En menos de 24 horas, el juez Carzoglio frenó las subas en las boletas de los usuarios. Según explicó el defensor local Sebastián Vinagre a LPO, el fallo suspende el aumento, le exige a las empresas distribuidoras que cobren sin incrementos y les impide cortar el servicio”. Se le suman 7 localidades más.
El juez Luis Carzoglio avaló el amparo presentado por el defensor del Pueblo de Avellaneda, Sebastián Vinagre, contra el tarifazo de gas que alcanzó subas de hasta el 300%.
La Justicia avala el amparo presentado por el defensor del Pueblo de Avellaneda y los habitantes de la localidad bonaerense no deberán pagar el tarifazo de gas. Un caso testigo que ya se reproduce en siete localidades más y amenaza con avanzar al resto del país.
El juez de Garantía Nº 9, Luis Carzoglio, dio lugar en menos de 24 horas a la medida cautelar presentada por Sebastián Vinagre. En diálogo con La Política Online, el defensor de Avellaneda, explicó que el fallo “suspende el aumento del gas, le exige a las empresas distribuidoras que cobren sin incrementos y les impide cortar el servicio”. De esta manera, “no estarán obligados a pagar las subas en las facturas impuestas por el gobierno nacional”, concluyó.
La medida fue solicitada contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), contra el Ente Regulador del gas (ENARGAS), y contra la empresa METROGAS S.A., en su calidad de distribuidora y recaudadora del servicio de gas natural por redes en el Partido de Avellaneda.
Según la presentación de Vinagre, el Gobierno disfrazó un impuesto en “aumento tarifario”, ya que el incremento no va a parar a la empresa operadora del gas –como correspondería a una suba- sino que todo lo recaudado con el excedente conformará un Fondo Fiduciario que, como no podía ser de otra manera, controlará el poderoso ministro Julio De Vido.
El defensor del pueblo tiene como objeto que se declare “la inconstitucionalidad por ilegitimidad manifiesta” del decreto y las posteriores resoluciones. Mientras se espera que la Justicia siga su camino, con el amparo avalado por Carzoglio, se impide que los usuarios paguen los incrementos cuestionados. “El juez entendió que hay un daño inminente e irreparable hacia la sociedad y aceptó mi reclamo”, explicó Vinagre.
Y contó que la empresa distribuidora, Metrogas, ya mandó a reimprimir la facturas que mandaron con los aumentos y que podrían prorrogar el vencimiento de pago para no complicar a los vecinos con estas idas y vueltas.
Caso testigo
Avellaneda es un caso que marca un gran antecedente para todas las municipalidades. En sólo 24 horas, la Justicia se expidió ante el amparo del defensor del Pueblo local. Y esa es la estrategia. “Con otros defensores hablamos de conseguir a nivel local lo que no se consiguió a nivel nacional y así se está haciendo”, contó Vinagre.
Y así se está haciendo en Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Escobar y Campana. Pero se espera que se extienda más mientras, sigue pendiente que la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida sobre un pedido de amparo del defensor del pueblo de la Nación, que de concretarse tendría vigencia en todo el país. Además de los amparos, la Justicia debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto, lo que puede llegar hasta la Corte Suprema si antes no lo revoca el Parlamento.
El juez Luis Carzoglio avaló el amparo presentado por el defensor del Pueblo de Avellaneda, Sebastián Vinagre, contra el tarifazo de gas que alcanzó subas de hasta el 300%.
La Justicia avala el amparo presentado por el defensor del Pueblo de Avellaneda y los habitantes de la localidad bonaerense no deberán pagar el tarifazo de gas. Un caso testigo que ya se reproduce en siete localidades más y amenaza con avanzar al resto del país.
El juez de Garantía Nº 9, Luis Carzoglio, dio lugar en menos de 24 horas a la medida cautelar presentada por Sebastián Vinagre. En diálogo con La Política Online, el defensor de Avellaneda, explicó que el fallo “suspende el aumento del gas, le exige a las empresas distribuidoras que cobren sin incrementos y les impide cortar el servicio”. De esta manera, “no estarán obligados a pagar las subas en las facturas impuestas por el gobierno nacional”, concluyó.
La medida fue solicitada contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), contra el Ente Regulador del gas (ENARGAS), y contra la empresa METROGAS S.A., en su calidad de distribuidora y recaudadora del servicio de gas natural por redes en el Partido de Avellaneda.
Según la presentación de Vinagre, el Gobierno disfrazó un impuesto en “aumento tarifario”, ya que el incremento no va a parar a la empresa operadora del gas –como correspondería a una suba- sino que todo lo recaudado con el excedente conformará un Fondo Fiduciario que, como no podía ser de otra manera, controlará el poderoso ministro Julio De Vido.
El defensor del pueblo tiene como objeto que se declare “la inconstitucionalidad por ilegitimidad manifiesta” del decreto y las posteriores resoluciones. Mientras se espera que la Justicia siga su camino, con el amparo avalado por Carzoglio, se impide que los usuarios paguen los incrementos cuestionados. “El juez entendió que hay un daño inminente e irreparable hacia la sociedad y aceptó mi reclamo”, explicó Vinagre.
Y contó que la empresa distribuidora, Metrogas, ya mandó a reimprimir la facturas que mandaron con los aumentos y que podrían prorrogar el vencimiento de pago para no complicar a los vecinos con estas idas y vueltas.
Caso testigo
Avellaneda es un caso que marca un gran antecedente para todas las municipalidades. En sólo 24 horas, la Justicia se expidió ante el amparo del defensor del Pueblo local. Y esa es la estrategia. “Con otros defensores hablamos de conseguir a nivel local lo que no se consiguió a nivel nacional y así se está haciendo”, contó Vinagre.
Y así se está haciendo en Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Escobar y Campana. Pero se espera que se extienda más mientras, sigue pendiente que la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida sobre un pedido de amparo del defensor del pueblo de la Nación, que de concretarse tendría vigencia en todo el país. Además de los amparos, la Justicia debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto, lo que puede llegar hasta la Corte Suprema si antes no lo revoca el Parlamento.
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