescentes. En Argentina el servicio de telefonía fija, considerado servicio público, posee aproximadamente 8 millones de líneas en servicio; en tanto que el servicio de telefonía celular, con cerca de 45 millones de líneas activas, se encuentra sujeto al libre albedrío del interés económico de las prestadoras”.
“Cabe señalar por otra parte, que la comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó hace dos meses un proceso que tiene como fin modificar la ley Nº 24.240 y con ello otorgar un marco regulatorio a la telefonía celular. En ese análisis – finalizó Buil -, se estudiaba también encuadrar al servicio de telefonía celular como servicio público, lo que cambiaría radicalmente el contexto en el que deberían desenvolverse las prestadoras del mismo”.
En los fundamentos de su iniciativa parlamentaria, el legislador por Rivadavia sostuvo que “las tarifas de dos de las prestadoras del servicio de telefonía celular que operan en el mercado, aumentarán en estos días entre un 15 a un 20 por ciento. La medida alcanza tanto a quienes pagan con abono como para los servicios prepagos con tarjetas y constituye el segundo aumento en lo que va del año, ya que en abril las dos compañías subieron sus valores en porcentajes similares a los actuales, con lo que acumulan un incremento del 32 por ciento y el 44 por ciento. En tanto que las dos empresas restantes que operan en la materia no han anunciado nuevos incrementos”.
“La suba de las citadas tarifas – reseñó Buil -, es una decisión discrecional de las empresas prestadoras y no guarda ninguna relación con aumentos de costos, ni con la inflación estimada por el INDEC, ni con la inflación estimada por consultores privados, ni - mucho menos - con la marcha de los salarios, ya que el servicio en cuestión no está encuadrado como servicio público, razón por la que el estado queda sin herramientas para intervenir en el proceso de fijación de tarifas”.
“En nuestro país – agregó el legislador por el GEN -, los teléfonos celulares se han incorporado definitivamente a la cotidianeidad de millones de argentinos de todas las edades y clases sociales, y es utilizado para todo tipo de comunicaciones y, para sentirse más seguro, ha llegando a usarse cada vez con mayor frecuencia por personas mayores y por pre-adolescentes. En Argentina el servicio de telefonía fija, considerado servicio público, posee aproximadamente 8 millones de líneas en servicio; en tanto que el servicio de telefonía celular, con cerca de 45 millones de líneas activas, se encuentra sujeto al libre albedrío del interés económico de las prestadoras”.
“Cabe señalar por otra parte, que la comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó hace dos meses un proceso que tiene como fin modificar la ley Nº 24.240 y con ello otorgar un marco regulatorio a la telefonía celular. En ese análisis – finalizó Buil -, se estudiaba también encuadrar al servicio de telefonía celular como servicio público, lo que cambiaría radicalmente el contexto en el que deberían desenvolverse las prestadoras del mismo”.
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