(La Política OnLine). Durante la gestión de Telerman se creó el Registro de Demoledores y Excavadoras luego de que se detectaran “gran cantidad de obras en contravención que ponen en peligro la seguridad de los terrenos linderos a la actividad, y a la población”.
Todo indica que el trágico derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza que se cobró tres vidas, podría haberse evitado con sólo mirar las advertencias que daban los propios técnicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y no sólo de los que trabajan bajo la gestión de Mauricio Macri, sino también los anteriores.
En 2007, una norma ya señalaba los riesgos de derrumbe que había en ese barrio porteño. Así lo dejó asentado el subsecretario de Control Comunal, Rafael Federico Peña, cuando con la resolución Nº 22 creó el Registro de Demoledores y Excavadores bajo la órbita de de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano, hoy dirigido por Daniel Chain.
Allí Peña expone dos antecedentes claves para argumentar la necesidad de exigir más controles a la hora de construir.
En 2006 se suspendió “por 90 días el trámite de permisos de obra nueva o ampliación en los barrios de Villa Urquiza, Núñez, Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito, con fundamento en la necesidad de evaluar los efectos que el crecimiento edilicio provocara sobre la infraestructura de servicios disponibles en atención a la calidad de vida de la población de los mismos”.
Pero eso no fue todo, al año siguiente, a través del decreto 220/07 se encomendó a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro “la elaboración y puesta en marcha de un programa de supervisión de obras, dedicado al monitoreo de las obras en curso”. Cuando se llevó a cabo el control, se detectó que “gran cantidad de obras en contravención a lo dispuesto por el Código de Edificación; como así también obras con trabajos de excavación y demolición sin permiso otorgado, que ponen en riesgo la seguridad de los terrenos linderos a la actividad, y a la población misma”.
Con estas dos razones, Peña establece que “la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro deberá exigir al momento de la presentación del expediente de obra nueva, una copia de la escritura traslativa de dominio que permita conocer el estado del terreno en el cual se proyectará la obra” y les exige a la empresa o persona responsable de la actividad de demolición o excavación un seguro de responsabilidad civil.
Hasta el momento, no se sabe si la construcción que llevaba adelante el ingeniero Guillermo Heyaca Varela –hoy inhabilitado por el gobierno porteño a ejercer su profesión por 15 años- cumplió con esta normativa. El vocero del Ministerio de Desarrollo Urbano no está en la Ciudad y nadie responde los teléfonos de la cartera de Chain.
En 2007, una norma ya señalaba los riesgos de derrumbe que había en ese barrio porteño. Así lo dejó asentado el subsecretario de Control Comunal, Rafael Federico Peña, cuando con la resolución Nº 22 creó el Registro de Demoledores y Excavadores bajo la órbita de de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano, hoy dirigido por Daniel Chain.
Allí Peña expone dos antecedentes claves para argumentar la necesidad de exigir más controles a la hora de construir.
En 2006 se suspendió “por 90 días el trámite de permisos de obra nueva o ampliación en los barrios de Villa Urquiza, Núñez, Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito, con fundamento en la necesidad de evaluar los efectos que el crecimiento edilicio provocara sobre la infraestructura de servicios disponibles en atención a la calidad de vida de la población de los mismos”.
Pero eso no fue todo, al año siguiente, a través del decreto 220/07 se encomendó a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro “la elaboración y puesta en marcha de un programa de supervisión de obras, dedicado al monitoreo de las obras en curso”. Cuando se llevó a cabo el control, se detectó que “gran cantidad de obras en contravención a lo dispuesto por el Código de Edificación; como así también obras con trabajos de excavación y demolición sin permiso otorgado, que ponen en riesgo la seguridad de los terrenos linderos a la actividad, y a la población misma”.
Con estas dos razones, Peña establece que “la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro deberá exigir al momento de la presentación del expediente de obra nueva, una copia de la escritura traslativa de dominio que permita conocer el estado del terreno en el cual se proyectará la obra” y les exige a la empresa o persona responsable de la actividad de demolición o excavación un seguro de responsabilidad civil.
Hasta el momento, no se sabe si la construcción que llevaba adelante el ingeniero Guillermo Heyaca Varela –hoy inhabilitado por el gobierno porteño a ejercer su profesión por 15 años- cumplió con esta normativa. El vocero del Ministerio de Desarrollo Urbano no está en la Ciudad y nadie responde los teléfonos de la cartera de Chain.
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