LUJAN, Junio 23, (PUNTO CERO-El Civismo) El dinero que erogó el año pasado superó al presupuesto que tenía previsto en el Plan de Seguridad Ciudadana.
Una agencia cuyo titular es un ex funcionario de Prince se lleva la parte más jugosa del presupuesto y acapara todas las sospechas desde la oposición.
En 2006, el gobierno municipal destinó más recursos para seguridad privada que para solventar el Plan de Seguridad Ciudadana. Así se desprende de la Rendición de Cuentas remitida por estos días al Concejo Deliberante.
Los números hablan por sí solos: mientras para seguridad pública el municipio proyectó erogar al 29 de diciembre 409.533,76 pesos, sólo una de las tres empresas privadas de seguridad contratadas por la Municipalidad embolsó en doce meses la nada despreciable suma de 454.067,38 pesos.
La más beneficiada resultó ser la firma “Navarro Seguridad”, cuyo titular es quien fuera funcionario del área de Seguridad del gobierno actual, Héctor Navarro.
Por este monto, “Navarro Seguridad” tuvo en sus manos en 2006 la seguridad en el Hospital Municipal (en la actualidad sigue brindando esta cobertura). Además de facturar alrededor de 28.000 pesos mensuales, el concejal por el PJ Humberto Guibaud detectó una especie de “sobrefacturación” que osciló en forma mensual entre 5.000 y 8.900 pesos sin que hasta el momento el Ejecutivo explique en qué se pagó ese dinero.
A todo esto, Guibaud sostuvo que el gobierno debió haber llamado a una licitación pública ya que la suma pagada supera holgadamente los 258.000 pesos que establece como requisito la Provincia en la resolución 32/06 del Ministerio de Gobierno. “De movida, se presume que no cumplió con este requisito”, dijo el concejal, que además es contador y tiene experiencia en materia de Contaduría Pública.
Por otra parte, otros 39.275,72 pesos se los llevó “Luján Vigila”. También en este caso los concejales del PJ esperaban conocer qué tipo de servicio prestó en la firma debido a que el DE no remitió al Concejo Deliberante detalle alguno ni documentación que justifique esta salida de fondos públicos. A todo esto se añade que por el monto erogado, la administración municipal debió haber llamado a un concurso de precio, algo que tampoco hizo.
Además -siempre según las cifras suministradas por el presidente del bloque del PJ- la Municipalidad pagó 46.080 pesos al señor Hugo Ureña por haber brindado el “servicio de custodia” durante 7 meses en la Plazoleta Antigua Estación Basílica. En este caso, desde la oposición presumen que la Municipalidad habría pagado por este “servicio” durante todo el año.
A CONTRAMANO
Los números del gobierno demuestran que la seguridad pública no ha sido una prioridad. Las cifras ahora conocidas no hacen otra cosa que desmentir al propio Prince, quien aseguró en varias ocasiones que la seguridad es una cuestión de Estado.
En este sentido, la oposición está decidida en no dejar pasar por alto el lado menos conocido y engorroso como es el financiero. Sobre todo en tiempos en que el gobierno insiste en aumentar la recaudación, presuntamente para volcarla a la seguridad, a costa de reimponer la controversial “tasa”, eje de una polémica interminable.
Además, desde la oposición aseguran que en las planillas de la Rendición de Cuentas faltan comprobantes de gastos, boletas y todo tipo de documentación que pudiera demostrar una administración ordenada y transparente de las cuentas públicas.
Asimismo, el concejal Guibaud remarcó que el actual contador municipal desconocía las últimas disposiciones de la Ley Orgánica, al tiempo que se quejó porque el Ejecutivo envió el estado de sus cuentas a los concejales 48 horas antes de la sesión extraordinaria en la que pretendía la aprobación de la Rendición de Cuentas 2006.
“Son medidas dilatorias”, resumió el presidente del bloque del PJ, que al igual que el resto del arco opositor votó en forma negativa.
¿Y el “debate cívico”?
Pasaron 15 días y no se sabe a qué conclusiones llegó el gobierno tras la realización del “debate cívico” por la seguridad. Cabe recordar que tras la primera jornada en este tipo de evento, el municipio acordó convocar a los más de 200 invitados a un encuentro similar para la semana siguiente. Sin embargo, esto no ocurrió.
Este jueves, la cita era en el Museo de Bellas Artes, lugar al que habría concurrido una ínfima cantidad de personas. Tal era el poco interés de la convocatoria que ni siquiera la Dirección de Prensa oficial cubrió la reunión.
Otro dato que puede ayudar a explicar este fracaso es que de las “118” personas que asistieron por invitación del gobierno al Concejo Deliberante, no más de una decena no estaban vinculadas con el oficialismo ni teñidas de banderías políticas o intereses partidarios, como quedó expuesto en aquella ocasión.
Una agencia cuyo titular es un ex funcionario de Prince se lleva la parte más jugosa del presupuesto y acapara todas las sospechas desde la oposición.
