El problema del Paco nos ha puesto en una situación de emergencia social en la que las graves consecuencias en materia de inseguridad, son lo menos grave. Así opinó el Diputado Abel Buil tras haber participado en una reunión conjunta de las comisiones de Prevención de Adicciones y Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer, a la que asistieron miembros de la Red de Madres y Familiares de víctimas de las drogas.
En dicha reunión, las red conocida como Las Madres del Paco realizó un pormenorizado informe de las diversas aristas del problema del Paco y reclamó la toma de conciencia de las graves consecuencias sociales que genera y de la necesidad de adoptar y sostener fuertes políticas públicas para prevenir el ingreso a la adicción, y para asistir eficazmente a quienes han caído en la misma. Como se sabe, la Red es una de las organizaciones comunitarias que día a día ponen su cuota de esfuerzo personal y recursos en la primera línea de lucha contra este flagelo social.
Del informe surge, una vez más, que la presencia del Estado es insuficiente, hecho que - según Buil - además de las Madres, lo reiteran los denominados “curas villeros” de la Iglesia Católica en cada declaración pública, pastores de diversas confesiones, la gente en general y también lo saben los funcionarios responsables de las políticas públicas sociales y de salud; sin embargo, los planes en la materia son erráticos, endebles e ineficaces; el Estado no ofrece suficientes efectores de salud capacitados, los hospitales y jueces no saben dónde derivar los pacientes en estos casos; y las pocas cosas bien encaminadas son desmanteladas en cada cambio de funcionario.
Desde lo legislativo, el Dip. Buil impulsa, por un lado, una Declaración para que el Poder Ejecutivo adopte medidas para atender a pacientes adictos, dinamice la actividad de los Centros Provinciales de Atención (C.P.A) y reorganice la Unidad de Desintoxicación en el Ministerio de Salud, además de capacitar al personal de las guardias hospitalarias para que éstas actúen como unidades de desintoxicación frente a la emergencia.
Y, por otro lado, presentó un proyecto tendiente a que la Suprema Corte de Justicia confeccione una Guía , dirigida a jueces , funcionarios y operadores sanitarios, con pautas concretas para la evaluación y orientación del modo de tratamiento dirigido a personas con problemas de drogas, similar al que realizó la Legislatura Porteña junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los organismos nacionales, llamada Guía de Orientación a la Magistratura para la Adecuada Atención de las Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas.
En dicha reunión, las red conocida como Las Madres del Paco realizó un pormenorizado informe de las diversas aristas del problema del Paco y reclamó la toma de conciencia de las graves consecuencias sociales que genera y de la necesidad de adoptar y sostener fuertes políticas públicas para prevenir el ingreso a la adicción, y para asistir eficazmente a quienes han caído en la misma. Como se sabe, la Red es una de las organizaciones comunitarias que día a día ponen su cuota de esfuerzo personal y recursos en la primera línea de lucha contra este flagelo social.
Del informe surge, una vez más, que la presencia del Estado es insuficiente, hecho que - según Buil - además de las Madres, lo reiteran los denominados “curas villeros” de la Iglesia Católica en cada declaración pública, pastores de diversas confesiones, la gente en general y también lo saben los funcionarios responsables de las políticas públicas sociales y de salud; sin embargo, los planes en la materia son erráticos, endebles e ineficaces; el Estado no ofrece suficientes efectores de salud capacitados, los hospitales y jueces no saben dónde derivar los pacientes en estos casos; y las pocas cosas bien encaminadas son desmanteladas en cada cambio de funcionario.
Desde lo legislativo, el Dip. Buil impulsa, por un lado, una Declaración para que el Poder Ejecutivo adopte medidas para atender a pacientes adictos, dinamice la actividad de los Centros Provinciales de Atención (C.P.A) y reorganice la Unidad de Desintoxicación en el Ministerio de Salud, además de capacitar al personal de las guardias hospitalarias para que éstas actúen como unidades de desintoxicación frente a la emergencia.
Y, por otro lado, presentó un proyecto tendiente a que la Suprema Corte de Justicia confeccione una Guía , dirigida a jueces , funcionarios y operadores sanitarios, con pautas concretas para la evaluación y orientación del modo de tratamiento dirigido a personas con problemas de drogas, similar al que realizó la Legislatura Porteña junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los organismos nacionales, llamada Guía de Orientación a la Magistratura para la Adecuada Atención de las Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario