BUENOS AIRES, Agosto 18, (PUNTO CERO) La consulta sobre la nueva Ley de Educación Nacional consistió en una encuesta realizada en forma directa a todo el país por el ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la consulta propia que realizó cada jurisdicción. Estamos llegando al final de la etapa prevista para recoger opiniones (según el cronograma nacional), pese a los ajustados tiempos que impone la urgencia de solucionar los problemas educativos.
El mes de agosto está previsto para el análisis de la información recogida. La provincia de Buenos Aires terminó en tiempo y forma su programa de consulta, aunque, respondiendo a la demanda de algunos sectores, seguirá incorporando durante el próximo mes nuevos aportes.
Respondieron la encuesta nacional más de 100 mil personas y en nuestra provincia participaron hasta el momento más de dos millones: 299.178 docentes y auxiliares en jornadas institucionales; 1794 miembros de la comunidad educativa en 6 foros regionales; 1.135.502 padres/madres; 695.963 alumnos mediante una encuesta; 920 adolescentes en los foros informáticos; 330 representantes de organizaciones de la sociedad civil; 13.000 en una encuesta a ciudadanos en ciudades del interior de la provincia y 96 grupos focales que abarcaron a representantes de todos los actores de la educación. y un foro informático para los adolescentes.
En la consulta, la crítica dejó paso a las propuestas, lo cual es un alentador síntoma del clima político cultural de la comunidad educativa, aunque, como en todo espacio lleno de vida, suceden y ocurrirán viejos y nuevos problemas generales y sectoriales. Debe tenerse en cuenta que durante más de una década, la lucha contra la Ley Federal de Educación (1993) condensó el rechazo de la mayor parte de la sociedad a una política educativa que, sumada a la crisis económico social, desarticuló y desgastó los subsistemas que estructuraban durante un siglo la educación nacional: la infraestructura, la capacitación y perfeccionamiento docentes, la sanidad escolar, las comunicaciones internas entre los organismos de conducción escolar, los establecimientos, los inspectores y los docentes. Y, especialmente, la educación secundaria y técnica y la articulación de los establecimientos provinciales en un sistema educativo nacional.
La Ley Federal produjo una fuerte tendencia a la dispersión de las partes del sistema: a los elementos ya anotados debe agregarse que la Ley desprende la educación técnica, especial, artística y física del tronco central del sistema, restándoles importancia y marginándolas. En consecuencia, se produjeron serios problemas legales, de gestión académica y administrativos, que requirieron soluciones en varios planos. Los bonaerenses ya estamos implementando la escuela secundaria de seis años y su vinculación con el trabajo.
Hemos establecido la capacitación gratuita y en servicio de los docentes y reforzamos los institutos superiores que forman a los profesores.
La Legislatura aprobó la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, que ofrecerá postgrados en nuevas especialidades que requiere la educación escolar y extra escolar de nuestra densa y compleja población. Entre otros, formará administradores del sistema educativo, pedagogos sociales y perfeccionará a profesores en sus disciplinas o áreas.
En cuanto a la infraestructura escolar, sumados los fondos nacionales y provinciales, desarrollamos un plan de reparaciones y nuevas construcciones que significa una inversión de 400 millones de pesos.
Para mejorar la gestión hemos llamado a concurso para el cargo de Secretarios técnicos de los 40 consejos escolares de distritos de más de 80 mil habitantes; para garantizar que todos los alumnos tengan los libros necesarios, hemos convocado a las editoriales, universidades y autores a participar en un concurso para la selección de 19 textos escolares, cuya impresión y distribución se licitará próximamente y el Gobierno de Buenos Aires repartirá de manera gratuita.
Podríamos seguir enumerando las tareas que están en marcha y las que faltan aún. Pero el mensaje central que quiero transmitir es que mejorar la educación, como todos los argentinos reclaman, requiere tanto adecuar la legislación como llevar adelante formas de gestión actualizadas, que garanticen la transparencia y la economía en el uso de los recursos, a la vez que se orienten por medio de una política educativa adecuada al sostenimiento del despegue de la economía y la cultura nacionales.
Esa política debe concebir en forma prioritaria programas que estimulen el regreso de quienes se ausentaron o abandonaron, pues para muchos niños, adolescentes y adultos, regresar al aula (o al programa semi presencial) es volver a la sociedad, así como la revalorización de la función y la responsabilidad de los docentes en la transmisión de la cultura y, en consecuencia, en la enseñanza de los saberes ciudadanos, los saberes del trabajo, los conocimientos históricos y científico-tecnológicos que permiten abordar la vida en prospectiva y los saberes necesarios para llevar adelante una vida digna.
La educación física y artística deben formar parte también de las enseñanzas que se deben enseñar y aprender en la escuela, incorporados profundamente al currículo, a la actividad docente y contando con los espacios físicos y el equipamiento necesarios. En la consulta realizada en la Provincia de Buenos Aires la mayoría ha transmitido como aspiración que formemos sujetos integrales, garantizando el desarrollo pleno de todas sus capacidades.
En las líneas anteriores expuse la interpretación de un primer análisis de la información. En las próximas semanas seguiremos informando en detalle los resultados aportados mediante cada instrumento de consulta utilizado y ajustando las conclusiones. El compromiso es entregar al Consejo Federal de Educación el último día de agosto, y a la opinión pública, un documento completo que refleje los consensos y disensos obtenidos. (PUNTO CERO).
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