A través de un proyecto de ley, el presidente del Bloque de diputados provinciales del GEN – PS, Jaime Linares, propuso ante la incertidumbre y dudas que generó en los sectores involucrados el anuncio por parte del Poder Ejecutivo de la “suspensión” del conflictivo artículo 26 de la Ley Impositiva, el que pretendía gravar las cargas y descargas en los puertos de la Provincia, “la derogación” lisa y llana del artículo de marras.
En los fundamentos de su iniciativa parlamentaria, en la que es acompañado por su par su del ARI, Walter Martello, el legislador bahiense advirtió que “la derogación garantizará a todos, que no habrá cambio de normas que alteren las condiciones de inversión o costos tarifarios, que puedan poner en riesgo fuentes laborables o definición de nuevos emprendimientos”.
“Proponer la suspensión del incremento propuesto, desde la puesta en vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2010 – afirmó Linares -, no es a nuestro entender la mejor manera de garantizar a todos los involucrados en el reclamo, que este nuevo gravamen no vuelva a ser puesto en consideración”.
“Creemos – agregó -, que hay que suprimir cualquier antecedente que, como éste, pueden dar lugar a un nuevo intento de perjudicar los costos portuarios”.
“La mayor presión tributaria a las cargas, como ha sido expuesto por los sectores gremiales; los operadores portuarios; los sectores productivos y los representantes de los distinto consorcios de administración portuaria, generaría condiciones desfavorables para nuevas inversiones y transferencia de cargas a puertos de otras provincias o de otros países, por el achicamiento de los hinterland de los nuestros”, finalizó Linares.
En los fundamentos de su iniciativa parlamentaria, en la que es acompañado por su par su del ARI, Walter Martello, el legislador bahiense advirtió que “la derogación garantizará a todos, que no habrá cambio de normas que alteren las condiciones de inversión o costos tarifarios, que puedan poner en riesgo fuentes laborables o definición de nuevos emprendimientos”.
“Proponer la suspensión del incremento propuesto, desde la puesta en vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2010 – afirmó Linares -, no es a nuestro entender la mejor manera de garantizar a todos los involucrados en el reclamo, que este nuevo gravamen no vuelva a ser puesto en consideración”.
“Creemos – agregó -, que hay que suprimir cualquier antecedente que, como éste, pueden dar lugar a un nuevo intento de perjudicar los costos portuarios”.
“La mayor presión tributaria a las cargas, como ha sido expuesto por los sectores gremiales; los operadores portuarios; los sectores productivos y los representantes de los distinto consorcios de administración portuaria, generaría condiciones desfavorables para nuevas inversiones y transferencia de cargas a puertos de otras provincias o de otros países, por el achicamiento de los hinterland de los nuestros”, finalizó Linares.
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