(Infocielo). Peor que la enfermedad, el remedio que –al menos en esos términos- presentó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza para regular la construcción de edificios en ese populoso distrito del Conurbano, generó un revuelo de dimensiones, que amenaza terminar en la Justicia con denuncias cruzadas y en el que conviven sospechas de todo tipo junto a cerca de 20 mil obras paralizadas, como consecuencia de la aplicación de una polémica ordenanza sospechada de ‘inconstitucional’
La polémica, según denunció la oposición, se generó cuando el jefe comunal se propuso reformular la reglamentación vigente en Obras Particulares, imponiendo substanciales modificaciones a la normativa anterior, con un agravante: “obliga a las obras que ya habían sido habilitadas y estaban en pleno proceso de construcción a reformular sus proyectos para adaptarlos a los nuevos parámetros”, remarcó la oposición en el Concejo Deliberante local. En la base de esa queja, subyace la supuesta inconstitucionalidad de pretender aplicar la nueva reglamentación de forma “retroactiva”, cuando –se sabe- las leyes y ordenanzas siempre operan ‘para adelante’.
El presidente del Bloque de Concejales de Unión Peronismo Federal, Adrián Verdini, se quejó porque “en el distrito existen entre 17 y 20 mil planos de obras paralizados, con el consecuente perjuicio que eso ocasiona a miles de trabajadores de la Construcción, además de ahuyentar las inversiones en el distrito”.
Desde el Municipio justificaron los cambios en la ordenanza municipal, alegando una lluvia de quejas por parte de los vecinos, particularmente en Ramos Mejía, por una supuesta “construcción indiscriminada”. Pero el remedio, parece haber agravado la enfermedad, y ahora la Dirección de Obras Particulares de La Matanza es el centro de una fuerte polémica, centrada en el accionar de ese organismo y en los funcionarios que allí se desempeñan.
Desde le Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, salieron a denunciar al organismo, por “las trabas” impuestas por esa oficina a las obras, “por los funcionarios a su cargo, que no tienen idea del daño que ocasionan en lo económico a los profesionales del sector”.
“Nunca exigimos que se aprueben planos y/o documentación que no se encuentre dentro de las normas vigentes, sino que denunciamos que con prepotencia y frialdad desconocen e invaden la aplicación de esas mismas normas”, denunció ante el Municipio, el colegio que nuclea “a los profesionales de la Ingeniería que residen y trabajan en el distrito”.
Los profesionales se quejan por la ordenanza municipal que impulsó el Ejecutivo aplicando cambios en la normativa, y que pretende aplicar, de forma retroactiva, para lo que ordenó la paralización de las obras, con el fin de que ajusten sus proyectos.
Verdini, denunció además la aplicación de una ordenanza municipal que hace que quienes no cumplen con las nuevas reglas, aún cuando las obras hayan sido aprobadas con la normativa anterior, “deben pagar multas que van desde los $1.250 hasta los $ 2.500 por metro cuadrado”.
En ese marco, la mayoría de los grupos inversores denunció que en los últimos días se realizaron “procedimientos irregulares” en las obras. “Aquellas que estaban cerradas las violentaban, entrando con barretas lo cual configura una clara violación de domicilios privado”.
Polémica por una obra “sin control” que disparó quejas de los vecinos
En medio del revuelo que se genero por las marchas y contra marchas en materia de legislación para la construcción de edificios en La Matanza, en Ramos Mejía se desató otra polémica, esta vez por la construcción de un Gigante, de 20 pisos, que los vecinos denuncian porque –dicen- “amenaza sepultar” sus propiedades.
Se trata de una Torre ubicada en Vicente López al 200 en el que se constató peligro de derrumbe y al que una vecina denunció temerosa por el riesgo que amenaza a su domicilio y a la integridad de su familia. Tras la denuncia, el propio Secretario de Planificación Operativa de Control de La Matanza, Alberto Olmos, se comprometió a ocuparse “personalmente del tema”, pero los vecinos denunciaron inacción municipal.
La polémica, según denunció la oposición, se generó cuando el jefe comunal se propuso reformular la reglamentación vigente en Obras Particulares, imponiendo substanciales modificaciones a la normativa anterior, con un agravante: “obliga a las obras que ya habían sido habilitadas y estaban en pleno proceso de construcción a reformular sus proyectos para adaptarlos a los nuevos parámetros”, remarcó la oposición en el Concejo Deliberante local. En la base de esa queja, subyace la supuesta inconstitucionalidad de pretender aplicar la nueva reglamentación de forma “retroactiva”, cuando –se sabe- las leyes y ordenanzas siempre operan ‘para adelante’.
El presidente del Bloque de Concejales de Unión Peronismo Federal, Adrián Verdini, se quejó porque “en el distrito existen entre 17 y 20 mil planos de obras paralizados, con el consecuente perjuicio que eso ocasiona a miles de trabajadores de la Construcción, además de ahuyentar las inversiones en el distrito”.
Desde el Municipio justificaron los cambios en la ordenanza municipal, alegando una lluvia de quejas por parte de los vecinos, particularmente en Ramos Mejía, por una supuesta “construcción indiscriminada”. Pero el remedio, parece haber agravado la enfermedad, y ahora la Dirección de Obras Particulares de La Matanza es el centro de una fuerte polémica, centrada en el accionar de ese organismo y en los funcionarios que allí se desempeñan.
Desde le Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, salieron a denunciar al organismo, por “las trabas” impuestas por esa oficina a las obras, “por los funcionarios a su cargo, que no tienen idea del daño que ocasionan en lo económico a los profesionales del sector”.
“Nunca exigimos que se aprueben planos y/o documentación que no se encuentre dentro de las normas vigentes, sino que denunciamos que con prepotencia y frialdad desconocen e invaden la aplicación de esas mismas normas”, denunció ante el Municipio, el colegio que nuclea “a los profesionales de la Ingeniería que residen y trabajan en el distrito”.
Los profesionales se quejan por la ordenanza municipal que impulsó el Ejecutivo aplicando cambios en la normativa, y que pretende aplicar, de forma retroactiva, para lo que ordenó la paralización de las obras, con el fin de que ajusten sus proyectos.
Verdini, denunció además la aplicación de una ordenanza municipal que hace que quienes no cumplen con las nuevas reglas, aún cuando las obras hayan sido aprobadas con la normativa anterior, “deben pagar multas que van desde los $1.250 hasta los $ 2.500 por metro cuadrado”.
En ese marco, la mayoría de los grupos inversores denunció que en los últimos días se realizaron “procedimientos irregulares” en las obras. “Aquellas que estaban cerradas las violentaban, entrando con barretas lo cual configura una clara violación de domicilios privado”.
Polémica por una obra “sin control” que disparó quejas de los vecinos
En medio del revuelo que se genero por las marchas y contra marchas en materia de legislación para la construcción de edificios en La Matanza, en Ramos Mejía se desató otra polémica, esta vez por la construcción de un Gigante, de 20 pisos, que los vecinos denuncian porque –dicen- “amenaza sepultar” sus propiedades.
Se trata de una Torre ubicada en Vicente López al 200 en el que se constató peligro de derrumbe y al que una vecina denunció temerosa por el riesgo que amenaza a su domicilio y a la integridad de su familia. Tras la denuncia, el propio Secretario de Planificación Operativa de Control de La Matanza, Alberto Olmos, se comprometió a ocuparse “personalmente del tema”, pero los vecinos denunciaron inacción municipal.
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