MORON: Le ganó a la peatonal

MORON, Marzo 23, (PUNTO CERO) La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón confirmó un fallo que condena al Municipio de Morón a pagar 300.000 pesos más intereses y costas al propietario de un inmueble, por los daños que le generó la instalación de una feria comercial sobre la calle Sarmiento entre 25 de Mayo y Belgrano, frente a la estación de ferrocarril, durante la gestión municipal de Juan Carlos Rousselot. La medida, que será recurrida por el Estado Municipal ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, fue promovida en setiembre de 1997, mientras que en febrero de 2000 -en el marco de las acciones para terminar con el comercio ilegal- el flamante intendente Martín Sabbatella dispuso desalojar la feria y reabrir la calle al paso vehicular.
A mediados de 1995, esa cuadra del centro de Morón fue transformada en un paseo comercial en el que se instalaron 50 puestos ambulantes. Algunos propietarios de locales y viviendas reaccionaron por el perjuicio generado y, en particular, Antonio Solari -dueño de un edificio de 14 oficinas y 4 locales en Sarmiento 854- inició una causa que obtuvo fallo favorable en primera instancia. El caso se agravó luego de que la gestión de Rousselot no procediera al levantamiento de los puestos, previsto para fines de 1998. A raíz de ello, Solari obtuvo una resolución judicial mediante la cual desde la fecha de ese incumplimiento debía ser indemnizado por el Municipio con un monto inicial de 500 pesos diarios, que a partir de febrero de 2000 se elevarían a 1.500 pesos y que se duplicarían mes a mes si la comuna no actuaba. De esa forma, si el intendente Sabbatella no hubiese dispuesto el inmediato desalojo de los puesteros, el monto de indemnización para Solari habría sido, en el 2000, de 94.208.000 pesos, bastante más que todo el presupuesto municipal de ese año.En el reciente fallo, la Cámara desestima el reclamo de Solari por daños y perjuicios posterior a la decisión de Sabbatella, aunque sí avala que existió perjuicio previo a esa fecha por la falta de cumplimiento de las normativas vigentes por parte del Gobierno a cargo de Rousselot. Además de la correspondiente apelación ante el máximo tribunal provincial, el Municipio estudia las pertinentes acciones por responsabilidad patrimonial. (PUNTO CERO).