(Infocielo). Un juez platense le ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que informe a una ONG cuáles son las condiciones de accesibilidad para niños con discapacidades motrices en todas las escuelas de la jurisdicción. La medida fue dispuesta por el titular del juzgado Civil y Comercial número dos de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, ante un pedido formulado en 2008 por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La Asociación había requerido a la Dirección de Educación Especial dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial, sin éxito, información sobre las condiciones de accesibilidad de las 15.000 escuelas bonaerenses.
Ante el silencio del organismo oficial, la entidad presentó una acción de amparo, a la que el juez Silva Pelossi dio ahora favorable acogida.
Según un primer informe recabado por la Dirección de Infraestructura Escolar, sólo con las escuelas que tienen dirección de e-mail (la mitad del total, según la ADC), "más del 70 por ciento de las escuelas que respondieron no cuentan con instalaciones adaptadas para el acceso de personas con discapacidades motoras ni cuenta con servicios sanitarios adecuados para personas con discapacidades".
El juez dispuso que en el plazo de 90 días hábiles se complete la información, entregando los datos que faltan sobre el resto de las escuelas sobre las cuales no se cuenta con reportes oficiales. Según la legislación vigente, para que una escuela sea considerada accesible a las personas con discapacidades motrices debe contar con "pasillos anchos y ambientes amplios, transitables para sillas de ruedas, bastones o muletas, rampas, ascensores, baños con determinadas características y dimensiones y puertas anchas".
La Asociación había requerido a la Dirección de Educación Especial dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial, sin éxito, información sobre las condiciones de accesibilidad de las 15.000 escuelas bonaerenses.
Ante el silencio del organismo oficial, la entidad presentó una acción de amparo, a la que el juez Silva Pelossi dio ahora favorable acogida.
Según un primer informe recabado por la Dirección de Infraestructura Escolar, sólo con las escuelas que tienen dirección de e-mail (la mitad del total, según la ADC), "más del 70 por ciento de las escuelas que respondieron no cuentan con instalaciones adaptadas para el acceso de personas con discapacidades motoras ni cuenta con servicios sanitarios adecuados para personas con discapacidades".
El juez dispuso que en el plazo de 90 días hábiles se complete la información, entregando los datos que faltan sobre el resto de las escuelas sobre las cuales no se cuenta con reportes oficiales. Según la legislación vigente, para que una escuela sea considerada accesible a las personas con discapacidades motrices debe contar con "pasillos anchos y ambientes amplios, transitables para sillas de ruedas, bastones o muletas, rampas, ascensores, baños con determinadas características y dimensiones y puertas anchas".
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