El gobierno provincial denunció agresiones a funcionarios de la cartera educativa bonaerense. Según explicaron, a la subsecretaria de Gestión Educativa le lanzaron piedras y vidrios tras salir de una negociación con los sectores en conflicto. No garantizan el pago de sueldos.
Sin brindar precisiones sobre el recorte, ni mencionar responsabilidades sobre gastos desmedidos en la cartera educativa bonaerense, el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y la titular de Educación, Nora de Lucia denunciaron hoy agresiones hacia funcionarios provinciales por partes de quienes mantienen tomado la Dirección General de Escuelas.
Pérez aseguró que ayer, en el marco de las negociaciones entre el Ejecutivo provincial y los sectores gremiales, representantes de UPCN fueron agredidos, se cortó el agua y se cortó la luz y se imposibilitó a les imposibilitó salir del ministerio. “Tuvieron que salir custodiados por la policía dos horas después”, narró el Jefe de Ministros.
Según explicó, hoy fueron a retomar el diálogo y volvieron a ser agredidos, en particular la subsecretaria de Gestión Educativa, Nora Estrada, a través de piedrazos y vidrios.
Pérez apuntó a la agrupación 11 de Septiembre, una escisión de UPCN que lidera Fernando Marín. El Jefe de Gabinete lo señaló como una persona que tiene una denuncia penal por malversación de fondos en el ministerio de Educación bonaerense.
El funcionario detalló que en la cartera están afectados unos 350 mil empleados entre docentes, auxiliares y administrativos. “Esta agrupación no representa ni el 0,1 de ese universo”, dijo
“Se trata de un reclamo de un grupo pequeño quieren mantener privilegios que nosotros no estamos dispuestos a sostener”.
De Lucia no garantizó el pago de los sueldos. “Estamos tomando todas las medidas para garantizar la liquidación porque hay 350 personas que dependen de esto”, aseguró pero sin dar certezas sobre el pago.
“Le estamos pidiendo a la gente que por lo que cobran trabajen”, dijo y agregó que “estos grupos tienen más de 150 horas extras por mes. Los invito a ir al ministerio a ver si encuentran a esa gente. Sabemos que la luz se corta a las 20 pero ellos tienen jornadas que superan las 22 horas”.
La funcionaria explicó también que a una persona privada de su libertad se le estaba liquidando horas extras y viáticos.
Sin embargo, no quiso precisar cuánto representan estas irregularidades en fondos. “Ponerle un valor absoluto a las irregularidades sería desviar el problema”, aseguró.
Además, tanto Pérez como De Lucia evitaron señalar responsabilidades esquivaron las preguntas al respecto.
Consultados por la posibilidad de desalojar el Ministerio a través de fuerzas policiales, Pérez se limitó a decir que “confiamos en la racionalidad de este pequeño grupo que se está equivocando. Les pedimos que se retiren del ministerio y que podamos seguir negociando con quienes sí tienen responsabilidad gremial”.
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