Luján, Conflicto en la UNLu por concursos docentes

LUJAN, Mayo 16, (PUNTO CERO-El Civismo) A fines del mes pasado, una integrante del Departamento de Ciencias Sociales denunció un plan para “trabar” los concursos de esa área.
Involucró, sin nombrarlos, a tres consejeros superiores que presentaron su renuncia a la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos.
El jueves, el Consejo Superior decidió no aceptar esas renuncias en una sesión que duró siete horas y que derivó en un pedido de cuarto intermedio hasta la próxima semana.
La Universidad Nacional de Luján (UNLu) vive por estas horas una situación conflictiva que comenzó a gestarse a fines del mes pasado, cuando una integrante del Departamento de Ciencias Sociales difundió un correo electrónico donde denunció la existencia de un pacto para frenar los concursos docentes de esa área.
El escrito puso sobre la mesa las internas políticas desatadas en el seno de la casa de altos estudios, a un año de las próximas elecciones donde se elegirá, entre otros cargos, al nuevo rector de la Universidad.
“En nombre propio” es el título del texto firmado por María del Carmen Martínez, que llegó al Consejo Superior en la sesión del 24 de abril y que este jueves volvió a ocupar el centro del debate en ese órgano colegiado.
“Necesito informarles lo que está ocurriendo en este momento en la Universidad, con relación a los concursos y en especial con los concursos del Departamento de Ciencias Sociales”, dice Martínez al comienzo de la nota que se difundió como reguero de pólvora en las estructuras políticas de la UNLu.
Martínez cuenta que luego de participar como miembro de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos (instancia que tiene a su cargo asesorar al Consejo Superior sobre los concursos) verificó “la existencia de un acuerdo entre la mayoría presente en dicha comisión (entre los cuales había cuatro consejeros superiores, tres que representan a Departamentos y un no docente) para trabar, anular y/o por lo menos demorar los concursos realizados en nuestro Departamento”.
“La verificación de tal accionar surge de haber observado que existía un listado en poder de algunos miembros de la Comisión, en la que se habían anotado los expedientes y predeterminado su destino: la vuelta a la Secretaría y no su aprobación”.

CUARTO INTERMEDIO
Aunque sin nombrarlos, la acusación recayó sobre el presidente de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos (CAP) Mario Oloriz, el coordinar Alejandro Roberti y Susana Muraro. En la sesión del jueves, los tres consejeros superiores presentaron sus renuncias a la CAP con la intención de “facilitar las investigaciones que se lleven a cabo”. Al momento de tratarse esas solicitudes, el resto de los consejeros optaron en primera instancia por guardar silencio. Fue la intervención del consejero Daniel Villa la que desató el debate. La mayoría de los consejeros manifestaron su negativa a aceptar esas renuncias por creer que en caso de votar por la afirmativa legitimarían las denuncias vertidas en la carta de Martínez. “Estas renuncias es darle la razón al e-mail”, dijo uno de los integrantes de cuerpo colegiado.
Ante esta negativa, Oloriz y Muraro presentaron renuncias indeclinables, pero el Consejo pasó a sesionar “en cuarto secreto”, algo poco usual y que en la práctica significa discutir a puertas cerradas, zanjear diferencias y evitar un escándalo público.
Cuando ya habían pasado cerca de siete horas desde el comienzo de la sesión, se propuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, donde volverán a tratarse las renuncias presentadas por los integrantes de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos.

COMENTARIOS DE PASILLOS
Quienes en voz baja comparten las acusaciones de Martínez entienden que la disputa obedece a cuestiones estrictamente políticas, y ponen en el centro de la escena las elecciones del próximo año. En este sentido, entre los candidatos a ocupar el cargo de rector se encuentra la actual decana del Departamento de Ciencias Sociales, Alicia Rey.
Ese Departamento resulta decisivo en cualquier acto eleccionario debido a la extensa población docente y estudiantil que tiene a su cargo. Siempre según esta explicación, los concursos resultarían una herramienta electoral de suma importancia para definir el futuro político de la UNLu.
En el conflicto también aparece en escena el sector no docente, que a partir de la entrada en vigencia de la nueva estructura organizativa de la Universidad tiene ingerencia administrativa en los concursos docentes.
En la carta, Martínez comenta que “llegó al Departamento (de Ciencias Sociales) una nota proveniente de la nueva estructura no docente creada para el seguimiento de los concursos, dirigida a la jefa de Departamento Académico, realizando recomendaciones o sugerencias en la forma de tramitación de los concursos docentes”.
“Algunas de esas sugerencias implicaban lisa y llanamente una nueva reglamentación, o como mínimo una interpretación del Reglamento de Concursos, que como todos saben sólo corresponde hacer al Consejo Superior.
“Los concursos del Departamento de Ciencias Sociales están siendo objeto de un ataque por parte de algunos no docentes que están disputando la exclusividad de la tramitación de los concursos docentes (¡!), aliados con quienes se encuentran abocados a destruir el poder que el número de docentes le ha dado siempre a nuestro Departamento”, agrega Martínez.

Los mismos comentarios cuestionan la creciente influencia del sector no docente en las decisiones de la UNLu, y hablan de manejos poco claros en algunos concursos de ese sector. Una de esas supuestas anormalidades se hizo pública el año pasado, cuando María Teresa Deschutter -ahora ex trabajadora de la Universidad- radicó una denuncia en el Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), luego de considerar que existieron irregularidades en un concurso del que ella participó. (PUNTO CERO-El Civismo).