BUENOS AIRES, Mayo 14, (PUNTO CERO-La Política OnLIne) El fallo judicial que modifica la ley que estipula las normas para el soterramiento de los cables no será tratado por la Legislatura. Se modificarán dos artículos que no alteran su carácter general. Los cables no se moverán de su sitio.
Después de una semana de silencio, dudas y especulaciones que giraron alrededor de la ley que beneficia al multimedios más grande del país, el resultado es, finalmente, el que todos especulaban: no habrá pronunciamiento y el fallo judicial, pronunciado por el Tribunal Superior de Justicia porteño, que pende sobre la ley se volverá efectivo. No es sorpresa y ya muchos lo daban por hecho, pero la confirmación llegó a NOTICIAS URBANAS desde las altas esferas del bloque PRO.
La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que debía discutir las modificaciones de la ley 1.877, y que ya se había pasado del lunes 5 de mayo al viernes 9 y de allí al lunes 12, no había sido ni siquiera agendada en el programa de la Comisión de ese último día, según informó Noticias Urbanas.
Con la Comisión fuera de juego, la modificación de la ley puede tratarse directamente en el recinto de la Legislatura en la sesión del jueves 15 de mayo, mismo día en que vence el plazo estipulado. Sin embargo sin la presencia del bloque mayoritario, el quórum necesario es una ilusión, por lo que los demás bloques, tengan voluntad política o no para tratar la ley, no pueden hacer mucho.
El resultado es el anunciado: las empresas de TV por cable de la ciudad (Cablevisión y Multicanal, propiedad del Grupo Clarín, y Telecentro), podrán seguir utilizando el espacio aéreo donde se mantienen colgados sus cables, viéndose obligados a soterrar solo el cableado nuevo. Las otras empresas que quieran ingresar al mercado porteño podrán usar el espacio aéreo sólo si es que se libera el espacio utilizado por una de las otras empresas, ya que la ley establece tres como el máximo de empresas que pueden utilizar los postes y cuatro como el número de los postes que pueden plantarse por cuadra. En definitiva, los cables que cuelgan sobre las cabezas de los ciudadanos seguirán donde están.
Después de una semana de silencio, dudas y especulaciones que giraron alrededor de la ley que beneficia al multimedios más grande del país, el resultado es, finalmente, el que todos especulaban: no habrá pronunciamiento y el fallo judicial, pronunciado por el Tribunal Superior de Justicia porteño, que pende sobre la ley se volverá efectivo. No es sorpresa y ya muchos lo daban por hecho, pero la confirmación llegó a NOTICIAS URBANAS desde las altas esferas del bloque PRO.
La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que debía discutir las modificaciones de la ley 1.877, y que ya se había pasado del lunes 5 de mayo al viernes 9 y de allí al lunes 12, no había sido ni siquiera agendada en el programa de la Comisión de ese último día, según informó Noticias Urbanas.
Con la Comisión fuera de juego, la modificación de la ley puede tratarse directamente en el recinto de la Legislatura en la sesión del jueves 15 de mayo, mismo día en que vence el plazo estipulado. Sin embargo sin la presencia del bloque mayoritario, el quórum necesario es una ilusión, por lo que los demás bloques, tengan voluntad política o no para tratar la ley, no pueden hacer mucho.
El resultado es el anunciado: las empresas de TV por cable de la ciudad (Cablevisión y Multicanal, propiedad del Grupo Clarín, y Telecentro), podrán seguir utilizando el espacio aéreo donde se mantienen colgados sus cables, viéndose obligados a soterrar solo el cableado nuevo. Las otras empresas que quieran ingresar al mercado porteño podrán usar el espacio aéreo sólo si es que se libera el espacio utilizado por una de las otras empresas, ya que la ley establece tres como el máximo de empresas que pueden utilizar los postes y cuatro como el número de los postes que pueden plantarse por cuadra. En definitiva, los cables que cuelgan sobre las cabezas de los ciudadanos seguirán donde están.
Al menos, hasta que logre debatirse un proyecto de ley, como los que ya han presentado algunos diputados como Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) y Martín Hourest (Igualdad Social), que determine efectivamente la obligación de las empresas de poner sus cables bajo tierra. (PUNTO CERO-La Política OnLIne).
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