En 2006, el gobierno municipal destinó más recursos para seguridad privada que para solventar el Plan de Seguridad Ciudadana. Así se desprende de la Rendición de Cuentas remitida por estos días al Concejo Deliberante.
Los números hablan por sí solos: mientras para seguridad pública el municipio proyectó erogar al 29 de diciembre 409.533,76 pesos, sólo una de las tres empresas privadas de seguridad contratadas por la Municipalidad embolsó en doce meses la nada despreciable suma de 454.067,38 pesos.
La más beneficiada resultó ser la firma “Navarro Seguridad”, cuyo titular es quien fuera funcionario del área de Seguridad del gobierno actual, Héctor Navarro.
Por este monto, “Navarro Seguridad” tuvo en sus manos en 2006 la seguridad en el Hospital Municipal (en la actualidad sigue brindando esta cobertura). Además de facturar alrededor de 28.000 pesos mensuales, el concejal por el PJ Humberto Guibaud detectó una especie de “sobrefacturación” que osciló en forma mensual entre 5.000 y 8.900 pesos sin que hasta el momento el Ejecutivo explique en qué se pagó ese dinero.
A todo esto, Guibaud sostuvo que el gobierno debió haber llamado a una licitación pública ya que la suma pagada supera holgadamente los 258.000 pesos que establece como requisito la Provincia en la resolución 32/06 del Ministerio de Gobierno. “De movida, se presume que no cumplió con este requisito”, dijo el concejal, que además es contador y tiene experiencia en materia de Contaduría Pública.
Por otra parte, otros 39.275,72 pesos se los llevó “Luján Vigila”. También en este caso los concejales del PJ esperaban conocer qué tipo de servicio prestó en la firma debido a que el DE no remitió al Concejo Deliberante detalle alguno ni documentación que justifique esta salida de fondos públicos. A todo esto se añade que por el monto erogado, la administración municipal debió haber llamado a un concurso de precio, algo que tampoco hizo.
Además -siempre según las cifras suministradas por el presidente del bloque del PJ- la Municipalidad pagó 46.080 pesos al señor Hugo Ureña por haber brindado el “servicio de custodia” durante 7 meses en la Plazoleta Antigua Estación Basílica. En este caso, desde la oposición presumen que la Municipalidad habría pagado por este “servicio” durante todo el año.
A CONTRAMANO
Los números del gobierno demuestran que la seguridad pública no ha sido una prioridad. Las cifras ahora conocidas no hacen otra cosa que desmentir al propio Prince, quien aseguró en varias ocasiones que la seguridad es una cuestión de Estado.
En este sentido, la oposición está decidida en no dejar pasar por alto el lado menos conocido y engorroso como es el financiero. Sobre todo en tiempos en que el gobierno insiste en aumentar la recaudación, presuntamente para volcarla a la seguridad, a costa de reimponer la controversial “tasa”, eje de una polémica interminable.
Además, desde la oposición aseguran que en las planillas de la Rendición de Cuentas faltan comprobantes de gastos, boletas y todo tipo de documentación que pudiera demostrar una administración ordenada y transparente de las cuentas públicas.
Asimismo, el concejal Guibaud remarcó que el actual contador municipal desconocía las últimas disposiciones de la Ley Orgánica, al tiempo que se quejó porque el Ejecutivo envió el estado de sus cuentas a los concejales 48 horas antes de la sesión extraordinaria en la que pretendía la aprobación de la Rendición de Cuentas 2006.
“Son medidas dilatorias”, resumió el presidente del bloque del PJ, que al igual que el resto del arco opositor votó en forma negativa.
¿Y el “debate cívico”?
Pasaron 15 días y no se sabe a qué conclusiones llegó el gobierno tras la realización del “debate cívico” por la seguridad. Cabe recordar que tras la primera jornada en este tipo de evento, el municipio acordó convocar a los más de 200 invitados a un encuentro similar para la semana siguiente. Sin embargo, esto no ocurrió.
Este jueves, la cita era en el Museo de Bellas Artes, lugar al que habría concurrido una ínfima cantidad de personas. Tal era el poco interés de la convocatoria que ni siquiera la Dirección de Prensa oficial cubrió la reunión.
Otro dato que puede ayudar a explicar este fracaso es que de las “118” personas que asistieron por invitación del gobierno al Concejo Deliberante, no más de una decena no estaban vinculadas con el oficialismo ni teñidas de banderías políticas o intereses partidarios, como quedó expuesto en aquella ocasión.
Pese a este detalle, el gobierno adujo que se trataba de una muestra de verdadera y legítima “participación” ciudadana, desacreditando de este modo a las más de 2.000 firmas que había juntado el PAUFE y que sirvieron para convocar a una (fallida) sesión extraordinaria en la que se pretendía interpelar al intendente y sus funcionarios por el incremento de la inseguridad. Vale recordar que la interpelación se frustró por la ausencia del jefe comunal, los concejales del Frente para la Victoria y la edil por la UCR, Liliana Molina. (PUNTO CERO-El Civismo).
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